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Los jugosos contratos de firma de seguridad a la que cancelaron licencia por patrullajes ilegales

Tiene contrato vigente con la alcaldía de Yair Acuña por $24.000 millones.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Foto: Archivo particular

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Unidad Investigativa

24.05.2025 09:22 Actualizado: 24.05.2025 09:22

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Varios empresarios del sector de la seguridad, quedaron sorprendidos cuando empezó a circular la noticia de que el gobierno Petro había cancelado la licencia de funcionamiento a una reconocida empresa del gremio.

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La noticia también fue tomada con sorpresa en la Costa porque la empresa estaba ejecutando un jugoso contrato con una alcaldía de la región para realizar patrullajes y formar un 'Bloque de seguridad'.

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Extralimitaciones de funciones

Por orden de la Supervigilancia, la empresa Vipers dejaría de funcionar. — La empresa Vipers Ltda contaba con 52 vehículos para su operación. Foto:Archivo Particular

El caso llama la atención porque hace dos meses la Fiscalía abrió investigaciones en contra de tres firmas de seguridad, que estaban alquilando armas y certificaban como escoltas a cabecillas de bandas criminales y grupos armados.

Y tal como lo reveló EL TIEMPO en octubre de 2024, la Superintendencia estaba adelantando una investigación para determinar quién borró de la entidad datos de 18 firmas a las que les otorgaron licencias de funcionamiento exprés.

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En este nuevo caso fue la misma Supervigilancia que, luego de una revisión e inspección en sus bases de datos, encontraron irregularidades.

Se trata de la empresa Vipers Ltda., matriculada el 27 de abril de 1993 en Montería, y una de las más reconocidas y poderosas del sector de la seguridad en el país, con operaciones en Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

Vipers tiene 2.911 personas en su equipo. — La empresa fue sancionada por la SuperVigilancia. Foto:Archivo Particular

La empresa registró activos en 2024 por 49.000 millones de pesos y contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, entre estas 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos, entre motos, camionetas y camperos.

Según el informe oficial, la empresa estaba prestando su servicio con personal no acreditado por la entidad, tenían armamento en sedes no autorizadas y particulares estaban usando indebidamente los uniformes y emblemas.

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Además, se indagan supuestas presuntas extralimitaciones en las funciones que venían ejecutando trabajadores de Vipers y que solamente podría realizar la Fuerza Pública.

Los frentes armados

El alcalde de Sincelejo Yahir Acuña acompañado de las autoridades militares del municipio. Foto:Cortesía Alcaldía

El caso de la nueva sanción estaría relacionado con un contrato con la alcaldía de Sincelejo, en cabeza de Yahir Acuña, del 20 de mayo de 2024.

Se trata de una licitación pública que ganó como único oferente la empresa Vipers Ltda., cuyo valor asciende a los 24.878 millones de pesos.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo del municipio de Sincelejo.

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Pero meses después de adjudicado el contrato, los habitantes de Sincelejo comenzaron a ver a hombres uniformados de negro, en motocicleta y armados patrullando por parques públicos y zonas verdes, quienes pertenecían a esta empresa de seguridad.

En efecto, en el contrato se estipuló que además de realizar sus labores de seguridad y vigilancia en edificios pertenecientes a la alcaldía, también autorizaba a la empresa a la "vigilancia móvil en escenarios deportivos, parques, canchas, estadios, espacios recreativos, plazas y zonas verdes".

El contrato suscrito de Vipers Ltda con la alcaldía de Sincelejo. Foto:Archivo particular

Frente a esta situación, en octubre de 2024 la superintendencia les decretó medidas cautelares y "se ordenó la suspensión inmediata de patrullaje de personal de la empresa (...) por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional”.

Además, se indagan también otros 10 contratos que la empresa tiene activos con la Contraloría General; el municipio de Sabaneta, Antioquia; la CAR; con el acueducto de Córdoba; y la empresa Sucre Aguas de Sucre, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos.

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EL TIEMPO intentó comunicarse con la representante legal de la empresa, María Rosario Ceballos, para preguntarle sobre la revocatoria de la licencia y por qué daban armas a personal sin autorización, pero cuando el periodista se presentó se cortó la llamada abruptamente.

El comunicado

Sin embargo, la empresa acaba de emitir un comunicado en el que asegura que han actuado bajo el marco de la ley:

1. La mencionada decisión fue adoptada en primera instancia por un delegado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

2. Esta decisión no se encuentra en firme, ya que contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación, los cuales serán interpuestos en los términos de ley.

3. Estamos plenamente seguros que las actuaciones de nuestra empresa se han ajustado a la normativa vigente, y confiamos en que, una vez sean valoradas con objetividad las pruebas aportadas, las que solicitaremos y aportaremos junto con nuestros argumentos jurídicos, dicha decisión será revocada en sede istrativa o jurisdiccional.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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