Tras la verdad por crímenes del paramilitarismo en el Canal del Dique

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala que caso es de su competencia y emitió primer Auto.

Canal del Dique a la altura de Soplaviento (Bolívar) Foto: John Montaño / EL TIEMPO

PERIODISTA21.08.2021 18:26 Actualizado: 30.11.2021 09:43

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El brazo artificial del río Magdalena- que nace en el municipio de Calamar (Bolívar) y desemboca 115 kilómetros aguas abajo en la Bahía de Cartagena- sería la mayor fosa común de crímenes por desaparición forzada del paramilitarismo en Colombia.

Entre 1997 y 2005, un número aún no determinado de cuerpos fueron arrojados a las aguas del Canal del Dique por orden de las autodefensas unidas de Colombia (AUC).

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Así fueron los crímenes en esta región del país.

había víctimas que eran sacadas desde Cartagena, o desde Maríalabaja, incluso traídas desde Barraquilla

El caso ya está en manos de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que señala que este caso sí es de su competencia, y de hecho ya emitió un primer Auto.

En entrevista con EL TIEMPO, Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, jefe paramilitar que operó en la zona, dice que allí arrojaban hasta cinco y ocho cadáveres diarios, por orden suya.

“Se presentó un índice muy alto de homicidios y esos cuerpos quedaban a la orilla de carreteras. Situación que afectaba a los altos mandos de la Fuerza Pública porque perdían ascensos. Entonces fue cuando vino la orden desde la casa Castaño de desaparecerlos y arrojarlos al Canal del Dique”, le dijo a este diario Uber Banquez, postulado de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por su responsabilidad al ordenar crímenes selectivos en una docena de pueblos apostados a orillas del afluente.

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“A su caudal arrojaban en promedio 3 y 5 cadáveres diarios, y en los picos más altos, entre 8 y 10 cadáveres. Muchos cuerpos fueron amarrados a piedras, otros cercenados. Además de la Bahía de Cartagena, muchos de estos cuerpos llegaban a la Bahía de Barbacoas y el Golfo de Morrosquillo”, señala el abogado Adil José Meléndez, del Colectivo Ruta del Cimarronaje.

Este colectivo- que reúne a más de 200 organizaciones campesinas del Caribe Colombiano con base en los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre- con el acompañamiento de la Comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, solicitó una medida cautelar para el afluente por estos crímenes, ante la JEP.

Canal del Dique a la altura de la vereda Recreo, en Cartagena. Foto:John Montaño / EL TIEMPO

Obras en el canal y memoria del conflicto

Hubo un silencio cómplice entre 1997 y el 2003, que solo finalizó cuando la fuerza pública comenzó a hablar de derechos humanos. Antes del 2001 nada se escuchaba y el control era de las autodefensas

El canal hoy es escenario del megaproyecto ‘Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique’: un conjunto de obras con las cuales se construirán exclusas y se aumentará la navegabilidad industrial para barcos de mayor calado.

Según la Comisión de la Verdad y las comunidades afro asentadas a lo largo del afluente, "de seguir adelante el proyecto podría enterrar para siempre los restos de víctimas que podrían aún reposar bajo las aguas, y con ellos la posibilidad de miles de familia que hoy exigen saber la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos desaparecidos forzosamente a manos de la AUC",

Es por ello que las comunidades piden en las consultas previas, que estos hechos de violencia sean tenidos en cuenta, antes de que las obras sigan adelante.

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Versiones libres de exparamilitares ante Justicia Paz ya habían dado cuenta de cómo el frente ‘Canal del Dique’, de las AUC, tenía más de una docena de ‘botaderos’, a orillas del afluente, a donde eran asesinados y luego arrojados los cuerpos de sus víctimas.

Contaminación de los cuerpos de agua

vino entonces la orden de que era mejor desmembrarlos, para que no flotaran tantos cadáveres aguas abajo

Las poblaciones sujeto de esta reparación están ubicadas en Lomas de Matunilla, Puerto Badel, y Rocha (municipio de Arjona), y están dispuestas a declarar ante la misma JEP, porque las afectaciones por estos crímenes fueron, además, en salud pública y ambiental.

“La gente dejó de consumir el agua del canal, porque este mantenía una grasa espesa y un hedor permanente (...) También se acabó la pesca y el consumo de pescado”, sostiene Adil Meléndez.

Algunos de los puntos mencionados por Úber Banquez dónde se arrojaban cuerpos al canal fueron Barranca Nueva, Barranca Vieja, Nerviti, Tasajera, San Agustín, Bodega, Matunilla y Estación Conejo en Rocha.

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“En especial que llama la atención la loma del muerto, a pocos metros de una de las bocatomas que surte de agua a Cartagena, donde los asesinos arrojaron centenares de cuerpos”, sostiene Ricardo Cubides, investigador de la Comisión de la Verdad en la zona.

Para llegar a la verdad sobre estas desapariciones, La Comisión de la Verdad se enfrenta especialmente a dos obstáculos: la muerte de la mayoría de comandantes paramilitares que delinquieron en la zona, y que muchas víctimas no pertenecían a las poblaciones aledañas al Canal del Dique, sino que fueron traídas desde regiones apartadas.

