Alertan posible daño patrimonial por $ 100.000 dólares por resurrección de sanciones de la PGN

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Corte Constitucional que seleccione una tutela que falló la Sección Quinta del Consejo de Estado, dejando sin efectos diez fallos que había adoptado la Sección Segunda de dicha corte, en los que se tumbó igual número de sanciones disciplinarias que había impuesto la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de elección popular.

La agencia, dirigida por el exmagistrado César Palomino, le pidió a la Corte que revise el fallo de la Sección Quinta, que 'revivió' sanciones contra políticos como el fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, indicando que la decisión "contiene órdenes y consideraciones que pueden llegar a suponer una afectación al patrimonio público".

Según la Agencia de Defensa, la orden de dicho fallo "supone la violación de los derechos al debido proceso y a la justicia de los(as) sancionados(as) y tiene un alto potencial de abrir un foco de litigio a nivel interamericano, que podría representar una afectación al patrimonio público por eventuales condenas en contra del Estado colombiano".

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De acuerdo con la Agencia, que responde a la Rama Ejecutiva, la tutela que ganó la Procuraduría y con la que revivieron las diez sanciones disciplinarias contra los mencionados políticos, puede generar litigios internacionales con un potencial riesgo de pérdida. "Si no es posible evitar el incremento de la litigiosidad, por lo pronto sí reducir las posibilidades de condena", dice la Agencia.

Este caso tiene como trasfondo el viejo choque entre las salas del Consejo de Estado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 'Corte IDH', sobre el caso 'Petro Urrego Vs. Colombia', que advierte que sólo mediante decisión de un juez en un proceso penal se pueden afectar los derechos políticos de los elegidos popularmente.

Según la Agencia, si en el fallo 'Petro Urrego vs. Colombia' se condenó al país a un pago en equidad equivalente a $ 10.000 dólares, la condena contra el Estado sería diez veces superior. "Si en los 10 casos sobre los cuales la Sección Quinta ordenó emitir nuevos fallos bajo unos parámetros determinados se presentan litigios, esto supondrían, una hipotética suma en disputa de al menos $ UDS 100.000 dólares", es decir, aproximadamente $413.552.615 millones de pesos, agrega un documento conocido por El TIEMPO.

"Todas estas situaciones develan una falta de rigor en materia de tutela contra providencia judicial que debe ser corregida por la Corte Constitucional de cara a evitar futuros litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por violación de los derechos al debido proceso, de a la istración de justicia y políticos de quienes impulsaron, en su debido tiempo, los medios de control contra los actos istrativos que los sancionaron y los retiraron (temporal o definitivamente) de sus cargos de elección popular", se advierte en un escrito de la entidad adscrita al gobierno. 

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El fallo de la Sección Quinta 'revivió' las sanciones disciplinarias que había impuesto el Ministerio Público, y que habían sido anuladas por la Sección Segunda, contra los siguientes políticos. 

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Las anteriores sanciones disciplinarias habían quedado sin efectos por una línea jurisprudencial que aplicaba la Sección Segunda, de donde salió el exmagistrado César Palomino, en la que se priorizaba el fallo de la Corte Interamericana del caso 'Petro Urrego Vs Colombia', indicando que la Procuraduría, como autoridad istrativa, no tiene competencias para afectar los derechos de los funcionarios de elección popular. 

La Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional deberá definir si acoge o no este debate jurídico.  

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]