Residentes médicos: estas son las condiciones legislativas disponibles y ayudas en caso de maltrato

La muerte de la residente de cirugía, Catalina Gutiérrez, sumió al país en un estado de zozobra y expuso una situación de tragedia que viven día a día los médicos en proceso de formación del país.

“Ustedes sí pueden”, fue el mensaje que dejo Gutiérrez a sus compañeros de rotación. Y casi como si hubiese sido un llamado, no solamente sus compañeros, sino gran parte del sector salud, tomaron cartas en el asunto: salieron a la luz cientos de testimonios denunciando maltrato y abuso laboral en las prácticas de formación profesional de los médicos. Nuestros médicos.

Jornadas extensas de trabajo, privaciones para espacios de alimentación, insultos y humillaciones son algunos de los constantes en estas denuncias, que por demás terminan en situaciones que comprometen la salud mental de los estudiantes.

“El primer artículo que uno de mis docentes me pidió leer en cirugía se titula “How to swim with sharks” (Cómo nadar con tiburones). Hoy me doy cuenta del claro presagio que era ese texto, dado que así me sentí toda mi residencia: con constante temor, a la defensiva, siempre lista para que en algún momento una gigante dentadura llegara a quitarme una pierna. En retrospectiva me cuestiono: ¿es realmente necesario que una especialidad médica, un programa que es supuestamente académico, esté abiertamente infestado de tiburones? Hoy en día puedo responder con certeza y seguridad que no”, escribió María Rey Salamanca, médica de la Universidad Javeriana, en una carta abierta al público.

Los mecanismos de apoyo a los que pueden acudir los estudiantes en formación, al igual que la cultura organizacional de protección al interior de las entidades prestadoras de salud, no siempre son claras. EL TIEMPO realizó una indagación para entender la situación de empleabilidad de estos estudiantes, al igual que las vías de denuncia y apoyo que tienen disponibles.

Según explicó Sebastián Salazar, director de la Práctica de Derecho Laboral de Cuatrecasas en Colombia, los profesionales que cursan especializaciones médico-quirúrgicas se encuentran en una relación de docencia – servicio, por lo que sus condiciones laborales son distintas a las del resto de trabajadores.

Por ejemplo, no reciben un salario, sino un sostenimiento educativo que no puede ser menor a tres salarios mínimos. Además, tienen afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud y al Sistema General de Riesgos Laborales, al igual que vacaciones no superiores a 15 días hábiles por año académico.

En cuanto a las garantías, el abogado explica que los estudiantes cuentan con “las condiciones, medios y recursos requeridos para el desarrollo formativo” y con un plan de práctica que especifica los horarios y espacios que el prestador del servicio de salud tenga contemplados.

Y es precisamente debido a la diferencia en este modelo de vinculación que los medios de denuncia varían: los trámites no se hacen a través del Ministerio del Trabajo, como normalmente lo hace un empleado, sino con el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Otra posibilidad es acudir a las instancias internas de la entidad prestadora de servicios de salud o de la institución educativa.

Para respaldar la denuncia, explica Salazar, se pueden presentar documentos que evidencien el maltrato (correos, mensajes, etc.), testimonios de otros trabajadores o personas que hayan presenciado los hechos y grabaciones (es importante aclarar que la grabación de conversaciones sin consentimiento tiene repercusiones en su valor probatorio, pero en algunos casos puede ser considerada para proteger interés legítimo).

Un eventual desarrollo de la denuncia depende del caso y de aspectos institucionales: “La denuncia permite que se inicie un proceso de investigación y, eventualmente, de sanción contra los responsables, y es un medio para que la empresa tome las medidas necesarias para prevenir futuros casos. A nivel internacional, estudios y análisis indican que la efectividad de las denuncias depende en gran medida de la cultura organizacional y de la existencia de políticas claras y procedimientos efectivos para abordar estas situaciones”, dijo el abogado.

El 23 de julio, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, convocó la Asociación de Médicos Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Asocofame) y al Ministerio de Educación a una reunión dirigida a analizar los sucesos que se presentaron en la muerte de Catalina Gómez y, al mismo tiempo, estudiar qué se puede hacer a futuro para evitar que una situación de estas se vuelva a presentar a futuro.

Al respecto, Salazar asegura que fortalecer la aplicación efectiva de la normativa y una mayor vigilancia por parte del Ministerio de Salud y entidades territoriales es una prioridad en el desarrollo de mecanismos de protección hacia los estudiantes.

“La reducción de la explotación laboral de los residentes médicos en Colombia requiere un enfoque multifacético que incluya la regulación y el cumplimiento de la normativa laboral, la educación y concienciación, el desarrollo de políticas institucionales, la posible creación de legislación específica, el involucramiento de organizaciones profesionales y la investigación y el monitoreo continuo”, dijo Salazar.

El abogado también invitó a reflexionar sobre el papel que tienen las instituciones educativas y las asociaciones médicas, las cuales han buscado darle cada vez más relevancia a la salud laboral, la salud mental y las señales de alerta.

“Gremios como el médico tienen normalizado el trabajo desmedido, la abundante carga laboral y académica y la severidad en el trato, todo en detrimento de las condiciones físicas y mentales de quienes, a futuro, tendrán en sus manos la salud de millones de personas. (...) La implementación de mecanismos de apoyo psicológico no solo es recomendable, sino que se está convirtiendo en una necesidad imperante para asegurar la salud mental de estos profesionales en formación”, cerró el abogado.

JUAN ANDRÉS BELTRÁN TÉLLEZ - REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS.