‘Ninguna estructura criminal goza actualmente de cese al fuego’: Mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció que la política de ofensiva militar contra los grupos armados ilegales que delinquen en distintas regiones del país, señalando que ninguna estructura criminal goza actualmente de cese al fuego y que la orden es clara: las Fuerzas Militares y de Policía deben actuar ante cualquier amenaza, independientemente del grupo al que pertenezca.

“Estamos enfrentando un grupo narco-criminal que representa apenas entre el 10 % y 11 % de toda la amenaza nacional, pero que mantiene su accionar delictivo en zonas como el suroriente del país, específicamente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, y algunos sectores de Vaupés e Inírida”, indicó una fuente oficial. También se reportan actividades en Norte de Santander, sur de Bolívar y Antioquia.

Según las directrices oficiales, Fuerza Pública está autorizada a responder ante cualquier amenaza letal contra la población o sus propios hombres, sin necesidad de identificar previamente si el responsable pertenece a un grupo u otro. “La prioridad es proteger la vida. Nuestros militares y policías tienen derecho a la legítima defensa. Para eso son las armas de la República”, se señaló.

El ministro también fue claro en rechazar cualquier intento de consolidación territorial por parte de actores armados: “Quienes no deben estar en el territorio son los criminales, no la autoridad, no la ley, no la justicia”, afirmó el funcionario, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar el control institucional en zonas críticas del país.

La información del ministro fue revelada al término de un consejo de seguridad en Antioquia, el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón manifestó que la región atraviesa por un preocupante repunte de la violencia. Según cifras recientes, este año ya se han registrado 22 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior, especialmente en zonas donde hacen presencia grupos armados organizados.

Es por ello que el gobernador solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la cúpula de la Fuerza Pública una mayor articulación operativa y jurídica del Gobierno Nacional para enfrentar la escalada criminal.

“Hoy tenemos 22 muertes violentas más, sobre todo en aquellas zonas donde tienen presencia criminal los distintos grupos armados organizados. Es urgente que el Gobierno profundice en la claridad jurídica y operacional para que nuestras fuerzas militares y de policía hagan lo que saben hacer: combatir con contundencia el crimen y proteger a los ciudadanos”, afirmó Rendón, quien señaló que este repunte se dio por las medidas adoptadas por la llamada ‘paz total’.

“Después de escuchar al señor ministro diciendo que ya no existe cese de fuego, ni cese de operaciones, es muy importante que el Gobierno nacional profundice la claridad jurídica y operacional para que nuestras fuerzas militares y de policía hagan lo que saben hacer, hagan lo que llevan en su corazón, que es combatir con contundencia el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos.

El mandatario expuso que Antioquia cuenta con menos de la mitad del pie de fuerza policial que debería tener, lo cual ha “debilitado la capacidad de respuesta en municipios” con alta afectación al orden público. En algunas localidades, se reportan estaciones de policía con apenas 9 o 14 uniformados enfrentando amenazas de gran magnitud.

En relación con los cultivos ilícitos, se pidió evaluar el retorno de la aspersión aérea como medida urgente para combatir el incremento de las hectáreas sembradas con coca. Según cifras del CIMSI, el departamento pasó de tener 900 hectáreas en 2013 a más de 18.000 actualmente.

Por su parte, el jefe de la cartera de defensa anunció una ofensiva “muy contundente” contra los principales grupos armados ilegales que delinquen en la región, como el ‘clan del Golfo’, las disidencias de las Farc y el Eln.

El ministerio de Defensa aseguró que no hay actualmente “ningún tipo de cese al fuego con estas estructuras criminales”, y que la instrucción es “emplear toda la capacidad del Estado para neutralizar la amenaza”.

Pese a la reducción en homicidios registrada entre 2023 y 2024 —según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez la tasa de homicidios es la más baja en 40 años—, preocupa el reciente aumento de los casos de secuestro en la región. También se hizo énfasis en otros flagelos que afectan el territorio, como el confinamiento, el desplazamiento forzado y la trata de personas.

“Donde haya minería ilegal, extorsión o narcotráfico, habrá un actor criminal alimentándose de ello”, advirtió el alto funcionario, al subrayar que estas prácticas no solo violan la ley, sino que destruyen el medioambiente y ponen en riesgo a la juventud.

En paralelo a las acciones militares, el Gobierno anunció una estrategia de intervención integral para transformar social y económicamente el territorio. Entre las medidas presentadas se destacan/ Formalización de la minería artesanal, protección a la infancia y adolescencia, educación ucación y alimentación escolar, expansión de programas sociales y fortalecimiento de la Fuerza Pública: Se incrementará el pie de fuerza con 16.000 nuevos integrantes en las Fuerzas Militares y 20.000 en la Policía Nacional. Además, se abrirán más cupos para formación gratuita en escuelas de oficiales y suboficiales.