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Lo que hay detrás del nuevo freno de Cancillería a la jugosa licitación de pasaportes

Firmas dicen que se puede caer. Otros, que la ley lo permite y que único proponente fue habilitado.

La licitación para el suministro de pasaportes vale 599.000 millones de pesos. Foto: Archivo EL TIEMPO

31.07.2023 19:05 Actualizado: 01.08.2023 00:00

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En menos de 40 minutos la Cancillería colombiana tomó dos decisiones de fondo en torno a una millonaria y polémica contratación de suministro de pasaportes.

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Tal y como estaba previsto en el cronograma, a la 1:08 de la tarde el 31 de julio, se reveló el informe de evaluación final de la única oferta que se presentó para la adjudicación del contrato, que suma más de 599.000 millones de pesos.

José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha del canciller Álvaro Leyva. Foto:Cancillería

El informe final de evaluación del proceso de licitación. Foto:Captura de documento.

Según consta en la plataforma de contratación pública (Secop II), el Comité Evaluador le asignó el máximo puntaje (de 1.000) a la UT Pasaportes 2023, del grupo de Thomas Greg, el actual proveedor de las libretas o pasaportes de los colombianos.

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Según documentos en poder del diario EL TIEMPO, los seis del comité señalaron que “se presenta la asignación de puntajes para el proponente UT Pasaportes 2023, que se encuentra habilitado dentro de todos los componentes como resultado de la evaluación”.

¿Por cuánto tiempo?

Sin embargo, a los 40 minutos, tal como lo anticipó EL TIEMPO, la Cancillería anunció en sus redes que el proceso quedaba suspendido, sin señalar un término.

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A través de la resolución 5778, fechada el 31 de julio y firmada por José Antonio Salazar Ramírez, secretario de la Cancillería, se anuncia que “para asegurar el respeto de los principios de la contratación estatal y especialmente el interés público, así como para garantizar la seguridad jurídica del proceso y de la futura contratación, se considera necesario suspender el proceso".

Salazar habla claramente de que se suspende el proceso de licitación pública y que contra esa decisión no proceden recursos.

El decreto 5778 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto:Captura de documento.

La controversia

Se trata de la segunda vez que el polémico proceso se suspende. En efecto, el 9 de junio pasado se suspendió por 20 días, en medio de objeciones de multinacionales y firmas interesadas que alegaban que el pliego favorecía a Thomas Greg, el actual contratista.

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Y en otra orilla señalaban que lobistas cercanos a Casa de Nariño estaban abogando por una empresa europea.

Carta de José Antonio Salazar, secretario General de Cancillería a Vladimir Fernández. Foto:Foto EL TIEMPO

Tras ajustar los pliegos y en medio de un pulso con Casa de Nariño –que pidió explicaciones expresas–, el proceso se reanudó por orden del propio canciller Álvaro Leyva Durán.

Este último le pidió incluso a la Fiscalía abrir indagación sobre las quejas que persistían, mientras avanza una acción popular que pide como medida cautelar frenar el proceso.

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Leyva sería uno de los del gabinete del presidente Gustavo Petro Urrego que saldría en las próximas semanas en el remezón del que se habla ad portas del primer año de su Gobierno.

Gustavo Petro, presidente de la República, y Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores. Foto:Archivo EL TIEMPO

¿Qué dice la ley?

Además del caso de los pasaportes y del pulso con Casa de Nariño por la jugosa licitación –evidenciada en el cruce epistolar revelado por EL TIEMPO–, tomó distancia de la prórroga que se le dio a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela luego de que estallara el enfrentamiento con Laura Sarabia y se conocieran audios comprometedores del entonces diplomático.

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Nadie en Cancillería ha salido a explicar qué está pasando con la licitación y si, tal como lo señalan fuentes enteradas, la orden es declarar desierta la licitación.

Lo concreto es que para algunos, la Ley 80 (de contratación istrativa) permite que los plazos de adjudicación se puedan prorrogar antes de su vencimiento por un término tal no mayor a la mitad del inicial fijado, “siempre que las necesidades de la istración así lo exijan”.

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En este caso, se buscaría entregarles explicaciones a los organismos de control que han recibido quejas y denuncias.

La audiencia se celebró la mañana de este miércoles 12 de julio. Foto:Archivo particular

¿Derechos adquiridos?

El puntaje asignado a la Unión Temporal fue de 1000. Foto:Captura de documento.

Y aunque nadie quiere hablar del tema, un asesor enterado del proceso asegura que es claro que la Cancillería ya habilitó al grupo donde aparece Thomas Greg.

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“Esto significaría que ya tiene derechos adquiridos dentro del proceso y en aras de la seguridad jurídica, se le debe adjudicar. De no hacerlo, podrían incluso demandar”, explicó.

Por ahora, a esa firma se le prorrogó por dos meses el contrato vigente para asegurar el suministro de libretas de pasaportes y etiquetas de visas colombianas.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y hay quienes dicen en el alto Gobierno que Leyva tendría su permanencia asegurada por las gestiones en torno a la traída de Salvatore Mancuso como gestor de paz, y en la participación de otros exparamilitares en la supuesta verdad pendiente del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

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