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La millonaria demanda que podría enfrentar Bogotá por decisión del gobierno Petro de disolver contrato con empresa que iba a construir nueva torre del San Juan de Dios
El presidente Gustavo Petro aseguró que "por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito".
En la noche de hoy, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que desde el Gobierno Nacional les notificaron que, por decisión del agente interventor de la Superintendencia de Salud, Luis Gálvez, se había decidido poner fin al contrato que había firmado la Alcaldía de Bogotá, mediante la subred de salud Centro Oriente y la empresa española Copasa, para la demolición y reconstrucción del Hospital San Juan de Dios.
La fachada del San Juan de Dios. Foto:Kevin Ramírez
La decisión se habría tomado mediante una resolución firmada desde el 16 de agosto de este año.
“La decisión de terminar unilateralmente el contrato para recuperar el Hospital San Juan de Dios adoptada por el interventor del Gobierno Nacional pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad. En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la nación pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno Nacional sobre Bogotá”, aseguró el alcalde Galán en un pronunciamiento oficial.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, esta acción se desprendió también tras lo ocurrido el 7 de mayo de este año cuando la Superintendencia de Salud decidió intervenir la Subred Centro Oriente (que fue la firmante del contrato en cuestión) a pesar de que el distrito, mediante la Secretaría de Salud, venía trabajando articuladamente con el gobierno para superar la crisis histórica de salud de la ciudad.
Torre Central del complejo San Juan de Dios. Foto:Néstor Gómez
“Hoy fuimos informados que el agente interventor designado por el Gobierno Nacional dio por terminado de manera unilateral el contrato con el que se pretendía poner en marcha la recuperación del San Juan de Dios (...) está decisión no protege la salud de los bogotanos, al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad del sistema distrital e impide la recuperación del San Juan de Dios que ha sido ordenado en varias sentencias”, enfatizó el mandatario.
Cada edificio es emblemático. Foto:Néstor Gómez
Ante la notificación de la decisión del agente interventor, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de ‘X’, confirmó la noticia cuando aseguró que “Se ha liquidado el contrato entre Copasa y la red hospitalaria centro/oriente de Bogotá que pretendía dinamitar la torre central del hospital San Juan de Dios. (...) por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”.
Las preocupaciones
De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, esta decisión unilateral pone en riesgo el patrimonio de la ciudad debido a que sobre el contrato hay dos tribunales de arbitramento que están orientado en defender los intereses de Bogotá y de la Nación y, además, dicha determinación habría afectados de manera drástica la estrategia de defensa en las instancias jurídicas.
En ese mismo sentido, el mandatario explicó que los procesos jurídicos alrededor del contrato tienen pretensiones de sumadas de más de 100.000 millones de pesos. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados (...) he solicitado a la Procuraduría General y a la Contraloría que verifiquen que la decisión adoptada no atente contra la moralidad istrativa y el patrimonio público.
Hospital San Juan de Dios de Lebrija. Foto:Google Street View
Pero esta disputa es de larga data. La empresa Copasa ya tenía demandado al distrito ante un tribunal de arbitramento por haberle entregado un contrato que no era viable. En ese mismo sentido, ya se habían quejado en al menos tres oportunidades porque para poder ejecutar el contrato y demoler la torre central del hospital debían contar con un permiso del Ministerio de Cultura que, hasta la fecha, nunca fue concedido.
En esa vía, Copasa pretende que Bogotá le pague una indemnización de 70.000 millones de pesos y otros 40.000 millones que corresponden a las ganancias que la empresa española habría dejado de recibir. Dentro de ese monto también se especifica la suma de 30.000 millones de pesos que es lo que costaría el proceso jurídico.
“Le he pedido a la Secretaría de Salud y a la Secretaría Jurídica que evalúe las acciones istrativas y judiciales a las que haya lugar frente a la motivación y competencia del agente interventor para adoptar esta determinación. Vamos a proteger el patrimonio de la ciudad”, finalizó el alcalde Galán.