Las polémicas batallas que ha emprendido el Gobierno y que sacuden al sector salud

Este año, el sistema de salud del país verá cambios, consensuados o por decreto. Sea por la aprobación del proyecto de reforma que actualmente se tramita en el Congreso y que el pasado viernes llegó oficialmente a la Comisión Séptima del Senado para su tercer debate o bien por las distintas decisiones y actos istrativos que empiezan a vislumbrar lo que quieren lograr para el sector el presidente Gustavo Petro y su equipo.

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Aunque el proyecto de reforma en el Legislativo es quizá el mayor frente de batalla, en paralelo se están dando otras acciones poco amigables como la demanda del Ministerio de Salud a 21 EPS, las deudas de Presupuestos Máximos que ya alcanzan los dos billones de pesos, los cambios en el uso de recursos de la Unidad de Pago por capitación (UPC) mediante decreto, el anuncio de que las Juntas de Acción Comunal podrían estar encargadas de construir Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), la arremetida contra la Corte Constitucional por sus decisiones y la designación del polémico Aldo Cadena como presidente de la Nueva EPS, la más grande del país, entre otros temas. 

De acuerdo con expertos como el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, lo que se está viendo es que el Gobierno podría estar precipitando una crisis que fuerce a tomar decisiones extremas. Básicamente, según el exministro de Salud, lo que podríamos estar viendo son acciones para “imponer” una visión de un sistema manejado desde lo público, que no pocos analistas han calificado como “inconveniente”. 

“Uno sí ve una decisión por parte del Gobierno Nacional de seguir con los planteamientos de una reforma que ha sido criticada y señalada en diferentes aspectos como inconveniente -asegura Galán- y que no resuelve las necesidades que el sistema y la población colombiana requieren en materia de salud. Vemos con preocupación que es un Gobierno que no está escuchando los planteamientos que se le han hecho y que está llevando por vías diferentes la imposición de su reforma”. 

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Este año es la última oportunidad para la reforma de la salud. La iniciativa, que se ha convertido en el proyecto estrella del Gobierno, tendrá que ser tramitada en esta legislatura o si no, ya no podrá continuar y tendría que volver a iniciar de nuevo su curso por el Congreso. Sin embargo, para varios analistas consultados por este diario, probablemente en este frente de batalla el Gobierno puede lograr que pase el texto, esto porque el Ejecutivo no tiene otra opción, políticamente hablando. Para expertos como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, el Gobierno “está dispuesto a todo” por lograr su aprobación, a pesar de que actualmente el escenario general es de incertidumbre. 

“El Gobierno le va a meter todo el impulso posible, porque la reforma de la salud se convirtió en un aspecto fundamental para su supervivencia política; y simbólicamente es muy importante. El Gobierno anticipa que no puede empezar su tercer año con su proyecto bandera hundido en el Congreso. Eso básicamente acabaría al Gobierno, lo dejaría como un Gobierno derrotado. Por eso va a hacer todo lo posible, están dispuestos a todo. Y es por eso que creo que algo se va a aprobar, pero esperaría que el Senado actúe”, resalta Gaviria. 

Dicho eso, el primer y más importante frente de batalla del Gobierno podría terminar en un triunfo a medias, pues aún faltan por ver los cambios que tengan que hacerse en el articulado para que este logre avanzar, algo que ya se vio en la Cámara, donde el proyecto perdió algunos de sus artículos más polémicos, pero aun así mantuvo su esencia en cuanto a la estatización del sistema y la desaparición de las EPS tal como funcionan actualmente. 

Además, de la aprobación del proyecto también están condicionados millonarios recursos que se entregarían a las Juntas de Acción Comunal (JAC), según reveló el ministro del interior, Luis Fernando Velasco. De acuerdo con el jefe de la cartera política, estas organizaciones, con las que el Estado ha contratado millonarias sumas en los últimos dos años, serán las encargadas de reconstruir los centros de salud de barrios y poblaciones. El Gobierno preparará a la comunidad, con ayuda del Sena, y les darán los recursos para que reconstruyan tales espacios. 

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Por ahora, este proyecto, según explicaron desde el Gobierno, está condicionado a la aprobación de la reforma, pues los centros de salud y la atención preventiva son eje del sistema que quiere el Ejecutivo. Pero despiertan mucho recelo, pues no es claro quién va a controlar la ejecución de esos recursos o que no se desvíen en corrupción. “La comunidad se encargará de ese control”, reiteraba Velasco ante los medios.

Mientras las tensiones generadas en el sector por la reforma aumentan, las deudas también. En ese otro frente las acusaciones van de un lado al otro. Las EPS sostienen que el Gobierno les adeuda más de dos billones de pesos en presupuestos máximos, que se desglosan así: 500.000 millones de pesos de enero de este año y diciembre de 2023 que no se han pagado; y ajustes por este mismo rubro de 820 mil millones de 2022 y 1 billón de 2023. 

