El debate en Medellín por la construcción de lujosos aparta suites en un barrio residencial de El Poblado

Ubicado entre las avenidas El Poblado y Las Vegas, el barrio es conocido —y ampliamente visitado— por albergar el parque Inflexión, otrora edificio Mónaco que perteneció a Pablo Escobar y que fue derribado en 2019 durante la primera istración de Federico Gutiérrez para rendir tributo a las víctimas del narcotráfico.

Su centralidad y su terreno plano llevaron a que en los últimos 16 años se densificaran sus tierras y pasara de ser un sector de casas grandes y espaciosas a tener edificios de más de 15 pisos que acogen cientos de apartamentos residenciales.

Al fin y al cabo, ese era unos de los principales objetivos que trazó el Plan Parcial de Santa María de los Ángeles, decretado en 2007 y prorrogado (sin mayores modificaciones) hace casi 7 años: gestionar el redesarrollo del barrio mediante la consolidación de la vivienda multifamiliar en tres manzanas del céntrico sector al sur de El Poblado.
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“No nos oponemos a la construcción. El problema es la destinación y el propósito de esta”, dice una de las vecinas apenas inicia el encuentro. “Todos los comercios que hay acá le prestan un servicio a la comunidad: hay dos clínicas, un gimnasio, un supermercado y una iglesia católica”, comenta otra.

Desde que se enteraron del proyecto, más de 56 personas y representantes de 12 unidades aledañas iniciaron gestiones para hacer sentir sus reparos frente a la destinación turística de la construcción, con la cual no están de acuerdo.

“Desafortunadamente, todos sabemos que hay una parte específica de ese turismo que no es tan sano. La principal preocupación son las consecuencias, asociadas al ruido, la convivencia y la inseguridad, que se generan en proyectos de este tipo. Cada semana la ciudad tiene un escándalo diferente por viviendas turísticas”, apuntó Andrés Franco, vecino del sector y uno de los voceros de la comunidad.

Lo que más preocupa a los residentes del sector es que en la zona se comiencen a presentar casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, como ya ha sucedido en otros sectores de El Poblado. Para ellos el riesgo es mucho mayor si se tiene en cuenta que al frente del predio donde se construirá el edificio hay una escuela de música istrada por la Alcaldía de Medellín y un parque público.

Si bien los vecinos reconocen que los inversionistas están en todo su derecho de construir —el plan parcial permite el desarrollo comercial en el lote de 2.153 metros cuadrados—, argumentan que se trata de una puja de derechos que va más allá de lo jurídico y que tiene que ver con el bien común del vecindario.
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“El barrio se comenzaría a gentrificar como pasó en Manila y Astorga”, agregó Franco. Precisamente, a la comunidad le preocupa que su barrio surta la misma suerte que otros sectores de El Poblado, que en los últimos años cambiaron su vocación residencial por el comercio de restaurantes, bares y alojamientos.

Y es que, para ellos, los servicios turísticos no se deberían expandir hacia las zonas residenciales, no solo en su comuna, sino en el resto de la ciudad. De ahí el deseo de abrir el debate y pedir la intervención de la Alcaldía de Medellín para que escuche sus reparos.

EL TIEMPO se comunicó con la Constructora Urco, encargada del proyecto, la cual respondió por escrito a las inquietudes planteadas y comenzó diciendo que las 108 suites hoteleras tendrán áreas de 28 a 45 metros cuadrados y estarán a la venta para el público.

“Las suites hoteleras operarían bajo el modelo multi operador, donde los propietarios de los inmuebles comparten una serie de instalaciones comunes, tales como el lobby, la recepción, áreas de conferencias, restaurante, solárium, zona húmeda, gimnasio y estacionamientos. Todo esto se maneja bajo una istración unificada que se encarga de asegurar un funcionamiento eficiente y armonioso”, dijo la Constructora.

El modelo planteado, indicaron, estaría diseñado para cumplir con la normativa hotelera, con una istración que sería la responsable del control de inquilinos, huéspedes y visitantes.

Pese a que los vecinos le pidieron a la constructora desarrollar un proyecto de vivienda en el lote, en respuesta a este diario argumentaron que el edificio “contempla el máximo de inmuebles de vivienda que es posible hacer en el marco del plan parcial, donde se estipula como destinación principal del lote la actividad comercial”.

