Alejandra vivía en el barrio Santa fe de Bogotá. Era una mujer trans de 39 años, víctima del conflicto armado y trabajadora sexual. Murió en la madrugada del viernes 29 de mayo por complicaciones de salud y, según declaraciones de Juliana Salamanca, vocera de la Red Comunitaria Trans, habría sido víctima de un presunto hecho de discriminación.
“El viernes a las 12:30 a. m. a Alejandra le empezó un ahogo. La madre Lady (con quien vivía) llamó a la línea 123. La ambulancia llegó a los 50 minutos. Le tomaron la temperatura y dijeron que no tenía síntomas de covid-19, que podía ser una sobredosis. Cuando la madre Lady le informó al personal de la ambulancia que Alejandra tenía VIH, ellos se retiraron. Dijeron que no era nada grave”, denuncia Salamanca.
La vocera de la Red dice que la actitud del personal médico se transformó después de que la madre Lady les dijera que Alejandra tenía VIH: “se alarmó y se alejó”. Asegura que les recomendaron no darle comida. Dejaron de atenderla y no la trasladaron a un hospital. Alejandra murió 40 minutos después. Sus compañeras llamaron de nuevo a la línea de emergencias. El personal de salud regresó y sobre las 2:40 a. m. se confirmó el deceso.
La Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que después de atender a Alejandra la primera vez y de realizar el procedimiento debido, “la acompañante de la persona firmó desistimiento de traslado de la paciente”. Sin embargo, la Red comunitaria dice que “la madre Lady nunca firmó nada”. De hecho,
sus representantes enviaron un derecho de petición a la Secretaría de Salud “para que nos envíen en el documento en el cual sale la supuesta firma de la madre Lady”. Juliana dice que además tuvieron inconvenientes para el levantamiento. La Secretaría aclaró que las ambulancias no realizan traslado de personas fallecidas. Así que, “desde las 3:30 a. m., llamamos a todas las líneas para solicitar el levantamiento. A las 9 a. m. llegó el Quinci. Embalaron el cuerpo de Aleja y les dijeron que lo tenía que recoger una funeraria”, dice Salamanca.
A las 2 p. m., según su relato, la Secretaría de Integración social les comunicó que, para el levantamiento, “la madre Lady, que es una adulta mayor, tenía que ir a una notaría a hacer una declaración juramentada. Nosotras nos escandalizamos: es una adulta mayor, no sabemos si está contagiada y aún no sabemos si Alejandra murió por covid-19”. Aclara, sin embargo, que la Secretaría tomó acción, solucionó este inconveniente y unas 15 horas después del fallecimiento, a las 4:50 p. m., la funeraria levantó el cuerpo.
El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, ordenó “una investigación que incluya escuchar personalmente a las tripulaciones respectivas, así como la evaluación de las evidencias documentales de los hechos”. Agregó que “las condiciones de salud de las personas, las enfermedades que eventualmente sufran, sus orientaciones sexuales, políticas o culturales nunca podrán ser barreras para la atención en salud y para el ejercicio de sus derechos”.
Salamanca resume la petición de la Red: “Insistimos en una investigación minuciosa de los presuntos hechos de discriminación que pudieron presentarse por parte de la Secretaría de Salud. Además del derecho de petición, estamos en o con la Defensoría del Pueblo y la Personería”.
La Red comunitaria considera que este caso, además de las agresiones documentadas contra la población trans durante la cuarentena, han puesto en evidencia sus necesidades.
“Las economías de las personas trans son informales, dependen del trabajo sexual o de las ventas ambulantes. La pobreza se está reforzando y no hay una ruta de acción ni un mínimo vital”, dice.
Desde el principio de la pandemia la Red Comunitaria Trans formó un Fondo de emergencia para trabajadoras sexuales. Ha servido, en primer lugar, para pagar sus viviendas que son, en su mayoría, en pagadiarios. Pero también, para hacer mercados de alimentos no perecederos.
Las economías de personas trans son informales, dependen del trabajo sexual o de ventas ambulantes. La pobreza se está reforzando
"Hemos entregado 900 subsidios de vivienda para trabajadoras de diferentes localidades. Hemos podido, gracias a la ayuda de otras personas, llegar a otras ciudades como Cali, Medellín o Tolima e, incluso, a la cárcel La Picota. Este fondo está supliendo una responsabilidad que le debería corresponder el estado", dice Salamanca.
NATALIA NOGUERA
EL TIEMPO