¿En qué van las investigaciones contra Armando Benedetti?

En el debate presidencial organizado por EL TIEMPO y Semana, el candidato presidencial Federico Gutiérrez cuestionó al candidato Gustavo Petro dado que uno de sus asesores de campaña, el senador Armando Benedetti, tiene procesos judiciales en marcha.

Uno por presunto enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia y uno de extinción de dominio en la Fiscalía. ¿En qué van ambos procesos? 

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El proceso por presunto enriquecimiento ilícito arrancó en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con base en un informe pericial 004 del 24 de marzo de 2020 que consolidó su información económica, patrimonial y financiera desde 2002 que llevó a que, en marzo de 2021, el despacho de la magistrada Cristina Lombana le abriera una investigación formal y lo llamara a indagatoria.

En el expediente se indicó inicialmente que Benedetti tendría por justificar 2.919 millones de pesos que supuestamente no provendrían de su actividad económica como congresista, hechos que han sido negados rotundamente por el senador.

Ese informe sería el número 00327-05 del 13 de septiembre de 2021, en el cual funcionarios de policía judicial realizaron una nueva búsqueda de bases de datos solicitada a la Dian para recopilar declaraciones de renta entre 2002 y 2009 que concluyó que “no se presentaron diferencias patrimoniales por justificar”.

En febrero pasado, Benedetti envió a la Corte una carta en la que señala que se han recaudado más de 600 pruebas y en la que recordó que, desde diciembre de 2021, solicitó otras pruebas más.

“En noviembre pasado los peritos de la Fiscalía afirmaron que mi patrimonio estaba justificado. Por supuesto, este es un tema que debe surtir toda la valoración y controversia, pero cuando menos constituye un fuerte indicio de inocencia”, dijo Benedetti.

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Hasta el momento, ese proceso sigue en estudio en el despacho de la magistrada Lombana.

Por cuenta de una compulsa de copias que hizo la Corte Suprema con base en el primer informe pericial, la Fiscalía General anunció la imposición de medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro, avaluados en más de 8.000 millones de pesos.

El informe usado para llamar a indagatoria a Benedetti hacía referencia a la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá por 1.600 millones de pesos, adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en octubre de 2010, que pasó a manos de Benedetti ese mismo año y este, a su vez, constituyó una hipoteca con un banco por dicho monto. 

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Igualmente, la Fiscalía afectó con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por el senador.

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“El material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar”, dijo la Fiscalía en ese momento al reseñar además el inmueble de 1.600 millones de Ruby Corredor.

Ese proceso de extinción del derecho de dominio está en marcha. EL TIEMPO estableció que la Fiscalía aún no ha radicado la respectiva demanda ante un juez, para lo cual tiene un plazo de seis meses.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el caso no ha sido cerrado y sigue en proceso de investigación.

Entre tanto, al resolver una tutela, el pasado 25 de enero, la Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado de atención a la Fiscalía por este proceso y la exhortó para que, con independencia de si mantiene o no las medidas cautelares, “en la expedición de futuros actos a su cargo haga uso de un lenguaje compatible con la naturaleza patrimonial de la acción de extinción del derecho de dominio y, en consecuencia, se abstenga de proferir afirmaciones que impliquen atribución de responsabilidad penal a los individuos, sin que se cuente con el respaldo para ello”.

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La Corte hizo esta apreciación luego de que la Fiscalía, en algunos de los escritos relacionados con este caso, pareciera dar por sentado la responsabilidad de Benedetti “abusando de sus funciones en detrimento del erario público, traicionando la confianza depositada por sus electores".

La Corte además cuestionó a la Fiscalía por haber usado en el procedimiento en el apartamento del senador a 15 integrantes del Ejército, armados, acompañado de cinco funcionarios del CTI, al considerar que este fue excesivo.

"El involucrado en la diligencia, esto es, el accionante Armando Alberto Benedetti Villaneda - y su familia -, es una persona con un grado de exposición pública por su calidad de senador y desarrolla sus funciones en el Congreso de la República, por lo que tampoco es dable colegir que por sus características particulares resultaba necesario, proporcional y razonable el despliegue militar evidenciado en este caso", dijo la Corte en su mmento.

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