‘Las CAR son la primera fuente de verificación de los delitos contra la vida silvestre y los bosques en zonas apartadas': ONU

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El Marco de Indicadores se ha diseñado para representantes de instituciones nacionales, y ofrece un conjunto de 50 indicadores de desempeño distribuidos en ocho resultados clave para una efectiva aplicación de la ley.

La aplicación del Marco de Indicadores, según explica la UNODC, tiene como objetivo proporcionar información crucial para identificar oportunidades de mejora, tanto en las normas como en la actuación de los agentes encargados de aplicar la ley.

En entrevista con EL TIEMPO, Olivier Inizan, Representante Regional Adjunto de UNODC para la Región Andina y Cono Sur, habla la aplicación de dicho Marco, de las implicaciones que puede tener para enfrentar los delitos ambientales en el país y de los cambios que ha logrado en otras partes del mundo.

El Marco de Indicadores del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre- (ICCWC) es una herramienta global de autoevaluación y análisis para los países, respecto a la eficiencia en la aplicación de las leyes contra los delitos de la vida silvestre y los bosques.

Está diseñada para los representantes de los organismos nacionales que efectúan control y prevención respecto a la protección de la flora y fauna silvestre; ofrece un conjunto de 50 indicadores de desempeño distribuidos en ocho resultados clave para una efectiva aplicación de la ley.

La aplicación de esta herramienta fue liderada en Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un esfuerzo conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

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La implementación del marco de Indicadores comprende el desarrollo de 4 fases que son: planificación; recopilación de datos; análisis y registro y finalmente un examen. Este proceso tiene un tiempo aproximado de implementación 9 meses.

La fase de planificación tuvo la finalidad de identificar las entidades, instituciones y personal experto que debía participar en la fase de recopilación de datos.

La fase de recopilación de datos consistió en la implementación de este evento en el cual participaron 43 entidades y 98 funcionarios de las 6 regiones de Colombia (Amazonia, Orinoquía, Pacífico, Andina, Amazonia e Insular).

Una vez finalizadas las demás fases, se espera presentar un reporte país para el segundo semestre de 2024. Este reporte incluirá un diagnóstico detallado de la situación actual, así como una serie de recomendaciones y una hoja de ruta que permitirá hacer un seguimiento de las posibles mejoras u oportunidades de fortalecimiento de la respuesta estatal.

A nivel global en países de África, Asia y América Latina y el Caribe. En la región, específicamente en México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay y ahora Colombia.

El ejercicio reunió a 43 entidades del Estado colombiano y más de 98 funcionarios pertenecientes a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional (DICAR, SIPOL, SIJIN, DIJIN), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rama Judicial, Comando General de Fuerzas Militares, Parques Nacionales Naturales, institutos de investigación y academia, cooperación internacional, entre otros.

Porque son la primera fuente de verificación de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, en zonas apartadas del territorio colombiano donde tienen jurisdicción, además de tener la función de ser “aplicadores de la Ley” como autoridades ambientales regionales.

En Brasil los resultados del ejercicio indicaron la necesidad de fortalecer la respuesta nacional a los delitos contra la vida silvestre, lo que incluye la creación de sistemas integrados de datos, la capacitación de agentes públicos, la construcción y sostenibilidad de centros de detección de vida silvestre y la reforma legislativa para aumentar las penas. A partir de las demandas presentadas, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil invitó a UNODC a apoyar la elaboración de un Plan Nacional de Lucha contra los Delitos contra la Vida Silvestre, proyecto que ya está en marcha.

En Ecuador uno de los resultados del ejercicio del Marco de Indicadores aplicado en los Galápagos reveló una significativa necesidad de fortalecer la conciencia pública sobre los delitos contra la vida silvestre. Como resultado se está desarrollando una estrategia holística de prevención y educación para niñas y niños, denominada ‘Animales en Peligro’, centrada en las especies traficadas en las Islas Galápagos. Además, a través de los resultados, se está trabajando con el Estado para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, autoridades istrativas y sociedad civil en relación con los delitos ambientales. Esto incluye el desarrollo de la cadena de custodia, capacitación en minería, cooperación con autoridades ambientales de Perú en temas forestales, intercambio de experiencias y trabajo de casos con Contralorías y Fiscalías entre países de la región. 

