Estos son los 5 señalamientos de Procuraduría contra Leyva por contrato de pasaportes

Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, la Procuraduría General acaba de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva y formular pliego de cargos en su contra por el caso de pasaportes. 

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Según el ente de control, el Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

En la decisión de la Procuraduría conocida por EL TIEMPO, se asegura que se advirtieron comportamientos desplegados Leyva que permitieron inferir, que existen serios elementos de juicio para considerar la permanencia de Leyva en el cargo, permite que se reitere la falta disciplinaria

"Las conductas desplegadas por el investigado, se derivan de un mismo patrón de comportamiento, esto es, utilizar las figuras de la declaratoria de desierta de la licitación y la urgencia manifiesta, sin que estuvieran dados los presupuestos fácticos y normativos, que en cada caso se han previsto para su aplicación. (Leyva) declaró desierta la licitación sin que se acreditara la única exigencia que establece la Ley 80 de 1993, esto que se presenten causas o motivos que impidan la selección objetiva, sin que, frente al caso, en el acto istrativo que la declaró, se hubieran concretado las razones por las cuales, no se cumplía con la selección objetiva con la propuesta presentada por la UT Pasaportes 2023 (la de Thomas Greg)", aseguró la Procuraduría.

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Además, aseguran: "Las pruebas practicadas, demuestran que las decisiones del Ministro, con ocasión del proceso licitatorio, fueron adoptadas de manera unilateral, en contravía de las recomendaciones emitidas por los funcionarios que participaron en el proceso".

Otro de los argumentos de la Procuraduría en contra de Leyva es que la Contraloría General, realizó seguimiento al trámite de la Licitación Pública No. LP - 001 - 2023, en virtud del cual, se presentó informe interno de seguimiento permanente a los recursos públicos de fecha 11 de agosto de 2023, en el cual se precisaron riesgos identificados, y se emitieron las conclusiones, recomendaciones y se advirtió que la declaratoria de desierta puede llegar a tener repercusiones y fiscales.

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En la decisión también se asegura que Leyva desconoció la recomendación de la Agencia de Defensa Jurídica: "El Canciller, en su decisión, desconoció el análisis y la recomendación realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el sentido de hacer mesas de trabajo con la UT Pasaportes 2023 y buscar fórmulas de arreglo, ante la alta vocación de prosperidad que tenía el cargo referido a la falsa motivación de las resoluciones 7485 y 7540 de 2023, a través de las cuales, se declaró desierta la licitación y se resolvió el recurso de reposición que confirmó la decisión".

Según la Procuraduría: "Tampoco puede pasarse por alto, lo que bajo la gravedad de juramento informó la Dra. Martha Lucia Zamora, frente a los hechos ocurridos en las instalaciones de la Casa de Nariño, el lunes 27 de noviembre, cuando el Canciller Álvaro Leyva le reclamó por la posición de la Agencia en el comité de conciliación, al respecto señaló la funcionaria, que Canciller le expresó las siguientes palabras "yo tengo que hablar con usted "usted está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales" "en el comité ustedes recomendaron que allí se habían cometido cosa ilegales" a lo cual ella le contestó que la agencia estaba actuando en cumplimiento de sus funciones, y que tenían que prevenir al Estado una pérdida de recursos cuando la situación era absolutamente difícil de poderla defender".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

En la decisión el ente de control dice que las pruebas enunciadas demuestran que las decisiones que ha asumido (Leyva), carecen de fundamento serio, razonable, y debidamente argumentado, contrariando las que sí han sido soportadas fáctica y jurídicamente, entre estas: las adoptadas por los comités estructurador y evaluador de la entidad, que determinaron los requisitos habilitantes y evaluaron una propuesta con el máximo puntaje; las advertencias de la Contraloría General de la República, las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y las recomendaciones del comité de conciliación y del apoderado de la entidad en el sentido de conciliar.

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