El cuestionado contrato de compra de máquinas que tiene en jaque a Bomberos de Bogotá

Una serie de denuncias hechas por concejales de Bogotá puso en la lupa de la Procuraduría General y de la Contraloría Distrital la compra de siete máquinas extintoras para el Cuerpo Oficial de Bomberos por valor de 13.557’584.000 pesos.

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Tras una licitación, el negocio quedó pactado entre dicha unidad istrativa y Unión Temporal Extintor 4×4 en el contrato 588 de 2022. Y se estableció un plazo de 15 meses para cumplir con la entrega, es decir, dichos equipos debían ser entregados el próximo viernes 22 de marzo.

Sin embargo, todavía no se han fabricado los chasis, pero sí se han concedido varias prórrogas y, por ahora, no es claro cuándo finalmente la ciudad va a poder contar con esos equipos claves para atender emergencias por incendios forestales y estructurales.

La sociedad ganadora de la licitación estaba constituida por dos empresas, cada una con un 50 % de participación. Por un lado, la firma Lafe Security, que es representada por Carlos Orlando Puentes, y que tiene como misión la adquisición de equipamientos para las máquinas: siete bombas contra incendios, siete tanques de polipropileno, material de carrocería, 35 puertas persiana y gastos de aduana, operativos y pólizas.

Por otro lado, está la empresa 7M Group, que entregó en un primer momento la representación legal a Pablo Enrique Zamora Rojas y luego a Martín Ricardo Manjarrés, quien está involucrado en el llamado ‘carrusel’ de los carros blindados de la Policía Nacional, en el que presuntamente se habrían entregado dineros a coroneles para obtener información privilegiada y ganar contratos.

Pero este no es el punto que más preocupa a los entes de control que, igual que la concejal María Victoria Vargas –que desde hace varios años viene denunciando hechos irregulares en los Bomberos, entre ellos este de las máquinas y el caso de violencia intrafamiliar que le costó la salida al anterior director del organismo–, están investigando el contrato 588. 

Les llama la atención que desde que se suscribió la compra de las siete máquinas extintoras este ha tenido cuatro suspensiones: la primera fue de 45 días, entre el 1.º de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, durante la istración de Claudia López. Luego, otras dos que se extendieron entre el 15 de enero de este año y el 14 de marzo.

Todas fueron solicitadas por los contratistas, quienes no han podido cumplir con los tiempos estipulados en el acuerdo de compraventa.

No obstante, detrás de las solicitudes de prórroga para la entrega de las máquinas hay una serie de irregularidades, tanto en el proceso de contratación como en el giro de los más de 6.643 millones de pesos que Bomberos entregó bajo la figura de pago anticipado a la Unión Temporal 4×4 y que corresponden al 49 por ciento del monto total del contrato.

Y si bien es legal el pago anticipado, según el ente de control, esta modalidad de giro ya casi no es utilizada por las entidades del Estado, pues evita que se hagan auditorías sobre los dineros y facilita que el contratista pueda disponer de los recursos en la forma que quiera.

EL TIEMPO se comunicó con 7M Group para conocer el estado de la fabricación de las máquinas extintoras y para saber de qué manera se había invertido el dinero que el organismo de socorro ya les había girado. 7M Group señaló que de los 6.000 millones entregados por Bomberos, 3.000 habían sido invertidos en la compra de los chasis de las máquinas a la empresa norteamericana Navistar Defense y que los otros 3.000 habían sido usados por Lafe Security para la adquisición de los equipamientos.

Este segundo contratista, según la investigación de la Contraloría Distrital, pudo certificar que invirtió los 3.000 millones de pesos en el cumplimiento del objeto del contrato, mientras que 7M Group solo comprobó el pago de 1.300 millones.

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En conversación con este diario, el representante de 7M Group explicó que en un primer momento se le había girado a Navistar Defense la suma de 1.315 millones de pesos (unos 300.000 dólares), que la semana pasada se le hizo efectivo otro giro por 500.000 dólares y que en los próximos días se entregarán 102.000 dólares que faltan por pagar.

La compañía aseguró que podía certificar esos pagos con un correo de Navistar Defense, pero que estaban protegidos por un acuerdo de confidencialidad. También señaló que los chasís ya se estaban fabricando y que llegarían a Colombia en junio de este año, y que luego del ensamble de las carrocerías las máquinas estarían listas para ser entregadas en agosto.

De hecho, este medio conoció que en la noche del 14 de marzo pasado el Cuerpo Oficial de Bomberos le concedió a la Unión Temporal una nueva prórroga que se ajusta al cronograma indicado por 7M Group.

