'Hay que restablecer la confianza de los inversionistas del sector energético'

La decisión del Gobierno de asumir el control de la definición de las tarifas de energía eleva los riesgos de una eventual de racionamiento, al tiempo que obstaculizaría una prestación continua, eficiente y de calidad de este servicio a millones de colombianos.

Estas preocupaciones están contenidas en comunicaciones tanto de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), así como del Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), reveladas pocas horas después de que se conociera el decreto que le da facultades al Ejecutivo por tres meses en materia tarifaria.

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Desde Acolgén sus directivas le hicieron un llamado al Gobierno para que "las normas que se emitan respondan al marco constitucional y legal vigente, sean fruto del consenso y discusión de todos los sectores, se apoyen en argumentos técnicos y jurídicos sólidos, y se ponderen de forma tal que el cumplimiento de objetivos de corto

plazo no sacrifique pilares básicos sectoriales, relativos a la suficiencia del

abastecimiento y la seguridad energética", que el país demanda.

Agregaron que, en ese sentido, trabajan en una serie de propuestas , las cuales le serán presentadas la semana que viene al Gobierno, con objetivos alineados entre lo

que este busca y la sostenibilidad del sector energético colombiano. 

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Por su parte, desde la Creg, en una extensa carta de 21 páginas, los comisionados le recordaron al presidente Petro que la confianza ganada por el sector eléctrico en las últimas tres décadas ha sido producto de un trabajo coordinado entre el sector público y privado, una labor que se debe mantener de cara al futuro del país.

"Lo que de forma coordinada entre la política pública y la regulación sectorial podemos lograr en adelante se sustenta en la confianza que ha generado el modelo institucional y de mercado que crearon las leyes 142 y 143 de 1994, con sus modificaciones y, en especial, en la confianza en las reglas expedidas por una agencia reguladora independiente y técnica", señala la Creg.

Agrega, además, que muestra de lo anterior es que la construcción de plantas de generación haya sido financiada por la banca nacional e internacional sin mediar contratos entre el inversionista y ningún agente del sistema, sino con el respaldo del cargo por confiabilidad, mecanismo de mercado que se soporta en un conjunto de reglas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Producto de ese esquema del cargo por confiabilidad se han incentivado

inversiones por 17.000 millones de dólares, distribuidos en 30 proyectos que suman una capacidad cercana a los 6.000 MW.

También recuerda la Creg que "la ampliación de la red de transmisión nacional se ha materializado con importantes inversiones privadas soportada en la confianza en las reglas de la CREG y los procesos de selección de la UPME".

¿Cómo ha sido posible que los inversionistas hayan obtenido financiación y garantías bancarias con el sólo respaldo de los actos istrativos expedidos por la Comisión y un certificado del operador del mercado que acredita que se le asignó una obligación de energía firme?, se preguntan los firmantes de esta carta dirigida al Ejecutivo. Y su respuesta es: "confianza en las instituciones del sector; eso es lo que hemos construido a lo largo de 27 años".

En ese sentido, insisten en que de cara al futuro energético del país es claro que se necesitará atraer mayores inversiones que garanticen la sostenibilidad, la calidad y el servicio a millones de colombianos.

Por eso dejan claro que el reto de incorporar más inversión en la construcción de plantas de generación para ampliar la capacidad de energía firme del sistema para los años 2027 y siguientes, para atender el crecimiento de la demanda energética de esos años, aun en condiciones críticas, pero para ello se debe preservar la confianza en la regulación del Estado y mantener la señal de que cualquier modificación a las normas del sector será el resultado de un análisis técnico riguroso y transparente y, que en todo caso, se protegerán los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas y la inversión ejecutada con base en la confianza legítima en la estabilidad de las reglas fundamentales.

El reto hacia adelante está en robustecer toda la infraestructura energética colombiana, mejorar los estándares de calidad y reducir los niveles de pérdidas,

"lo que será posible con las inversiones que se están acometiendo para alcanzar las

metas de renovación requeridas y poder avanzar, conjuntamente con la instalación de

la medición avanzada, en la consolidación de la plataforma de red necesaria para la

mencionada transición energética", insisten en la Creg.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y comunicaciones (Andesco) también se pronuncio frente esta situación que vienen generando gran polémica y señaló que "es fundamental que las decisiones que se tomen en temas regulatorios conserven los principios esenciales de suficiencia financiera y reconocimiento de costos eficientes, teniendo sin duda como objetivo una adecuada prestación del servicio a los s del país".

En ese sentido, precisó que es fundamental para el país y los consumidores, que estos temas sean tratados de manera técnica, teniendo en cuenta todas las variables financieras, económicas, ambientales y sociales para garantizar que los servicios ofrecidos sean de la mejor calidad, al mejor precio posible y para el mayor número de colombianos.