Piden expulsar de la Policía a empresario ligado a 27 jugosos contratos y mencionado en caso 'Pitufo'

Sobre el escritorio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está desde hace dos semanas un proyecto de resolución ministerial en el que se solicita desvincular de manera fulminante a un capitán profesional de la reserva de la Policía Nacional.

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Dentro de la institución, el despojo del uniforme es considerada una de las medidas más drásticas para el honor policial. Y en este caso, EL TIEMPO estableció que la solicitud se efectuó un mes después de que este diario reveló que se estaba investigando un millonario contrato de compra de escáner o rayos x para la Policía de Bogotá, por 11.400 millones de pesos, en donde se menciona a una firma ligada a este capitán.

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Según documentos conocidos de manera exclusiva por EL TIEMPO, al oficial al que piden sacar de la institución es a Andrés Vanegas Fernández, quien aparece en sus redes como director ejecutivo en Data Tactical Management (DTM). 

La compañía fue matriculada en Bogotá, en 2016, como Damprax Internacional SAS, en septiembre de 2021 se aprobó el cambio de nombre y se amplió su objeto social, suscribiendo contratos de agencia comercial con compañías extranjeras dedicadas a la fabricación de software de seguridad digital.

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Como accionista única de la firma aparece una empresaria venezolana. Se trata de María de los Ángeles Rangel Laguna, nacida en Maracaibo, con cédula de ciudadanía colombiana expedida en el consulado de Colombia en Miami y esposa del capitán Vanegas.

En una investigación publicada por EL TIEMPO el pasado 28 de marzo, se reveló que a Vanegas se le vincula como una persona muy cercana a William Salamanca Dechner, hijo del general (r.) William René Salamanca, director de la Policía hasta hace unos meses.

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Además, que el millonario proceso de los escáner se frenó por un presunto direccionamiento que hoy está siendo investigado por la Inspección de la Policía.

Pero EL TIEMPO estableció que hay otra indagación en la que también está mencionado el mismo capitán.

En efecto, el agente encubierto Peter Steven Nocua -vinculado a la investigación por corrupción en la Policía vinculada a Diego Marín, alias Papá Pitufo- mencionó en una de sus declaraciones bajo juramento a un contratista de la Policía, quien dijo ser cercano al general Salamanca: Andrés Vanegas.

“El teniente coronel Carlos Oviedo, jefe de división control operativo de Bogotá (e.), me presenta a través de un aplicativo llamado Silent Phone a un supuesto asesor del director de la Policía y me indica que el asesor me escribiría con el fin de tener una reunión en privado. Me indica que él tiene muchos os y que maneja los listados de los oficiales que quedarían en las divisiones de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que esos listados no los maneja, palabras textuales, ni Puentes ni Sarmiento, refiriéndose a mi coronel Puentes, director de la Polfa; y a mi mayor Sarmiento, secretario privado. Que él trabaja para la Policía como contratista de la sala de interceptación (…) y que él trabaja para el director de la Policía en donde yo mensualmente debía viajar a Bogotá a llevarle un dinero y entregárselo personalmente a él a lo que yo respondo que cómo se le ocurre que yo iba a hacer eso teniendo en cuenta el riesgo que podía llevar con una maleta o caminar con una maleta llena de plata en Bogotá”, se lee en la declaración de Nocua.

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Y fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que si bien en el testimonio se refiere a un Andrés Venegas, Nocua ya hizo un reconocimiento en álbum fotográfico y se estableció que se refería, efectivamente, a Andrés Vanegas.

Además, EL TIEMPO estableció que en una sesión del Comité para la Gestión de los Profesionales Oficiales de la Reserva, celebrada el pasado 23 de abril, se le recomendó al ministro de Defensa la desvinculación de la Policía de Vanegas.

Oficiales activos le dijeron a EL TIEMPO que detrás de esa decisión habría pesado tanto el tema de la contratación de los escáner como el de la declaración de Nocua. Y que aunque el ministro Sánchez aún no ha tomado una decisión sobre el retiro de Vanegas, hay otra carpeta con una serie de contratos que están siendo verificados.

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Al respecto, EL TIEMPO estableció que se refieren a 27 contratos firmados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 en los que ha salido elegida la empresa Data Tactical Management (DTM).

EL TIEMPO entró al Secop y estableció que suman más de 47 mil millones de pesos y que fueron firmados por direcciones de la Policía, pero también por entidades terrutoriales: las gobernaciones del Valle y Caldas; y la alcaldía de San José de Cúcuta. 

Este último contrato ha llamado la atención porque asciende a 13.915 millones de pesos y tiene como objeto la adquisición de sistemas tecnológicos de hardware y software para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de Policía Judicial e inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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Jugadores del sector le han dicho a autoridades que en este contrato, de selección abreviada por subasta inversa, solo hubo 34 horas entre la publicación del pliego de condiciones definitivo y el informe de presentación de ofertas. 

En efecto, en la plataforma consta que el pliego se publicó el 12 de diciembre a las 8:28 de la mañana y el informe de presentación de ofertas el 13 de diciembre a las 6:10 de la mañana.

El contrato aparece firmado por Diego Villamizar Salinas, secretario de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta: “El señor secretario ha hecho cursos en la Policía y fue condecorado por mi general Salamanca”.

El TIEMPO se comunicó con Andrés Vanegas, quien aseguró que prefería que su apoderado, el conocido penalista Pedro Nel Escorcia, respondiera a las preguntas.

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Sobre la indagación interna que abrió la Policía para establecer si la compra de los escáner habría sido direccionada para asignársela a la firma Data Tactical Managment, Escorcia aseguró: “Ese contrato nunca se hizo, se quedó en la convocatoria y a mi cliente no lo ha llamado ninguna autoridad por ese caso”.

En cuanto a las declaraciones del agente encubierto Nocua en el caso 'Pitufo', el penalista explicó que el encuentro con su cliente sí se realizó en el hotel Las Américas de Cartagena, pero que no hay soporte de lo que se dice. 

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

“La declaración de Nocua son todo conjeturas sin fundamento ni soporte. A mi cliente tampoco lo han solicitado para eso, absolutamente nada”, explicó Escorcia.

Y finalizó diciendo que los 27 contratos con direcciones de la Policía, gobernaciones y un municipio se hicieron dentro de la ley y tampoco han citado a su cliente para que los explique.

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