Rifirrafe entre Camilo Romero y la Corte Suprema en el comienzo de juicio

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzó el juicio oral en contra del exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Ernesto Romero Galeano por presuntos vicios en un contrato para la compraventa de aguardiente durante su istración.

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La diligencia, no obstante, comenzó con un 'agarrón' entre Romero y la Corte Suprema luego de que el alto tribunal negara una petición de suspensión que hizo Ruth Marina Pulido, defensora pública que representa al exmandatario hace unas semanas. Ella argumentó que no ha podido conocer todo el expediente.

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La Sala de Primera Instancia dijo que si bien hubo días en que Pulido no tuvo contrato con la Defensoría del Pueblo, desde el 6 de diciembre de 2021 a la fecha transcurrió tiempo suficiente para conocer los términos de la imputación y la acusación que le hizo la Fiscalía a Romero, así como las decisiones que se tomaron en la audiencia preparatoria.

Ante ello, la defensora pública insistió que se trata de la primera petición de aplazamiento que se hace ante la necesidad de conocer el material probatorio y así poder defender a Romero.

"No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible", dijo la jurista.

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Ante la negativa de la Corte, Romero tomó la palabra para decir que su abogado de confianza, que había llevado el caso durante cuatro años, renunció "por no sentir garantías. Me quedo sin abogado no por decisión mía, sino por cómo ha venido actuando la Corte Suprema de Justicia".

Luego, Romero se enfrentó al magistrado ponente, Ariel Torres. "Dos años y ocho meses permitió usted que la Fiscalía General tomara ese tiempo sin reparo alguno, a eso no le llamaron dilación. La doctora Ruth es una defensora pública asignada por ustedes, no es ni siquiera mi abogada de confianza y le exigen que en 18 días tenga listo el juicio", dijo.

"Yo aquí he puesto la cara todas las veces que han sido necesarias, he acudido a todas las audiencias, soy el primer interesado en que este tema se resuelva, llegar si quiera a decir que aquí lo que hay es una dilación es una falta de objetividad a lo que ha ocurrido en el proceso", señaló Romero.

El precandidato presidencial cuestionó que la Corte no haya tenido en cuenta en una oportunidad pasada que su abogado tenía covid, "mientras que suspendió la audiencia porque el fiscal se sentía un poco mal". Y dijo que querían que le explicaran "cuál es  este acelere desmedido, porque esto sí repugna las garantías de los ciudadanos en un Estado Social de Derecho".

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Romero dijo que ha buscado abogados para que lo representen en el proceso penal, señaló que "tiene una responsabilidad del país por la labor que ejerzo como líder político, pero no se puede soportar que la balanza sea de este nivel" y pidió "ponderación".

"¿Cuáles son las garantías que tenemos quiénes nos hemos opuesto a un régimen de corrupción en Colombia? La tranquilidad que yo sentía ante la Corte Suprema de Justicia hoy queda reevaluada. Me quedaban dudas como la de enviarnos un correo y pretender que en dos horas respondamos a un documento de 200 páginas", señaló Romero.

"Usted me está llevando a un punto injusto, tener que enfrentarme con argumentos y de esta manera a quien tiene en sus manos la decisión de mi libertad. Eso no debería suceder en un Estado Social de Derecho. No se cuál es el interés detrás de todo usted. Usted lo sabe, todo el país lo sabe, yo soy precandidato presidencial y lo soy en un movimiento alternativa y no estoy pidiendo ningún beneficio", agregó.

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Ante las palabras de Romero, el magistrado que preside este caso, Ariel Torres, aseguró que "la actuación de la Sala se rige por el procedimiento previsto en la ley y, de ninguna manera, es caprichosa

Torres dijo que la decisión de no suspender la audiencia de juicio oral es una orden que no es objeto de recurso alguno.

"Fue expedida por los tres magistrados y, por lo tanto, no tienen por qué dar explicaciones sobre la misma, está contenida en la decisión. El procurador igual no puede interponer recurso", señaló.

Ante ello, Romero le quitó el poder a la defensora pública que le asignó la Sala Especial de Primera Instancia. Esto condujo a un receso de la dligencia. Entre tanto, Romero empezó su participación en el foro de diez aspirantes a la presidencia que adelanta EL TIEMPO y la revista Semana.

