Los 'reparos' de la elección del abogado Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

En las próximas semanas, el abogado Héctor Carvajal se sentará como magistrado en una de las nueve sillas que componen la Sala Plena de la Corte Constitucional, el tribunal encargado de evaluar trascendentales debates de constitucionalidad en los que están en juego varias iniciativas del gobierno Petro. Su llegada, sin embargo, ha generado ruidos sobre los que él ya dio su primer parte de tranquilidad tras su elección en el Senado. 

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"Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que va a llegar una persona que, por ser cercana al presidente de la República, no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional", dijo a los medios en el Senado, tras imponerse con 66 votos sobre las abogadas Karena Caselles y Dídima Rico.

Carvajal, quien ha sido conjuez de distintas corporaciones judiciales, fue ternado para ese cargo por su amigo, el presidente Gustavo Petro, a quien ha defendido en distintos pleitos jurídicos de índole electoral, como la destitución que le impuso la Procuraduría por el tema de las basuras cuando era alcalde de Bogotá. Para no ir más lejos, también fue quien acompañó al primer mandatario en su defensa por el proceso de supuestos ingresos irregulares a su campaña de 2022, que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Aunque él afirmó a su salida del Congreso que su experiencia de 42 años como abogado y conjuez brinda seguridad jurídica, desde que su nombre apareció en la terna enviada al Congreso junto a las abogadas Karena Caselles y Dídima Rico, empezaron los ruidos no solo por su cercanía de más de 10 años con el jefe de Gobierno. 

Uno de los factores de mayor peso que ha estado siempre bajo la lupa es que tiene 66 años de edad, y la jurisprudencia colombiana ha establecido que para estos cargos, los magistrados a los 70 años deben pasar al retiro forzoso. Sobre esto, el mismo Carvajal ha manifestado tener un concepto que legalmente le podría dar más años en la Corte, sin embargo, esa misma corporación ya se ha pronunciado al respecto.

La Ley 1821 de 2016 también habla de ello, fue con la que se estableció que los servidores públicos tienen como máxima edad de retiro los 70 años. "Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia", dice, aclarando que no aplica para los electos en las urnas.

Al referirse a asuntos en particular como pleitos de de la junta directiva del Banco de la República o de funcionarios que han reclamado su pensión, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han debatido recordando que los 70 años son el tope para permanecer en el servicio público. Aunque en el caso del banco se determinó que, excepcionalmente, no es aplicable para los integrantes de la junta.

"La edad de retiro forzoso es una causal de desvinculación del cargo para los empleados públicos de naturaleza objetiva, puesto que se activa con el cumplimiento de los 70 años (antes 65 años), sin que, en principio, puedan ser reintegrados bajo ninguna circunstancia", recoge una sentencia del Consejo de Estado de 2018.

El exmagistrado auxiliar Andrés Briceño señala que en el caso de Carvajal, que en teoría fue elegido para ocho años -como todo magistrado-, "según estos precedentes debería cumplir con la Constitución y la ley y una vez cumpla la edad retirarse del cargo, como también se señala en la última sentencia SU-391 de 2016".

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Este tipo de retiros forzosos ya se han presentado en las altas esferas de la justicia. En 2013, el magistrado William Giraldo, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, anunció que se iba por respeto a la instituciones debido a que había llegado a sus 65 años. 

En 2015, esa misma corporación vivió un cambio porque la magistrada Olga Valle de la Hoz, de la Sección Tercera, llegó al retiro forzoso y el Consejo Superior de la Judicatura tuvo que presentar un listado de opcionados para reemplazarlo. Ya en otra área de la justicia y con otras reglas de la época está el caso del exfiscal general Gustavo de Greiff, el cual fue decretado por la Corte Suprema tras un análisis de la magistratura en el que hubo posturas divergentes al señalarse que no debían aplicarle las reglas que rigen para los de las altas cortes.

No es inusual que quien fue elegido para ser magistrado de la Corte Constitucional se tenga que declarar impedido para asumir algún debate debido a algún interés particular. No obstante, al haber sido abogado del presidente Petro -ha tenido otros clientes de la política nacional como Oneida Pinto-, le haría apartarse de discusiones clave como la tutela que él mismo presentó contra el concepto del Consejo de Estado que avaló al CNE investigar a Petro por supuestas irregularidades en su campaña.

El magistrado Vladimir Fernández, que fue secretario jurídico de la Presidencia y ternado por Petro, no se declaró impedido en el estudio de esa tutela como ponente, por lo que está la expectativa de la postura que tome Carvajal ante escenarios como estos.

Otro reparo de la elección de Héctor Carvajal tiene que ver con la disparidad de género que se sigue sintiendo en las altas cortes. Actualmente, como magistradas de la Constitucional están Diana Fajardo, Natalia Ángel Cabo y Paola Meneses, por lo que la llegada del nuevo togado en reemplazo de Cristina Pardo ahonda en esa falta de equidad. Sobre esto, una de las funcionarias que ha insistido en la importancia de que mujeres lleguen a cargos de toma de decisiones en la Rama Judicial es la defensora del Pueblo, Iris Marín. Ahora, los ojos están sobre la terna que vaya a proponer la Corte Suprema para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo, quien culminará pronto su periodo de ocho años.

Precisamente, en cuanto a cuál será la postura que adopte en sus decisiones el nuevo magistrado, él les dijo a los senadores que se va a regir por la ley y que respetará las instituciones, pese a que la sombra del presidente Petro sigue allí. Con su participación en discusiones y sus respectivas votaciones es que se empezará a decantar la balanza en el pleno de la renovada Corte Constitucional.

Una postura que siempre ha mantenido Héctor Carvajal es que una entidad como la Procuraduría, que no tiene dientes jurídicos, no puede separar de su cargo a un electo por voto popular. Él se basa en que así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia -el de las basuras-, no obstante la Corte Constitucional ya se pronunció diciendo que el ente disciplinario sí puede destituir a los electos por voto, con un control automático del Consejo de Estado, que obra como juez.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]