¿Cómo blindarán los candidatos a la alcaldía la salud de los bogotanos?

Después de varios meses de permanecer estancada, en el Congreso de la República se reactivó la discusión de la reforma de la salud. De hecho, la plenaria de la Cámara ha aprobado el 49 por ciento de los artículos y se espera que después de las elecciones regionales continúe el trámite.

El presidente Gustavo Petro ha destacado que el objetivo es que se pueda atender de manera permanente y cotidiana a la población colombiana, en todo el territorio nacional, mediante los Centros de Atención Primaria (CAP) y que no exista intermediación de los recursos públicos.

(También puede leer: IDU abre procesos de contratación para cuatro obras más en Bogotá ¿Cuáles son?)

Sin embargo, la iniciativa genera duras polémicas. Los puntos que más cuestionan tanto Acemi (el gremio del régimen contributivo) como expertos en salud y algunos partidos políticos es que les quita a las EPS la istración de los recursos del sistema, pues será la Adres quien realizará los pagos de manera directa a las IPS.

Por eso, varios sectores han alertado de que con la reforma el Gobierno busca estatizar el sistema de salud y acabar con las EPS.

El proyecto también elimina la posibilidad que tienen los s de elegir libremente su EPS, porque serían asignados a los CAP más cercanos. Así mismo, hay voces que critican que el periodo de transición de 2 años para entrar el nuevo sistema es muy corto y destacan que el actual modelo lleva cerca de 30 años.

Lo cierto es que este proyecto causa incertidumbre, más en una ciudad como Bogotá, que tiene una amplia red de salud privada y pública y cualquier decisión puede impactar a 7,91 millones de habitantes, el 15,1 % de la población colombiana. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo garantizará el próximo alcalde una salud óptima a los bogotanos?

(Le puede interesar: Claudia López dejará tres nuevas Uris en Bogotá ¿Cuáles son?)

En la eventual aprobación de la reforma de la salud, tal cual está planteada hoy, el Distrito tendría que realizar una inversión de por lo menos 2 billones de pesos para construir unos 400 Caps, lo que implica no solo la construcción sino también su funcionamiento, lo cual no es viable financieramente y tampoco es sostenible. Al mismo tiempo tendríamos que asumir la gestión del riesgo, que hoy hace el asegurado, y el Distrito no está preparado para eso, lo cual pone en riesgo a más de 2,5 millones de pacientes crónicos. También tendríamos que montar un sistema de derivación y seguimiento de pacientes alrededor del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias (Crue) para apoyar los procesos de remisión y contra remisión de mediana y alta complejidad. Con la Personería, Defensoría y Secretaría de Salud debemos prepararnos para la más grande operación de asistencia al ciudadano en la resolución de sus problemas de atención y dispensación de medicamentos en el marco de la defensa del derecho fundamental a la salud. Cuando el presupuesta de la Nación para la salud se acabe, por la ruptura del aseguramiento, el Distrito se vería en dificultades para salvaguardar financieramente la operación del sistema y, por consiguiente, la salud de todos los bogotanos.

El alcalde mayor en cabeza de la Secretaría de salud adelantará la labor de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios. Se hará acompañamiento para el cobro de cartera que adeudas EPS a clínicas y hospitales, para garantizar la liquidez en el sistema de salud de Bogotá. De igual manera, se buscará apoyo en la Supersalud para resolver en un tiempo de 72 horas las quejas y reclamos por quejas y reclamos por inatención. Avanzaremos de manera decidida en la construcción de infraestructura hospitalaria pública en aquellas zonas de Bogotá en donde no hay geográfico próximo, para los servicios básicos. Además del compromiso de la reapertura del hospital San Juan de Dios.

De aprobarse la reforma de la salud, Bogotá se dispondrá a ser la primera ciudad que, como lo busca la misma, logre el universal y efectivo a los servicios de salud en todo su territorio, e instaura el programa de atención primaria en salud preventivo y resolutivo, con personal de salud que vaya a casas, colegios y espacios públicos hacer detección temprana de la enfermedad e intervenciones oportunas.

Aun sin reforma, este programa se iniciaría en Bogotá con 1.000 equipos de personal de la salud. Cada equipo compuesto por un médico, una enfermera, psicólogo y donde se necesite un fisioterapeuta.

El Distrito debe fomentar alianzas público-privadas para temas como lograr un sistema unificado de información, manejo conjunto de las emergencias médicas, la construcción de infraestructura de salud en el sur de la ciudad mediante estímulos en el POT, definir rutas integrales de atención para poblaciones vulnerables y avanzar en temas sensibles como embarazo adolescente, adultos mayores en condiciones de pobreza, población migrante y minorías étnicas, entre otros. En cuanto al sistema de salud, si se cambia, sin tener certeza de cómo sería la transición de un modelo a otro, se podría llegar a generar una enorme incertidumbre entre los pacientes dado que de los 400 (uno por cada 20.000 habitantes) Caps de los que habla la reforma, hay solo unos 20 y las EPS privadas dos veces esa cantidad; entonces, la gente no sabría a quién ni en dónde pedir cita o reclamar medicamentos. Los Caps de los que habla el Gobierno no existen. No se sabe cuánto van a costar, cuándo estarían disponibles ni de dónde saldrían los recursos para construirlos y tampoco se sabe cómo se va a hacer en la práctica. Finalmente, la a de Recursos de Salud (Adres) hoy no tiene la capacidad técnica ni humana para manejar el volumen de facturas que hoy asumen las EPS, calculadas en unos 350 millones al año, que además requieren auditoría y proceso de pago.