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Al momento de reiniciar la audiencia, la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia señaló que no fue posible ar a Romero para que el precandidato se conectara y que su asistente avisó de la circunstancia de la presencia de Romero en el foro, advirtiendo que ella le iba a informar lo sucedido. 

El magistrado Ariel Torres señaló que para leer la decisión tomada no era necesaria la presencia de Romero y procedió a negar la petición de suspender la diligencia y a hacer un fuerte llamado de atención.

"El despacho advierte que la solicitud deviene manifiestamente improcedente por lo cual no cabe más alternativa que denegarla, en razón a que la designación de la defensora pública no fue realizada mediante poder que le fuera concedida sino que obedeció a la circunstancia de no haber previsto lo relativo a su defensa técnica para lo cual fue requerido por la Corte desde el 16 de noviembre de 2021", dijo el alto tribunal.

La Corte explicó que por esa razón se ordenó la designación de una defensa pública, porque "la actuación no puede verse paralizada a voluntad de una de las partes, menos si la dirección del proceso se haya radicada en cabeza del juez".

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La Sala además dijo que el proceso penal se debe proceder de buena fe, "obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de sus derechos, evitando maniobras dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas. Menos puede pasar por alto (la Sala) que las partes deben guardar el respeto debido a servidores judiciales y a los demás intervinientes". 

"(...) El despacho se ve precisado a conminar al procesado Camilo Romero para que al igual que las demás partes intervinientes se acoja al procedimiento normativamente preestablecido", dijo la Corte al recordar que el trato debe ser respetuoso y el advertir que podría dictar medidas de corrección, en caso de ser necesario. Y dijo que si Romero cree que le han violado derechos, puede tomar las medidas que estime pertinentes.

Esas sanciones incluyen desde un desacato de orden judicial hasta multa de 10 salarios mínimos legales vigentes y arresto de cinco días. Finalmente, el alto tribunal señaló que el caso está próximo a preescribir, por lo cual no se puede aplazar el juicio.

Minutos después, cuando el magistrado Torres leía las reglas de juego para el juicio, Romero se conectó de nuevo a la diligencia y la interrumpió para decir que se le estaban violando sus derechos. Ante ello, el magistrado le advirtió que no le había dado el uso de la palabra y siguió con la lectura y Romero se desconectó.

El exgobernador fue acusado por la Fiscalía en 2018, junto con Mario Fernando Benavides, gobernador encargado y secretario de Hacienda, por hechos que remontan a 2016 cuando los integrantes del Comité de Crédito del Departamento, entre otros, acordaron entregar a la empresa OLN SAS, el negocio jurídico de compra venta de aguardiente Nariño, al parecer de manera irregular.

Según la Fiscalía, Romero y Benavides "se interesaron indebidamente en la celebración de la compraventa de licor aguardiente Nariño y escogieron para beneficiar con tal acto a la recién creada Organización de Licores de Nariño S.A.S., de la que hace parte uno de los concertados, Richard Giovanni Portilla, quien a su vez fue benefactor de la campaña electoral a la Gobernación de Nariño del señor Romero Galeano".

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"Para no figurar como suscriptor del acto istrativo que fijó la escala de venta y el precio del aguardiente Nariño, con el Decreto 363 de 23 de agosto de 2016, Camilo Romero encargó como gobernador por los siguientes días 24, 25 y 26 a Mario Fernando Benavides, Secretario de Hacienda del Departamento", dice la acusación.

Según la Fiscalía, "antes de publicar el Decreto 364 de 24 de agosto de 2016, que fijó el precio y escala de venta del aguardiente Nariño, la OLN S.A.S. consignó en efectivo en la cuenta de la Gobernación de Nariño, una suma cercana a los 2 mil millones de pesos, para presentarse como primeros oferentes de la compraventa de y asegurarse como beneficiarios de la compraventa… a la que allegó un cheque por 11 mil millones de pesos de la cuenta corriente perteneciente a OLN S.A.S, la que contaba con $7.232 de fondos".

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El caso se adelanta por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público , interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, asociación para la comisión de un delito contra la istración pública y falsedad material en documento público.

Romero no aceptó cargo alguno e insiste en que es inocente.

@JusticiaET

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