¿Qué hay detrás del lento avance del centro de reclusión que ayudaría a reducir el hacinamiento en Bogotá?

En los tres primeros meses del año la Policía capturó en Bogotá a 8.247 personas por diferentes delitos. Muchos de estos señalados delincuentes no terminaron privados de la libertad, pero otros tantos sí y fueron a parar, en principio, a las URI o estaciones de Policía. Pero a esos calabozos no les cabe un solo procesado más.

Según cifras de la Personería de Bogotá, la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda y las estaciones de Policía de la ciudad tienen un hacinamiento cercano al 155 por ciento. Por su parte, estadísticas del INPEC evidencian que en los centros reclusorios de la capital que están bajo su coordinación también se desbordan los cupos. En la cárcel La Modelo el hacinamiento llega al 41 por ciento, en el Buen Pastor al 37 por ciento y en La Picota a 22 por ciento.

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Si bien esta situación se replica en todo el país y le corresponde, en gran medida, atenderla al Gobierno nacional, el Distrito, en un intento por resolver lo que pasa en la capital, asumió una responsabilidad que ahora parece estar complicándose.

Se trata de la construcción de la segunda fase del Centro Especial de Reclusión - CER, ubicado en Puente Aranda, que contempla 273 cupos nuevos para albergar a sindicados de diferentes delitos. Estos cupos se sumarían a los 216 que ya existen allí y que fueron puestos en servicio en 2022, en la istración de Claudia López.

A pesar de la intención de reducir el hacinamiento, no se cumplió con lo prometido. Según la Contraloría de Bogotá, la nueva obra, que contaría con "un área total de 2.752 metros cuadrados y estaría dividida en cinco bloques con celdas, patios y zonas istrativas", debió haberse entregado el 28 de febrero pasado.

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Esta construcción, agrega el ente de control, tuvo una inversión de 13.493.509.715 de pesos aportados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Pero, debido al vencimiento de los plazos, "los contratos de obra e interventoría tuvieron que prorrogarse por cuatro meses. Estas prórrogas le representan a la ciudad un gasto adicional de más de 400 millones de pesos", precisó la Contraloría. En resumen, ante el incumplimiento, la nueva fecha de entrega será el próximo 28 de junio.

Ya ha transcurrido un mes desde que se realizó la prórroga en mención, pero la obra parece no haber avanzado mucho. La inspección adelantada por la Contraloría demuestra que a la fecha tiene un "escaso avance del 58.20 por ciento" y se supone que debe ser entregada en tres meses.

Por orden del mismo Contralor de la capital, Julián Ruiz, los contratos de obra e interventoría del CER están siendo revisados "exhaustiva y detalladamente en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados que actualmente se adelanta a la Secretaría de Seguridad", indicaron.

"Para la Contraloría de Bogotá no es concebible que, mientras las URI y las estaciones de policía están colapsadas, el CER siga sin abrirse, acumulando prórrogas. Mientras delitos como el hurto y la extorsión siguen en aumento en la ciudad, espacios destinados para la privación de la libertad de los presuntos delincuentes siguen sin entrar en funcionamiento", explicó el ente de control.

Frente a estas afirmaciones, la Secretaría de Seguridad se pronunció y confirmó que efectivamente el contrato para la construcción de la segunda fase del CER tenía un periodo de ejecución de 13 meses, el cual no se cumplió. Además, aclaró la entidad, a ese proceso sí se le hizo una prórroga de cuatro meses, pero "no se efectuó una adición de recursos".

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El pronunciamiento emitido por la entidad también indica que las demoras de la obra, según informaron los contratistas, se debía a cinco puntos que tienen que ver con: "atraso en el inicio de actividades en el Bloque C por el trámite y aprobación de la tala de individuos arbóreos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. Atraso por falta de respuesta oportuna en las aclaraciones a los estudios y diseños. Atención y adopción por el CER de las recomendaciones de la ARL tras superarse un evento de amotinamiento. Suspensión de actividades temporales por ingreso visitas de privados de la libertad. Afectación por condiciones climáticas, cierre temporal de botaderos y el paro de transportadores".

Con relación a la nueva fecha de entrega, que será a mitad de año, la secretaría señaló que con corte al 28 de marzo pasado, la interventoría habría evidenciado un atraso del 11 por ciento en el cronograma de la construcción. Debido a esto, "se solicitó la presentación de un plan de contingencia que permita superar este atraso, dentro de los plazos establecidos en el contrato", prometió la entidad..

Para garantizar las nuevas fechas de entrega, la Secretaría de Seguridad actualmente se encuentra "realizando la valoración técnica, jurídica y financiera con el fin de establecer si en la ejecución contractual tanto de la fase de estudios y diseños o la de obra se ha causado un perjuicio cuantificable a la entidad, con el cual resulte procedente adelantar las sanciones y acciones contractuales pactadas".

De cumplirse con los plazos establecidos, esta construcción podría contribuir a reducir el hacinamiento en estaciones de Policía como la de Kennedy, que supera su capacidad de reclusos en un 627 por ciento; la de Bosa, cuyo porcentaje es de 543 o la de Usaquén que alcanza el 360 por ciento en su capacidad, según cifras de la Personería de Bogotá.

Miguel Castellanos 

En X: @LoQueOlvido

Redacción Bogotá

EL TIEMPO