Hay que evitar que la reforma de la salud que plantea el presidente Gustavo Petro ponga en grave riesgo la atención de 3,5 millones de bogotanos que son atendidos por las tres grandes Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas de la ciudad. Para mejorar el sistema existente debemos avanzar, prioritariamente, en salud mental, que es un tema que ha venido afectando a los residentes de la capital. Para ello, crearemos una red que brinde servicios alternativos y de apoyo a la cual pueda acceder fácilmente la ciudadanía. Otra de nuestras propuestas es establecer un programa comunitario orientado por personas que no solo sepan sobre esta materia sino también de bienestar en general.

Buscaremos que Bogotá avance en los procesos de certificación de sus hospitales dentro de la categoría de universitarios y promoveremos alianzas con las instituciones más reconocidas del país con el objeto de crear un programa de incentivos y apoyo a la formación de especialistas en las áreas médicas que más necesita el Distrito y según las necesidades de los territorios. Desplegaremos médicos en los barrios de la capital para que evalúen el estado de salud de los habitantes del territorio y los remitan a centros de salud antes de que las enfermedades terminen por causar daños más graves en la salud de la población.

De acuerdo con un estudio de la Universidad del Bosque, en Colombia hay 1,5 especialistas por cada 1.000 habitantes, una cifra que está por debajo de la recomendación internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es 3,5 especialistas por cada 1.000 habitantes. Asimismo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en Colombia solo hay un enfermero o enfermera por cada 1.000 habitantes.

En mi istración las personas de la tercera edad y en condiciones de discapacidad tendrán citas con especialistas prioritarias con tiempo máximo de 3 días para que le asignen una cita.

Además, las mismas personas recibirán sus medicamentos en la puerta de la casa y no tendrán que hacer filas de horas dando vueltas por toda la ciudad para encontrar los medicamentos.

Frente a la reforma, Bogotá es la única entidad territorial que tiene su propia EPS y allí se pueden aplicar políticas de eficiencia para conocer muy bien las estructuras de gastos que existen en esa EPS.

Sacaría lo positivo de esa reforma que me permite contar con un sistema de información transversal para conocer con precisión y exactitud de la información relativa con los recobros, los tratamientos y muchos costos que sin duda nos puede significar ahorros como Distrito.

Hay que hacerle un mantenimiento a la red pública de la salud en Bogotá con tecnología de punta, camas y terminando la infraestructura física que está pendiente. Debemos también culminar las obras que están pendientes en los hospitales de Bosa y Usme, garantizar la cobertura a domicilio para poder atender al adulto mayor con servicios especializados y proveerles medicamentos. Tenemos que disminuir las distancias para acceder a los centros de atención hospitalaria básicos y de complejidad en Bogotá para que estén más cercanos a los s. Es necesario promover prácticas de mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos para mejorar, a su vez, su salud mental con una vida digna y tranquila. Los capitalinos están viviendo entre polisombras, rejas, mallas y todo tipo de barreras que les impiden gozar plenamente de sus vidas y eso genera enfermedades de todo tipo, como coronarias y respiratorias. Es muy importante la prevención. No apoyo la reforma nacional porque es para politizar la salud de los colombianos y Bogotá tiene una red prestadora y de aseguramiento muy importante que hay que fortalecer y vigilar para que los recursos sean manejados de forma correcta. El proyecto pone en riesgo la salud de los capitalinos. Nosotros vamos a mejorar el número de especialistas en salud haciendo convenios con las universidades.

Haré un proceso serio de formalización con el personal de la salud de las instituciones prestadores de salud pública distritales. Ampliaré, sin privatización, la oferta pública de servicios de salud para corregir la desigualdad entre el norte y el resto de la ciudad. Protegeré la sanidad financiera de Capital Salud y de las instituciones públicas y promoveré una reforma del Sistema General de Participaciones que recupere los recursos perdidos con las reformas de 2001 y 2007. Fortaleceré la política de salud mental. Ampliaré los equipos y programas de prestación de servicios en el territorio, con especial énfasis en hogares más expuestos a riesgos.

Respecto a la reforma de la salud, no voté por Gustavo Petro, luego tengo muchos reparos. Me preocupa la situación financiera de las EPS privadas. En Bogotá, el 77 % de la población está afiliada a esas empresas. Si las aseguradoras quiebran o entran en graves problemas de liquidez las instituciones públicas del Distrito se afectarían financieramente (por las deudas que quedarían) y por la mayor demanda (que encarecería los costos y afectaría la calidad y oportunidad de los servicios). Con la política social que planteo de pasaje cero, arriendo social, 100.000 empleos públicos, comedores comunitarios, mínimo vital de agua y no maltrato, espero mejoren los determinantes sociales de la salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ 

CAROL MALAVER 

SUBEDITORA