La ablación, una cruel práctica que no es ajena a Colombia

El 6 de febrero se conmemoró el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, un suceso que abre el debate sobre el origen e implicaciones de esta práctica para las mujeres alrededor del mundo. Hablar sobre este tema y entender sus diversas posturas es fundamental para proteger la dignidad y la vida de niñas y mujeres que viven esta realidad.

La Mutilación Genital Femenina (MGF), también conocida como ablación, ha sido reconocida por Naciones Unidas como una transgresión a los derechos humanos de mujeres y niñas. En Occidente, la MGF ha sido considerada una muestra de la desigualdad de género y una forma de discriminación contra la mujer. Según la ONU, las menores de 18 años son las principales afectadas por esta práctica, lo cual constituye una violación de los derechos de las niñas en etapas tempranas de sus vidas.

El decimoséptimo objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se centra en “alcanzar la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas”. Y uno de sus indicadores específicos es “eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina”.

Sin embargo, en algunos países del Sur, como Sri Lanka, Gambia e inclusive Colombia, donde se practica la MGF, se afirma que existen elementos culturales subyacentes y, más allá de la visión prohibicionista, se proponen esfuerzos para garantizar condiciones médicas y sanitarias. Esta alternativa podría tener efectos reales sobre el bienestar de las mujeres y evitaría la estigmatización que la convierte en una práctica secreta o tabú.

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El debate debe tener como eje central las garantías de libertad individual y que las mujeres puedan decidir realizarse esta práctica, eso sí, durante su vida adulta. Además, que aquellas quienes decidan hacerlo cuenten con las condiciones sanitarias y médicas pertinentes para que no se ponga en riesgo la salud, la seguridad y la integridad física, evitando intensos dolores, hemorragias prolongadas, infecciones, infertilidad e incluso la muerte.

La discusión no es menor: se estima que en el mundo, en países donde es usual esta práctica, más de 200 millones de niñas y mujeres vivas han sido mutiladas. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que cada año 3 millones de niñas corren el riesgo de ablación, la mayoría de ellas antes de cumplir los 15 años.

En informes de organismos multilaterales como la OMS, Unicef y ONU se ha concluido que la mutilación genital femenina se practica por diversos motivos que cambian de una región a otra y de una época a otra, pero siempre responden a una mezcla de factores socioculturales vividos en las familias o comunidades.

La edad en la que se practica es diferente en cada país, incluso en cada territorio. Se estima que del total de víctimas (200 millones), 44 millones son niñas menores de 15 años. En algunos países se lleva a cabo antes de que la niña cumpla 5 años; en otros, cuando se encuentra entre los 5 y los 14 años.

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Esta práctica es común en 30 países de África y algunos de Asia y Medio Oriente. También se han descrito algunas formas en países de Latinoamérica y Europa Oriental. En Suramérica la práctica se ha identificado específicamente en Colombia, concretamente en comunidades internas o fronterizas de Perú, Venezuela y Brasil.

Según datos de la Unicef (2023), en África y Medio Oriente la recurrencia es mayor en mujeres entre los 15 y los 45 años. África encabeza la lista con un reporte mayor al 99 por ciento: Guinea (95 por ciento), Yibuti (90 por ciento), Malí (89 por ciento), Egipto (87 por ciento), entre otros.

En los países del Medio Oriente, la prevalencia es mayor en Yemen con un 19 por ciento, seguido de Maldivas con un 13 por ciento e Irak con un 7 por ciento.

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En África en promedio el 49,12 por ciento de las mujeres se concentra en las zonas rurales, mientras que el 42,3% en las zonas urbanas. En Asia en promedio el 13,26 por ciento se concentra en zonas rurales y el 12,62 por ciento en zonas urbanas. Datos que indican que estas prácticas son más frecuentes en los sectores rurales de estos países.

El nivel de ingreso de las mujeres no permite sacar una conclusión para todos los países del mundo. En África esta práctica recae principalmente en el quintil más pobre (49,1 por ciento), seguido del quintil segundo (47 por ciento). La menor participación está en el quintil quinto, que representa una mayor riqueza de la población (38 por ciento). En los países de Medio Oriente, la tendencia muestra un resultado opuesto: la mayor prevalencia se da en el quintil más rico (16 por ciento) y la menor en el quintil medio (9,4 por ciento).

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), diversas investigaciones empíricas señalan que la educación es un factor relevante para erradicar esta práctica nociva. Las hijas de mujeres que han recibido educación primaria tienen un 40 por ciento menos de probabilidad de ser sometidas a la mutilación genital femenina que las hijas de mujeres sin educación.

Latinoamérica y el Caribe no están exentos de esta realidad. En Colombia aunque existen indicios sobre la existencia de esta práctica, no hay registros precisos sobre el número de niñas y mujeres a las que se les ha realizado la MGF.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, los casos descritos se han presentado en comunidades indígenas, particularmente en el pueblo Embera. En el marco del Proyecto Embera Wera del Unfpa , se conoció que en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) entre 2013 y 2014 se reportaron 46 casos.

Las comunidades Embera de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, también en Risaralda, y Trujillo, en el Valle, se comprometieron públicamente a abandonar esta práctica, argumentando que la “cultura debe generar vida y no muerte”. Por lo cual, se han coordinado procesos e iniciativas de carácter interinstitucional con las autoridades indígenas para la sensibilización y reflexión sobre las consecuencias en la salud y vida de las niñas y mujeres indígenas.

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Esto demuestra que en Colombia el tema se ha manejado mediante el fortalecimiento institucional y el diálogo intercultural. Se ha promovido el diálogo comunitario y de mujeres en diferentes escenarios, como mesas y espacios comunitarios, en los que se desarrolla una comunicación educativa e intercultural, una investigación, monitoreo y evaluación. De esta manera, el proceso no es coercitivo, sino de sensibilización cultural y consolidación de un ambiente que propicie cambios culturales.

En suma, la práctica de la mutilación genital femenina merece atención, pero debe hacerse desde un punto de vista que privilegie la protección de la vida de las mujeres y la garantía de sus libertades, más allá de cumplir los objetivos de erradicación (consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y/o juzgar a estas culturas.

El diagnóstico presentado brinda algunas pistas de aquellos segmentos poblacionales que necesitan mayor protección, tales como mujeres en entornos rurales, de menores ingresos y con menos niveles de educación, pues inciden en la garantía de los derechos fundamentales como la salud, seguridad, integridad física y emocional.

TATIANA GELVEZ (*) Y CINDY ROZO (**)

RAZÓN PÚBLICA (**)

(*) Ph.D. en Gobierno de la Universidad de Essex, docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado.

(**) Economista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado. Las opiniones son responsabilidad de los autores.