Allí, de acuerdo con Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, todas estas deudas aunadas con otras problemáticas de financiamiento llevaron a que las EPS acumularan en 2023 pérdidas por más de 6 billones de pesos, que ponen a varios de sus afiliados en serios aprietos. 

De acuerdo con Vesga, el Gobierno se mantiene en su posición de que los recursos se han pagado puntualmente, mientras ellos responden que aunque en parte eso es cierto, también es verdad que lo que se está girando no es suficiente, algo que se ahondó recientemente con la resolución que definió la UPC para este 2024, que es la prima que cada EPS recibe por afiliado. 

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En la definición de la UPC, y como otro frente de batalla para avanzar en una reforma por decreto, el Ministerio de Salud definió a través de la Resolución 2364 que un 5 por ciento de lo que se entrega para pagar la salud de cada colombiano se destine en Equipos Básicos de Salud Territorial. El escueto artículo señala que “en la vigencia 2024, las EPS destinarán mínimo el 5 por ciento para la operación de equipos básicos de salud de tal manera que se mejore el en salud de la población”. 

Ese artículo, según señaló Vesga, no solo implica una desfinanciación mayor de la UPC que ya es deficitaria, sino que jurídicamente no es viable, por lo que anunció que probablemente las EPS demandarán la norma: “Jurídicamente eso no se puede hacer con una resolución. Tiene que ser a través de la reforma. Además, el artículo no es claro y hoy por hoy ya las EPS realizan actividades de promoción y prevención”. 

Sumado a ese enredo, otra de las bases fundamentales en la ofensiva del Gobierno dentro del sector salud es la Nueva EPS, que por primera vez tiene un presidente de línea oficialista, un sindicalista, para más señas, a pesar de que el Estado es socio minoritario de la compañía con el 50 menos uno de las acciones. Allí llegó Aldo Cadena, un cuestionado abogado muy cercano al Presidente y quien ha sido criticado por ser uno de los presuntos responsables de la desfinanciación y casi quiebra de Capital Salud, en tiempos de la Bogotá Humana. 

Según expertos consultados por este diario, Cadena hace parte de una línea de pensamiento de la salud que se aplicaba anteriormente en Europa que no hacía una medición y manejo racional del gasto. Con su llegada a la Nueva EPS, que cuenta con más de 10,8 millones de afiliados, podría perder la estabilidad financiera conquistada en los últimos años. 

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Al respecto, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, aseguró que los más perjudicados terminan siendo los s, porque si las EPS empiezan a gastar sin tener fondos, más aún en un escenario donde muchas están ahogadas financieramente (y Nueva EPS no es la excepción) eso podría llevar a que sus afiliados no reciban los tratamientos o medicamentos que requieren porque los proveedores no los entregan por falta de pagos. Algo que ya se ha visto durante los últimos meses con casos como el de Sanitas y Cruz Verde. 

“¿Nosotros por qué estamos tan inconformes? Aldo Cadena tuvo mucho que ver en el desastre de Capital Salud, y tiene muchas investigaciones por contratos no auditados o a dedo, y lo premian. Pero Cadena hasta el lunes de esta semana era asesor de despacho y le decía al ministro: ‘La plata es suficiente, todo alcanza’. Entonces, ¿por qué si Aldo siempre ha dicho que las EPS se roban la plata, ahora quiere ir a manejar una entidad que se roba la plata?”, cuestiona Silva. 

Todos los expertos consultados y citados en este artículo coinciden en una cosa: el Gobierno está induciendo un caos dentro del sistema. Esa realidad puede fácilmente verse reflejada en las peleas y cuestionamientos que se han visto durante las últimas semanas. Por un lado, el Ministerio de Salud decide demandar a 21 EPS en un escenario en el que, jurídicamente hablando, quienes deberían haber actuado son la Contraloría o la Superintendencia de Salud. Sin embargo, la cartera sanitaria se decantó por un proceso distinto a través de órganos sin competencia habitual para estos temas. 

Mientras tanto, el ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó a la Corte Constitucional señalando que “no los dejan gobernar”. “Quieren que este presidente, que es el que más ha invertido en salud, saque plata de donde no tiene. Se le viene en contra la Corte, le tumba las regalías, nos tumban todo, ¿por qué no dejan gobernar? No quieren que gobernemos”, aseguró Jaramillo. La Corte, consultada por este diario, no respondió a esas declaraciones. 

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Otros dos frentes en los que también ha surgido la polémica son el Invima, que sigue sin director, a pesar de que el Gobierno logró cambiar el manual de funciones de la entidad para que allí pudiese llegar el filósofo Germán Velásquez y no un científico, médico o experto farmacéutico, como exigía antes la entidad. 

En todo caso, este 2024 será crucial para que se logre estabilizar el funcionamiento del sistema de salud financiera y jurídicamente hablando, o bien para que continúe el ahondamiento de una crisis que –a diferencia de los crash financieros– no será ni repentina ni dramática, sino lenta, extensa y compleja de solucionar. 

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

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