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Investigación
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¿Les llegó el turno en Fiscalía a los 4 hombres del Presidente involucrados en saqueo a UNGRD?
Sandra Ortiz precipitaría caso de Carlos Ramón González. ¿Qué pasa con Bonilla, Velasco y Manrique?
Los hoy investigados eran clave en el Gobierno. En la foto, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, el presidente Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco. Foto: Presidencia
Lo que algunos creían imposible lo logró el caótico Consejo de Ministros del 4 de febrero pasado: que en la recta final del Gobierno Petro se destapara un escándalo de similares proporciones políticas y judiciales al del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El estallido de la infiltración de Diego Marín, alias Papá Pitufo en las más altas esferas del Estado, incluida la campaña Petro Presidente 2022-2026, terminó coincidiendo con la primera condena en contra de uno de los implicados en la repartija de sobornos, orientada a la compra de congresistas para apoyar la agenda del ejecutivo.
En efecto, el pasado martes, el empresario de los carrotanques Luis Eduardo López Rosero, ‘el Pastuso’, fue sentenciado a 6 años y 8 meses.
El ventilador de Ortiz
Llegada de Sandra Ortiz a la audiencia de imputación. Foto:Mauricio Moreno
En este otro escándalo del Gobierno y el Congreso, la Corte avanza en las investigaciones contra parlamentarios involucrados.
Y por los lados de la Fiscalía, ahora la atención está centrada en los cuatro hombres cercanos al Presidente que fueron mencionados desde que estalló el escándalo –hace exactamente un año–, que permanecen invictos: Carlos Ramón González, entonces director del Dapre y luego de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, Luis Fernando Velasco, quien fungía como ministro del Interior; y Ricardo Bonilla, quien salió hace unos meses del Ministerio de Hacienda.
En el grupo incluyen a César Manrique, exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública y exmilitante del M-19, como Carlos Ramón González.
Ninguno ha sido llamado a imputación, aunque aparecen en los organigramas que la propia Fiscalía reveló y en los procesos en contra de otros que ya están tras las rejas.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto:Presidencia
Pero allegados al caso coinciden en que la decisión de la otrora alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, de colaborar con la justicia, puede precipitar lo que han calificado como la segunda fase del escándalo de la UNGRD.
“Inicialmente la Fiscalía se concentró en las cabezas de la UNGRD, como Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto, entre otros. Va consolidar principios de oportunidad de algunos de ellos para avanzar ahora en las otras líneas de investigación y será el turno para las hombres más cercanos al Presidente”, explicó uno de los investigadores.
‘Seguía órdenes de Carlos’
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Foto:Archivo particular
Ortiz, quien inicialmente dijo que no tenía nada que negociar, ahora anda buscando un principio de oportunidad y, en entrevista con EL TIEMPO, hablo de dos poderosas mujeres.
Para la fiscal del caso, María Cristina Patiño, delegada ante la Corte, es claro que Ortiz preparó el terreno “para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal”.
Se refiere a la entrega de 3.000 millones de pesos para Iván Name, entonces presidente del Senado (Alianza Verde). Sin dar detalles, la propia consejera ha sido enfática en que solo siguió instrucciones de su jefe, amigo y copartidario, Carlos Ramón González (Alianza Verde).
Fiscales María Cristina Patiño (de blanco) y Andrea Muñoz. Foto:Fiscalía
“La Fiscalía va a buscar que Ortiz corrobore algunos elementos que se requieren para probar la teoría del caso e imputar a Carlos Ramón González”, señaló la misma fuente.
No obstante, para la defensa de González, en manos del penalista Iván Cancino, no hay elementos materiales probatorios que lo inculpen: “El caso sigue en preliminar. Hemos legalizado ante el Tribunal Superior de Bogotá elementos materiales probatorios para comprobar su inocencia”. Y, de paso, desmintió que su cliente hubiera volado a Italia.
El caso Bonilla
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y María Alejandra Benavides, su exasesora. Foto:Ministerio de Hacienda
En cuanto al proceso del exministro Ricardo Bonilla (aforado como González), su defensa también ha acudido al Tribunal Superior de Bogotá para legalizar evidencia con las que busca desvirtuar los señalamientos en su contra, relacionados con la coordinación de convenios en la UNGRD por 92.000 millones de pesos para comprar el respaldo de los de las comisiones de crédito público de Cámara y Senado.
“El caso del doctor Bonilla sigue en indagación preliminar y estamos recogiendo elementos materiales probatorios que obedecen al plan de la defensa de probar su inocencia”, le dijo a EL TIEMPO Jorge Mario Gómez, apoderado de Bonilla.
Ya han legalizado fechas de reuniones con congresistas, videos, chats y bitácoras de ingresos a la cartera de Hacienda. Esta última la aceptó la sala de instrucción de la Corte como segunda instancia de juez de garantías para aforados.
Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Ramírez, Karen Astrith Manrique y Juan Diego Muñoz. Foto:Archivo particular
Pero la Fiscalía define si, además de protección, firma un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, quien declaró entre lágrimas que había sido utilizada como puente con los congresistas y la UNGRD. Por el contrario, el asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, declinó cualquier oferta de colaboración y ubicación en el exterior.
También está por definirse la suerte del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la del renunciado jefe del Departamento istrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Sandra y Velasco
El ministro Velasco intervino en el debate. Foto:Cámara de Representantes
El primero fue citado el pasado 7 de enero a la Corte Suprema a declarar ante el despacho del magistrado Francisco Farfán por las investigaciones contra Name y al otrora presidente de la Cámara Andrés Calle.
En la diligencia, Velasco negó cualquier relación con las entregas de sobornos a esos parlamentarios: “No di ninguna orden en ese sentido. Ni directa, ni indirecta (...) No conozco relación Sandra-Olmedo”.
Y su abogado, Miguel Ángel del Río, le señaló a EL TIEMPO que Velasco no ha sido siquiera vinculado al proceso.
“Solo hay menciones, pero no sabemos en qué sentido Sandra Ortiz dijo que lo mencionaría. Hasta el momento no se ha hecho una vinculación directa penalmente. Ya denunciamos a Olmedo López por injuria y calumnia y fraude procesal”, manifestó Del Río, quien señaló que están listos en caso de que otra autoridad lo requiera.
Luis Carlos Barreto y César Manrique Foto:Archivo particular
En cuanto a Manrique, su abogado Santiago Trespalacios dijo que se presentó en noviembre ante la Fiscalía para el arraigo y que no han sido notificados de nada nuevo: “En contra de César no ha habido información lo suficientemente concreta como para saber qué investigar y desmentir”.
Uno de sus hombres de confianza que terminó en la UNGRD, Luis Carlos Barreto, ya completa varios meses en la cárcel y Manrique fue implicado en el presunto direccionamiento de 100.000 millones de pesos. El 13 de febrero, el proceso de Sandra Ortiz tuvo una diligencia reservada y todo indica que está lista a colaborar.