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La aplicación del Marco de Indicadores en Colombia puede generar cambios significativos en varias áreas clave. Primero, al realizar una autoevaluación a través de esta herramienta participativa, se obtendrá una línea base actualizada de la capacidad de aplicar las leyes de control al tráfico de la vida silvestre y los bosques por parte de las autoridades ambientales, tanto istrativas como judiciales. Esto proporcionará una visión clara de la situación actual, identificando áreas de mejora y fomentando una mayor sinergia con instrumentos de cooperación nacional e internacional.

Además, promoverá la integración y coordinación entre todos los actores estratégicos de control a los delitos ambientales, facilitando la colaboración en la implementación de estrategias comunes para combatir efectivamente dichos delitos. Asimismo, permitirá identificar áreas críticas que requieren atención y tomar medidas correctivas de manera oportuna, mejorando la eficacia de las acciones implementadas.

Los datos y análisis obtenidos respaldarán la formulación y ajuste de políticas públicas relacionadas con la protección del medio ambiente y la fauna silvestre, garantizando una legislación más efectiva y actualizada. Además, contribuirá al fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de aplicar la ley y proteger el medio ambiente, mejorando la capacitación y los recursos disponibles para combatir los delitos ambientales y fortaleciendo la capacidad del país para hacer frente a estos desafíos de manera más efectiva.

Los cambios y mejoras que surjan del proceso del Marco de Indicadores del ICCWC no dependerán únicamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) o del Gobierno en pleno, ya que este es un proceso interinstitucional que implica la colaboración y coordinación entre diversas entidades.

Como se detalla anteriormente, el proceso involucra la capacidad de aplicación de la ley a nivel nacional y la eficacia de las acciones adoptadas por los Estados para hacer frente a los delitos contra la fauna y los bosques. Por lo tanto, del reporte surgirán recomendaciones para múltiples instituciones y colaboraciones entre estas. No es posible identificar a una sola institución de la que dependerán los cambios o mejoras, ya que cada recomendación puede ser trabajada por diferentes instituciones según corresponda.

Este proceso participativo muestra resultados de impacto respecto al nivel de amenaza a la fauna silvestre y bosques, lo que permitirá tener una línea base que sirva para la toma de decisiones, las cuales pueden ser incluidas en planes, políticas, estrategias y procesos gubernamentales tanto a nivel de gestión como técnica. La implementación de estas recomendaciones involucrará a diversas entidades, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidades gubernamentales locales y regionales, entidades de control, fuerzas de seguridad, entre otros, quienes deberán colaborar para lograr avances significativos en la protección del medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

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En Colombia la oficina UNODC, a través de su Programa de Prevención y Justicia Ambiental, ha implementado acciones en más de 19 millones de hectáreas para abordar delitos asociados a la deforestación, la minería ilegal y los delitos conexos como la corrupción y el lavado de activos, a partir de la generación de acciones articuladas y el fortalecimiento a 18 instituciones a nivel nacional y local en el fortalecimiento de capacidades para el abordaje de la deforestación.

Los principales cooperantes de estas acciones son los gobiernos de Colombia, Noruega y Reino Unido. El programa busca generar alianzas con países y agencias internacionales, compartir mejores prácticas, diseñar herramientas técnicas especializadas y ofrecer formaciones estratégicas. Se centra en implementar un marco normativo efectivo, fomentar la cooperación interinstitucional, fortalecer la participación ciudadana y promover el enfoque ambiental en la política de paz total. Estas estrategias buscan abordar el problema de manera integral, haciendo énfasis en la prevención y la identificación de las grandes estructuras criminales detrás del fenómeno.

Proporcionamos asistencia técnica especializada y desarrollo de capacidades para los Estados en la prevención, aplicación de la ley y justicia penal. Asimismo, brindamos una perspectiva del fenómeno del delito ambiental desde lo transnacional en la búsqueda de acciones que permitan a los países enfrentar el crimen organizado.

Desde nuestros proyectos en la Región Andina y el Cono Sur hemos logrado facilitar la cooperación con países de otras latitudes como el Reino Unido y Noruega, que han sido claves en la acción efectiva que Colombia quiere efectuar en pro de la protección de los ecosistemas.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE
@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE