Salario mínimo del 2024: lo que separa a sindicatos y empresarios para definir el alza

El Gobierno, los empresarios y los sindicatos solo tienen tres días para decidir de manera concertada cuánto aumentará el salario mínimo del 2024. Este miércoles y jueves habrá reuniones bilaterales entre las partes y el viernes en la tarde esperan llegar a un acuerdo. De lo contrario, seguirían las sesiones extraordinarias y el 30 de diciembre sería la fecha máxima para determinarlo vía decreto, situación que no ocurre desde el 2021.

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Este martes las centrales obreras destaparon sus cartas. La propuesta que llevaron a la mesa tripartita fue elevar el salario mínimo del próximo año en un 18 por ciento, es decir que pase de los 1’160.000 pesos actuales a 1’368.800 pesos, más otros 165.915 pesos de auxilio de transporte.

“Nuestra propuesta ayudaría a reactivar la economía. Al aumentar el salario mínimo, los trabajadores consumen más y todo se empieza a reactivar. Lo que es primordial es que el Banco de la República no siga siendo sordo a la realidad y baje las altísimas tasas de interés”, aseguró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Hay que recordar que la concertación del mínimo solo afecta de manera obligatoria a los cerca de 2,5 millones de personas que hoy en día ganan ese salario en Colombia. Para el resto de los trabajadores formales no existe como tal una disposición legal que ordene un aumento; aunque muchas empresas optan por hacerlo, en algunos casos con la cifra de la inflación.

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Al contrario, los empresarios llegaron a la mesa de concertación sin ninguna cifra. Lo que presentaron fue una carta en la que mostraron su preocupación por dos motivos: por la posibilidad de establecer un aumento desproporcionado en medio de un complejo panorama económico y por discutir un alza al tiempo que se busca sacar adelante en el Congreso una reforma laboral que aumenta los costos de los empresarios.

“Si tenemos en cuenta que la inflación cerraría el 2023 entre 9,2 y 9,4 por ciento, como proyecta el Banco de la República, que el crecimiento del 2023 sería de 0,8 por ciento y que los últimos datos reflejan una tendencia a incrementar el desempleo en el país, si no se coloca un aumento muy en la línea de la inflación, podría haber consecuencias negativas para la economía”, resaltó el presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

En un comunicado conjunto de la Andi, Fenalco, la SAC, Asobancaria y Acopi hicieron una invitación a mantener una metodología técnica que busque construir, conjuntamente, una decisión con miras a recuperar y proteger el poder adquisitivo de los salarios, en especial de los de bajos recursos, que son los que más han sentido el golpe de la alta inflación.

“Las centrales obreras dijeron una cifra sacada de la manga, lo que aleja las posibilidades de concertación salarial. Sin embargo, les pedimos que la replanteen con base en las cifras técnicas que conocemos”, sentenció Cabal.

Y es que entre el 18 por ciento que piden los sindicatos —cifra superior al 16 por ciento de aumento de este año— y el 9,4 por ciento en el que cerraría la inflación y que sería la guía de los empresarios hay una diferencia de 9 puntos porcentuales, sin todavía tener en cuenta el dato de productividad. Y en plata blanca, la diferencia es de 99.760 pesos, desde los 1’368.800 pesos a los 1’269.040 pesos, que podría ser el piso inicial de los gremios (sin contar con el auxilio de transporte).

Pese a ello, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, se mostró optimista y dijo que espera que la construcción de la cifra se haga en medio de la diferencia.

Usualmente, la base técnica para la negociación es la inflación del año en curso más el dato de productividad. Pese a que el Dane reveló tres cifras, no ha habido un acuerdo entre las partes para decidir cuál tendrán en cuenta.

Por un lado, la productividad total de los factores al tercer trimestre del 2023 fue negativa, de -1 por ciento. Entre tanto, la entidad estadística determinó que la productividad laboral por horas trabajadas fue de 0,76 por ciento y la productividad laboral por persona fue de -0,7 por ciento.

Con el objetivo de que las personas no pierdan su poder adquisitivo año a año, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, declaró que tomaron la decisión de desindexar del alza del salario mínimo 88 bienes y productos, que se sumarían a los 116 que ya se quitaron el año pasado. “Es decisión unánime de la mesa mantener estas políticas que empezamos a trabajar el año pasado”, señaló la funcionaria.

En la parte de la salud buscarán la desindexación de las cuotas moderadoras de las EPS y en la de la educación, las inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Igualmente, está la recogida de basuras y los servicios de veterinaria.

El hecho de que la discusión de la reforma laboral, que está citada para hoy en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, avance de manera paralela a la concertación del salario mínimo del 2024 es una de las grandes preocupaciones de los empresarios.

“Por un lado, se quiere concertar la cifra del aumento del salario mínimo, pero por el otro se avanza de una manera unilateral y sin concertación en un proyecto que va a aumentar los costos laborales entre 25 y 30 por ciento. No es congruente. Además, hay riesgo sobre un eventual pupitrazo”, sentenció Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Desde el Consejo Gremial, que reúne a los 32 gremios más representativos del sector empresarial, mandaron una carta a los ponentes del proyecto en la que dicen que la reforma radicada no resuelve varias de las problemáticas actuales, como los altos índices de desempleo e informalidad.

“Es prioritario que la población empleada, incluso de manera informal, pueda realizar contribuciones al sistema de salud, aportar al sistema pensional, mejorar su cobertura en riesgos laborales y ampliar su al sistema financiero”, dice la carta.

Igualmente, el Consejo Gremial, que lidera Germán Arce, asegura que tampoco resuelve los problemas jurídicos del mercado laboral. “En lo referente a la estabilidad laboral reforzada, podría generar inseguridad jurídica, así como un incremento en el nivel de litigiosidad”, se puede leer en la carta.

Tampoco protege a la empresa privada como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de transformación social ni la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social de Colombia, dicen.

“El aumento del monto de las indemnizaciones resulta perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas debido a su limitada capacidad financiera. Esto podría afectar la sostenibilidad y permanencia de estas, ya que el aumento en la indemnización elevaría el costo del despido injustificado, dependiendo del tiempo laborado, con incrementos que oscilan entre el 178,6 y el 200 por ciento”, advierten.

Hasta el momento, el panorama en la Comisión VII es adverso. Incluso el proyecto comienza con un pronóstico más difícil que en el semestre pasado. En esa ocasión, la ponencia mayoritaria comenzó con cuatro firmas, esta vez solo son tres (del Pacto Histórico).

En cuanto a la repartición de fuerzas, vale recordar lo que ocurrió en la legislatura pasada. El Gobierno no pudo conseguir ni siquiera el quorum mínimo para debatir. En esta ocasión, poco ha cambiado. Incluso, las distancias son mayores, por lo que el proyecto puede tener un mismo resultado. Sin embargo, en diálogo con EL TIEMPO, la ponente, María Fernanda Carrascal, aseveró que sí tiene los apoyos suficientes.