Según la normativa, en la unidad de actuación urbanística donde está el predio —que agrupa a otros tres lotes, de los cuales dos ya están desarrollados— se pueden construir 14.803 metros cuadrados residenciales con 92,5 viviendas y 12.257 metros cuadrados en otros usos.

“No podemos asumir que por una problemática social que vive la ciudad y en la que ya están trabajando las autoridades, se pretenda paralizar el desarrollo urbanístico. Nuestra invitación a los residentes de Santa María de los Ángeles y de todo Medellín es a que trabajemos juntos, mancomunadamente, por la proyección adecuada de la ciudad que está llena de atractivos, innovaciones y experiencias”, puntualizó la empresa. 
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Al ser consultada sobre las inquietudes de los vecinos —quienes incluso argumentaron que habría un vacío normativo porque el sector, según el POT, es zona de baja mixtura, la cual no permite tales desarrollos comerciales—, la Alcaldía de Medellín, a través del Departamento istrativo de Planeación, explicó que el plan parcial autoriza este tipo de edificaciones mediante la convertibilidad del índice de construcción para otros usos dentro de los cuales se encuentra el alojamiento como uso complementario.

“Durante el proceso de revisión del POT debemos ocuparnos de la coherencia de las disposiciones de usos del suelo y aprovechamientos urbanísticos en la ciudad, especialmente, al interior de planes parciales que, como el de Santa María de los Ángeles, fueron aprobados bajo normas anteriores, lo cual implica revisar su vigencia en el marco de las nuevas dinámicas territoriales”, apuntaron.

Para la istración distrital es clave que durante la revisión y ajuste de mediano plazo del POT, se revisen los impactos ambientales y urbanísticos que producen algunas actividades asociadas a otros usos, tales como comercio y servicios, en áreas con vocación residencial.

“En el marco del fenómeno de turistificación que experimenta la ciudad y particularmente con respecto a los servicios de alojamiento de personas y a la prestación de estos servicios en áreas residenciales y en los inmuebles con uso residencial, estamos trabajando en el diagnóstico territorial de la problemática y en el estudio de las normas nacionales que también inciden en la regulación de la materia, especialmente las leyes sectoriales de turismo o propiedad horizontal”, explicaron desde Planeación.

Diana Catalina Álvarez, profesora de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UPB, calificó de “compleja” la discusión que se está abriendo en el barrio Santa María de los Ángeles “porque habría que demostrar algo que la ciudad no ha querido mirar y es que el uso turístico y comercial no está siendo tan beneficioso en comparación con los efectos sociales”.

Según explicó la académica, “sería una gran contradicción” empezar a restringir las licencias de hoteles o aparta suites cuando toda la política económica de la ciudad en los últimos años ha estado orientada al turismo. Por ello, Álvarez propone que una solución debe estar en combatir los problemas estructurales como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o la desigualdad en la población.

Aunque de cara a la normativa, la profesora sí fue enfática en explicar que no debe existir un abuso de los planes parciales en términos del tiempo, si se tiene en cuenta que las ciudades son dinámicas y las normas requieren actualización contante.

“Hay algunos planes parciales muy viejos. Después de 2007 —como es el caso de Santa María de los Ángeles— ha habido un montón de reglamentaciones, entonces debería haber una dicha de expiración y poderlo someter a un análisis que incluya nuevas cosas”, puntualizó.

Juliana Montoya, jefa del Pregrado de Diseño Urbano de la Universidad EAFIT, consideró —a propósito de la discusión que se está abriendo en Santa María de los Ángeles— que la apropiación y gestión del territorio por parte de los habitantes “es una pieza clave en la construcción integral de cuadras, barrios, ciudades y ecosistemas”.

En ese sentido, para la experta es importante mantener la discusión abierta de cómo promover bienestar para la comunidad y para las otras formas de vida con el fin de incidir en calidad del hábitat urbano. “Esta apertura de voces y la integración de múltiples miradas permitirán encontrar mecanismos de distinta índole para ir aterrizando acuerdos, regulaciones y gestiones hacia un ideal de barrio compartido”, señaló.

Por el momento, los vecinos del barrio esperan que sus inquietudes sean resueltas por la constructora y la curaduría que lleva el trámite de la licencia. También aguardan que la alcaldía de Federico Gutiérrez, quien ha expresado la necesidad de proteger a los locales de las consecuencias negativas del turismo, los escuche y abran la discusión.