Malo, Ramos y Morelli, casos que deberían definirse este año en Corte

En el 2018, cuando fue creada y entró en operación por cuenta de la ley de doble instancia, la Sala Especial recibió al menos 133 expedientes que estaban en la Sala de Casación Penal en juicio y sobre los que se debía tomar una decisión, ya sea que fuera absolver a los aforados acusados o condenarlos.

Tras recibir esos 133 procesos, en el 2019 le llegaron nuevos casos y evacuó otros con lo cual a comienzos del 2020 el inventario final de esa sala, según registros del Consejo Superior de la Judicatura, estaba en los 214 procesos. Para este 2021, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, la Sala arrancaría aproximadamente con unos 150 expedientes.

Algunos de los casos que el año pasado no lograron resolverse y que siguen pendientes de que haya un fallo son el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo; o el de la excontralora general Sandra Morelli.

En el caso de Ramos, acusado por presuntos nexos con paramilitares y cuyo proceso ya suma nueve años en la corporación, precisamente hubo polémica en septiembre del año pasado porque una tutela de la ahora extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó quitarle el expediente al magistrado Ariel Agusto Torres, por lo cual se le envió al otro magistrado que había en ese sala para ese momento, Jorge Emilio Caldas. 

La polémica se dio porque el fallo de tutela a favor de Ramos fue decidida por Julia Emma Garzón, magistrada que duró más de 12 años en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, quien ordenó quitarle el caso a Torres endilgándole responsabilidad por la supuesta filtración a medios de comunicación de una ponencia que proponía condenar a Ramos a 19 años de prisión.

Por esos hechos, la Sala Disciplinaria no solo le quitó el caso a Torres –quien en su momento dijo que la decisión era arbitraria, señalando que nunca hubo pruebas de la filtración-, sino que además ordenó elaborar una nueva ponencia.

Es así como este año Caldas tendrá que presentar un nuevo proyecto de fallo ante la nueva magistrada Blanca Barreto Ardila, nombrada en la Sala Especial de Juzgamiento en octubre en la vacante que había dejado Ramiro Alonso Marín tras su renuncia. Como Torres no podría participar, solo podrían decidir Caldas y Barreto y si hay empate se tendría que nombrar a un conjuez.

Otro caso que sigue sin resolverse, dos años después, es el de Gustavo Malo, quien era magistrado de la Sala Penal y fue juzgado por supuestamente haber hecho parte del denominado ‘Cartel de la Toga’. Lo último que pasó en su proceso es que en noviembre del año pasado la Sala Penal confirmó una decisión de la Sala de Juzgamiento que le negó poder incluir en su juicio unas pruebas.

En esa decisión, la Sala se negó a incluir 10 pruebas que estaba pidiendo Gustavo Malo, como volver a escuchar al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, hacer inspecciones en correos, y escuchar a otros testigos, y además rechazó su solicitud de ampliarle la indagatoria.

“El procesado ya ha tenido la oportunidad de intervenir cuando así lo ha requerido, desde el conocimiento que tiene del marco fáctico y jurídico del escrito de acusación, perspectiva desde la cual ha podido efectuar todas las exposiciones que ha considerado pertinentes sin cortapisas o limitantes de ningún tipo”, dijo la Corte, señalando que por eso no tiene sentido volver a repetir esa diligencia.

También porque, señaló la Corte, Malo podrá exponer sus argumentos cuando se hagan los alegatos de conclusión, que aún no se han dado en este caso.

Y en el caso de Sandra Morelli, que ya suma seis años, pues fue acusada por la Fiscalía General en el 2014 por el delito de peculado a favor de terceros por supuestas irregularidades en el pago de alquiler del antiguo edificio de la Contraloría, tampoco hay aún un fallo.

Su proceso sigue en juicio y, según fuentes de la Corte, en febrero se comenzarán a escuchar testimonios. La última actuación visible que tuvo este proceso fue en el 2018, cuando el entonces magistrado Ramiro Alonso Marín resolvió un impedimento que había presentado el magistrado Jorge Emilio Caldas para conocer el juicio oral tramitado contra Morelli.

Según Caldas, él debía quedar apartado del caso porque como procurador cuarto delegado penal intervino en la audiencia preparatoria del juicio, en el 2017, en donde manifestó su inconformidad con los criterios que había planteado la Fiscalía para sustentar la exclusión de pruebas, y llamó la atención sobre algunos testimonios solicitados por la defensa.

Sin embargo, ese impedimento fue rechazado porque la Sala de Juzgamiento encontró que las declaraciones que hizo Caldas no fueron de fondo ni hubo pronunciamientos sobre la presunta responsabilidad de Morelli. Es decir, Caldas puede seguir participando en este caso porque no hizo juicios de valor sobre las conductas punibles por las que la excontralora fue acusada.

Además de Malo, Ramos y Morelli, hay otros procesos que también suman años en la Corte. Uno de ellos es el de Juan Carlos Granados Becerra, recién posesionado en el cargo de magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, y quien será acusado este tres de febrero por supuestamente intentar favorecer con contratos a Odebrecht cuando era candidato y luego gobernador de Boyacá. 

Tampoco se ha resuelto el caso del exgobernador de Guainía Arnaldo José Rojas Tomedes, acusado en el 2014 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.

Lo último que pasó en ese caso, en mayo del año pasado, es que la Corte aceptó que el departamento de Guanía sea considerado en este caso como parte civil, pero se abstuvo de ordenar una medida de embargo y secuestro sobre los bienes del exfuncionario señalando que no se aportó información para identificar esos bienes muebles o inmuebles sobre los que deberían recaer las medidas cautelares.

Tampoco se ha resuelto el caso de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, procesada por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, y peculado por apropiación. En el 2019 la Sala Especial de Juzgamiento revocó una decisión que había negado la isión de una prueba solicitada por la defensa.

El año pasado la Sala de Juzgamiento resolvió algunos procesos como el del excongresista Óscar Suárez Mira, condenado a 6 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito por aceptar dineros del exnarcotraficante Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra para su campaña al Congreso en el 2002.

También resolvió en el 2020 el caso que había contra el exgobernador del Guaviare José Alberto Pérez Restrepo, quien había sido acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito cuando fue mandatario, entre 2004 y 2007. Pero la Corte lo absolvió y archivó el expediente por carencia de pruebas documentales y científicas para poder emitir una condena.

REDACCIÓN JUSTICIA

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