No obstante, hay un elemento clave dentro de la investigación que plantea lo contrario. EL TIEMPO tuvo a un documento emitido el 9 de febrero pasado, en el que Navistar Defense (proveedor de los chasís) le certifica a la Contraloría de Bogotá que 7M Group solo ha pagado 300.000 dólares, que equivalen a 1.368 millones de pesos, en promedio, que no corresponden al 50 por ciento de adelanto de los 1’242.801 dólares que se habían pactado con la empresa norteamericana para iniciar la fabricación.

En otro punto de la carta, el proveedor advierte que hasta la primera semana de febrero de este año no había iniciado la fabricación de los chasis debido al incumplimiento de los pagos y que no hay una fecha estimada de entrega por cuanto no sabe cuándo se completará el desembolso.

En otra comunicación del 5 de marzo de este año, Navistar volvió a responderle al ente de control distrital que hasta esa fecha no había cambiado nada y que la firma 7M Group no le había hecho pagos adicionales a los ya reportados.

El problema de los giros es solo una parte de todos los líos de esta negociación. En la actualidad, el contrato está suspendido porque 7M Group tiene una inhabilidad sobreviviente que se da luego de cumplir tres sanciones que impiden que esa firma continué en el contrato con el Cuerpo de Bomberos.

Para estos efectos, según se lee en la solicitud de cesión que obtuvo la concejal María Victoria Vargas, 7M Group postuló a One Mobility SAS, para quedarse con el 10 por ciento; a Kobe Colombia SAS, con el 20 por ciento, y a MM Defense Ltda., para obtener la participación en el 20 por ciento restante.

Sin embargo, estas postulaciones no fueron vistas con buenos ojos por los organismos de control, debido a que todas son del mismo grupo familiar.

En los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá se puede establecer que Marcela Montes Zuluaga, quien es esposa Martín Manjarrés, funge como socia de 7M Group y representante legal de MM Defense y Kobe SAS. Aparte de eso, también aparece que Jorge Emilio Manjarrés, hermano de Martín, tiene participación accionaria en One Mobility SAS.

EL TIEMPO consultó con el representante de 7M Group para saber por qué su familia aparecía en los registros de todas las empresas postuladas para quedarse con la cesión del contrato, a lo que afirmó que se habían retirado todas porque “podían caer en una colusión” y que la recomendación de su equipo jurídico había sido retirarse del proceso.

No obstante, los problemas de 7M Group con el cumplimiento de contratos no son nuevos. Antes de suscribir el contrato con Bomberos ya había sido sancionada en diciembre de 2022 por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Dicha sanción fue por “incumplimiento total de las obligaciones”.

También tiene una segunda sanción de la Agencia Nacional de Minería de mayo de 2023, por el incumplimiento en la entrega de vehículos para la atención de emergencias y salvamento minero. La última, y que le causó de inmediato la inhabilidad sobreviniente, fue la de las Empresas Públicas de Cundinamarca. Esta le fue impuesta el 18 de octubre de 2023.

Ante la serie de inconsistencias en el millonario contrato de adquisición de máquinas extintoras, la Contralorìa y la concejal se preguntan ahora qué tanta participación ha tenido la actual directora de Bomberos, Paula Ximena Henao, en el proceso, toda vez que cuando se adjudicó ella “calificó como urgente la necesidad de aumentar la disponibilidad de máquinas extintoras de incendios para la ciudad”.

Y por si esto fuera poco, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, le dijo a este diario que en el marco de la investigación que adelantan “la directora de Bomberos no ha hecho entrega de información concreta” y que “incluso ha dado declaraciones que no son ciertas, afirmando que la Contraloría ha acompañado ese proceso”.

La concejal Vargas, por su parte, llama la atención porque "en 2022 la actual directora de Bomberos, que en ese entonces era subdirectora logística, dijo que era urgente aumentar la disponibilidad de maquinas (...); sin embargo, cuando los cerros ardían en llamas salió a decir que el contrato era solo para modernizar la flota”. 

La cabildante tiene programado realizar este domingo un debate sobre irregularidades que se vienen presentando en el organismo de socorro, entre ellas la compra de las siete máquinas extintoras por las que ya se dio un millonario pago anticipado y que no serán entregadas como se pactó originalmente y tampoco se sabe con certeza cuándo la ciudad podrá contar con ellas.

EL TIEMPO intentó ar a la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá e incluso le envió preguntas por WhatsApp, pero al cierre de la edición no había pronunciamiento alguno de la funcionaria distrital.

JONATHAN TORO 

REDACCIÓN BOGOTÁ