La calumnia y la injuria deben seguir siendo castigados con cárcel: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que no conceda una demanda que busca eliminar la sanción con cárcel que contempla el Código Penal para los delitos de injuria y calumnia.

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La Corte estudia una demanda que presentó la organización El Veinte, que trabaja en defensa de la libertad de expresión, que no pide eliminar los delitos, ni impedir que las personas presenten denuncias por estas conductas, sino que ataca la pena de prisión indicando que hay un cambio normativo y social respecto de la protección de la libertad de prensa.

“Lo que se alega es que las penas de prisión en esos delitos tienen un carácter intimidatorio que las convierte en un mecanismo de auto restricción de la expresión”, dice el recurso que reseña los litigios que se han convertido en un abuso para silenciar la libertad de expresión de las personas, especialmente de los periodistas y los medios de comunicación.

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En concepto conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría dijo que las cosas deben mantenerse tal y como están ahora porque el argumento que presentó la organización no sería suficiente para levantar la sanción de cárcel de los delitos, aún si en la teoría “algunas manifestaciones de las libertades de expresión y prensa podrían llegar a coincidir con la descripción típica de los delitos de injuria y calumnia”.

“Resulta infundada cualquier prevención en el ejercicio de las referidas prerrogativas por el temor a la sanción penal y, en caso de existir en el imaginario colectivo, la misma debe ser combatida a través de pedagogía constitucional, sin eliminar la posibilidad de proteger el buen nombre y la honra de las personas por medio del derecho criminal, en especial, a través de la pena privativa de la libertad que, por su naturaleza, genera una mayor coerción que la multa”, dice el documento.

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Para la Procuraduría, los argumentos de la demanda se basan en un “examen aislado” de las normas actuales que se pueden desvirtuar con la revisión sistemática de la ley y le solicitó a la Corte dejar las cosas como están, “sin perjuicio de las aclaraciones que se realicen para precisar que los delitos de injuria y calumnia no afectan el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa y, por ende, no obstruyen la funcionalidad de dichos derechos para la vigencia de la democracia”.

El caso, que tendrá que ser decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, está en manos de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien deberá elaborar una ponencia para presentarla a los demás magistrados.

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