Juez colombiano de la Corte IDH pide a Petro proceso público para elegir su reemplazo

Humberto Sierra Porto, quien es el juez colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), recordó en un evento de la Corte Suprema de Justicia que este año el Gobierno debe presentar al candidato o candidata para reemplazarlo en ese tribunal internacional. Y, además, lanzó una propuesta: que ese proceso sea público y que participen juristas con experiencia.

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Se trata de un tema clave para el gobierno de Gustavo Petro para mantener la plaza que el país ha tenido en el tribunal internacional por años, en medio de una coyuntura justo cuando en Colombia no cesa la discusión sobre la aplicación del fallo, precisamente de la Corte IDH, en el caso del hoy presidente Petro.

"Este año hay que decirlo, Colombia debería presentar candidato a la Corte Interamericana, ojalá que el Gobierno haga un proceso abierto", dijo Sierra Porto.

Lo anterior, agregó, "para que nuestros juristas, nuestros magistrados, quienes han tenido experiencia y que se han dado cuenta de las connotaciones que tiene un tribunal internacional en el derecho interno, pueda haber una coherencia entre la importancia y la formación de quienes van a integrar este tribunal".

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Según Sierra Porto, este proceso es de vital importancia para que, además, "haya una comunicación entre las altas cortes, la istración de justicia y el Ejecutivo para lograr los objetivos nacionales en materia de coherencia en la protección de los derechos humanos".

Cabe recordar que Sierra Porto fue juez de la Corte IDH por primera vez entre el 2013 y el 2018, y fue su presidente por dos años consecutivos (2014-2015). 

Luego, en junio de 2018, fue reelegido con 19 votos de 23 como juez para el período 2019-2024, en el marco de la 48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pronunciamiento se hizo en el marco de un conversatorio sobre la discusión que hay sobre la decisión de la Corte IDH en el caso del hoy presidente Gustavo Petro, que indica que los derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular solo pueden ser afectados por la condena de un juez penal.

Como se sabe, al analizar la reforma a la Procuraduría que se hizo con la intención de cumplir ese fallo, la Corte Constitucional dijo que la entidad puede seguir sancionando, inhabilitando y destituyendo a elegidos por voto popular, pero advirtió que esa decisión tendrá que ir a un control judicial automático por el Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra al respecto.

Ese fallo dice, además, que las decisiones de la Corte IDH no se aplican de manera automática porque deben armonizarse con el ordenamiento jurídico interno, por lo cual se interpretó que mientras para el sistema interamericano tiene que ser un juez penal, para la justicia colombiana puede ser cualquier juez el que tenga esa decisión final.

En el marco de ese debate, Sierra Porto (quien como juez colombiano no participó de la discusión de la Corte IDH en el caso Petro), defendió la tesis del tribunal internacional y señaló que ante el panorama actual de discusión, en todo caso, debe haber una solución dialogada y no llegar a extremos de que el país se salga de la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

"Lo que no debemos hacer es proponer soluciones facilistas como las que he escuchado en algunas ocasiones de salir de la Corte, (que) como eso nos está causando dolores de cabeza, entonces salgamos de la competencia de la Corte, no", dijo.

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"Es un despropósito pensar en salir del Sistema Interamericano (de DD. HH.) y de las competencias de la Corte IDH porque la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, las altas cortes colombianas, en la manera como ejercen el derecho, en la manera como protegen los derechos humanos, hay una compatibilidad plena entre lo que dice el derecho internacional y el derecho interno", agregó.

Sierra Porto dijo que actualmente hay una diferencia sobre como interpretar el artículo 23 de la CADH, que es el que habla de los derechos políticos, pero sostuvo que esto es un asunto puntual.

"Hay una discrepancia en este momento sobre el articulo 23 es un asunto puntual dentro de un universo donde el 99 por ciento hay armonía y el ordenamiento colombiano es muchísimo más progresista en la protección de los derechos. Decir que nos vamos a salir del Sistema Interamericano es desproporcionado, es un exabrupto porque eso sería ponerse a nivel de Nicaragua o como está sucediendo en Venezuela", agregó.

Según Sierra Porto, el país está en etapa de transición respecto del tema de los sancionados de la Procuraduría que, aunque importante, "tampoco es el fin del mundo", pues se requiere de diálogo y de no "generarle a la ciudadanía la sensación de que hay un caos".

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Y aseguró que "no se puede usar el derecho interno como una excusa para no aplicar sentencias y obligaciones de carácter internacional. Es es uno de los aspectos que ha hecho que no entendamos cual es el alcance de la discusión en muchas ocasiones".

Los planteamientos de Sierra Porto fueron respondidos por el actual magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Cortés, y por el expresidente de la Corte Luis Guillermo Guerrero, quienes abogaron por la armonización entre los mandatos internacionales y el derecho interno, defendiendo el reciente fallo de la Corte sobre la reforma a la Procuraduría.

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