“A esos botaderos eran conducidas las víctimas de diferentes municipios de la cuenca del Canal del Dique incluidas las ciudades de Cartagena y Barranquilla, de donde se secuestraron personas, y también a ex combatientes, que fueron asesinados y arrojados al afluente”, sostiene Meléndez.

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Canal del Dique a la altura del municipio de Arenal Foto:John Montaño / EL TIEMPO

Eran tantos cuerpos que ordenaron desmembrarlos

Fueron muchos cuerpos y no tenemos las cifras: en esa región teníamos muchos comandantes...

Pero los muertos del paramilitarismo no solo fueron a parar a la bahía de Cartagena, también al Golfo de Morrosquillo y a la ciénaga de Marialabaja y media docena de ciénagas más debido a varias bifurcaciones y canales anexos que tiene el Canal del Dique.

“Llegó un mes en el que bajaban tantos cuerpos a la bahía que fuimos por la casa castaño para que tuviéramos mayor precaución de no arrojar tantos cuerpos, entonces vino la orden de que era mejor desmembrarlos, para que no flotaran tantos cadáveres aguas abajo”, sostiene Uber Banquez, hoy abogado y colaborador de la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de estos crímenes.

Por caño correa y caño rico, que pasan por Marialabaja y llegan hasta Labarcés (Sucre), también bajaron cientos de cadáveres.

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“Muchas de esas desapariciones forzadas son responsabilidad mía por línea directa. No lo hice yo mismo, pero si se cometieron crímenes por orden mía, y a manos de gente que estaba bajo mi mando”, confiesa Banquez.

Crímenes masivos para imponer el terror

Entre otras prácticas expuestas ante la JEP por las comunidades afectadas está el testimonio de viejos pescadores de la región que dan cuenta cómo los paramilitares los obligaban a ver crímenes masivos y desmembramientos con el fin de impartir terror en las poblaciones.

“Hubo un silencio cómplice entre 1997 y el 2003, que solo finalizó cuando la fuerza pública, al mando de un coronel Colón, comenzó a hablar de derechos humanos. Pero antes del 2001 nada de eso se escuchaba y el control lo tenían las autodefensas en la región”, suma Banquez.

En el puerto de correa, según Banquez, también se había constituido en uno de los mal llamados por los paramilitares ‘botaderos’ hacia el dique.

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acepto mi culpa por estos hechos y he aceptado mi responsabilidad en esas desapariciones forzadas. Esa era la estrategia de la AUC para ese momento

“Fueron muchos cuerpos y no tenemos las cifras: en esa región teníamos muchos comandantes. Recuerdo que había mandos en Calamar, Arenal, San Cristóbal, en el corregimiento de Rocha, en el municipio de Arjona, otro por la vía de Arjona… pero también había personas que eran sacadas desde Cartagena, o desde Maríalabaja, incluso traídas desde Barraquilla”, dice el exjefe para, hoy colaborador de la Comisión de la Verdad.

El pasado 21 de abril fueron solicitadas las medidas cautelares por este caso ante la JEP.

“Yo acepto mi culpa por estos hechos y he aceptado mi responsabilidad en esas desapariciones forzadas. Esa era la estrategia de la AUC para ese momento”, dice Banquez, que ahora visita con la Comisión de la Verdad pueblos y veredas. Habla con la gente. Escucha a sus víctimas y dice que quiere seguir construyendo esta memoria de la guerra.

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Canoas de pescadores frente a Sopaviento Foto:John Montaño / EL TIEMPO

Alances de las investigaciones

Este silencio debería llevar a las autoridades y ciudadanía de Cartagena, norte de Bolívar y sur del Atlántico a preguntarse por qué no se dijo nada

El Investigador y analistas de la dirección de pueblos étnicos, de la Comisión de la Verdad, Ricardo Cubides, es la persona que ha estado más cerca de estas comunidades del Dique en los últimos meses.

“Hoy lo importante es que avancemos de manera articulada con el fin de garantizar los derechos de las víctimas. En este caso estamos ante desaparición forzada con unos hechos muy dolorosos, pero además con víctimas colectivas como los son las comunidades afropalenqueras y raizales en toda la subregión del Canal del Dique”, dice el investigador.

Las investigaciones de la Comisión de la Verdad en la zona iniciaron en octubre del 2019, pero los procesos se fracturaron por cuenta de la pandemia.

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“Aquí lo fundamental es evitar el silencio. Este silencio debería llevar a las autoridades y ciudadanía de Cartagena, norte de Bolívar y sur del Atlántico a preguntarse por qué no se dijo nada. Las familias de las víctimas están muy solas y las investigaciones nunca avanzaron", suma Cubides.

En esta región, la Comisión de la Verdad ha realizado 12 entrevistas colectivas y una veintena de sesiones en las cuales han escuchado a familiares de personas desaparecidas entre calamar y Pasacaballos, zona de influencia del Canal del Dique, pero también a gente de Cartagena y Barranquilla.

“Algo muy delicado es la permanencia del conflicto. A este territorio siguen llegando estructuras y sometiendo a las comunidades a hechos muy difíciles. ¿Qué pasa con la institucionalidad?”, cuestiona Cubides, quien concluye con una realidad que pide cambiar:

“Es hora de preguntarnos cómo sociedad, estado, institucionalidad qué pasó, y por qué los silencios permanecen”.

John Montaño

Corresponsal de ELTIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas