JEP le pide a la UNP garantizar seguridad de protegidos tras bloqueo a carros blindados

"Les informamos que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) está en comunicación con la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para solucionar un impase que se presentó con los carros que hacen parte de los esquemas de protección. La JEP solicita que de manera prioritaria se solucione esta situación y se garantice la seguridad de los protegidos".

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Este es el pronunciamiento oficial que acaba de hacer la JEP luego de que EL TIEMPO reveló que 221 camionetas blindadas vinculadas a los esquemas de seguridad de altos funcionarios de esa jurisdicción fueron apagados satelitalmente.

Versiones iniciales señalaban que el bloqueo a los vehículos obedece a que el dueño está cobrando cerca de 2.000 millones de pesos que el contratista de la UNP le debe por su alquiler.

Lo que llama la atención es que la UNP no verificó que su contratista tuviera garantizado el servicio. De hecho, le acaba de adjudicar un nuevo contrato, por más de 93 mil millones de pesos, hasta 2026.

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La UNP hizo saber que está trabajando en la reactivación del servicio. De hecho, ya logró que se prendiera la camioneta asignada al presidente de la JEP luego de que informaron que había quedado atravesada en la rampa de ingreso del edificio de la entidad. 

Sin embargo, el bloqueo hace parte de un pleito entre privados y no se sabe aún cual es la vía jurídica que la UNP usará para reactivar el servicio. Se habla de un contrato adicional cuya viabilidad jurídica se está evaluando.

Este diario se puso en comunicación con Carlos Cortés Greiff, representante legal de Alliance Security (uno de los componentes de la UT Perseus 2022) y una de las firmas mencionadas en el embargo judicial que habría desatado el bloqueo satelital de las camionetas.

"De nuestra firma hay 40 camionetas embargadas por un mandamiento de pago, pero eso no tiene nada que ver con la JEP, nosotros no estamos operando en esa entidad, sino que vamos a entrar a operar. Tenemos 60 días de empalme para poder solucionar ese problema", explicó Cortés.

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Y agregó: "Nuestro último contrato con la UNP fue hasta abril de 2023. Quien está operando en la JEP es Neostar, firma que también se presentó a la licitación y que no fueron aceptados por estar inhabilitados para contratar con el Estado por tres años y por tener 2 sanciones en Rut y en Cámara de Comercio, ellos son los que están apagando los carros. Repito, nosotros no tenemos ningún carro en la UNP".

Cuando se le preguntó por las declaraciones de la veedora sobre que detrás de la empresa estarían familiares del condenado excontratista Jorge Moreno, este aseguró: "Eso no es cierto, en la composición accionaria están Angélica María Moreno Cuéllar, María Aurora Moreno Ojeda y Felipe Arturo Moreno Laguado. Ahí no está el señor Jorge Moreno. No sé si ellos serán familiares de él, yo sé quién es por las noticias y lo que ha salido, pero no lo conozco".

Periodistas de este diario también se comunicaron con Alan Perlman, representante legal de Neostar quien aseguró que si bien es cierto que hay 60 días para hacer el empalme del contrato, la empresa no ha presentado la totalidad de los vehículos, teniendo en cuenta que no los tiene en su poder y los que tienen están embargados.

También confirmó que hay un proceso civil y que los vehículos Alliance Security Rent a Car Ldta en el proceso de la JEP se encuentran en este momento con medidas cautelares de aprehensión y secuestro, lo cual impide que sean utilizados. "Aquí habría un fraude procesal".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

EL TIEMPO está atento a un pronunciamiento oficial de la UNP para aclarar este cruce de versiones.

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