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Corte Suprema condena a Luis Alberto Monsalvo Gnecco a 21 años de prisión

El exgobernador del César por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del departamento del Cesar. Foto: Cortesía

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Jesús Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL21.03.2024 08:45 Actualizado: 21.03.2024 08:45

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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio en la mañana de este jueves 21 de marzo, lectura de sentencia dentro del proceso seguido en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del departamento del Cesar.

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Así las cosas, el alto tribunal condenó al exmandatario a 21 años y 8 meses de prisión por ser hallado como coautor responsable del punible de peculado de apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisito legales, por apropiación a partir de la firma de un convenio en agosto de 2015, con relación al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En la parte resolutiva, la Corte indicó que Monsalvo será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y deberá pagar una multa de $1.537.021.828. De igual forma, deberá consignar al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Además, se instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec para que traslade "inmediatamente al procesado a un centro de reclusión".

El defensor del exmandatario, José Luis Barceló indicó que apelará la decisión.

Por su parte, Monsalvo, en medio de la diligencia, aseguró que apelará la decisión a través de un escrito que hará llegar al despacho.

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En un documento de 179 páginas, la Sala en febrero pasado, explicó que este contrato fue suscrito entre el departamento del Cesar, a través de su Secretario general Jaime Luis Fuentes Pumarejo y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, representado por Maria Angelica Aradjo Noguera y conformado por la Fundación Kabala.

Audiencia de Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Foto:Cortesía

Dicho contrato tenía por objeto: “prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnicos, istrativos y estándares del programa de alimentación escolar PAE”, por valor de $ 17’145.105.000 con un plazo de ejecución de 59 días calendario.

La Corte consideró que se demostró que la suscripción del contrato se adelantó, sin que se cumplieran los requisitos legales: “fue el medio idóneo para que terceros se apropiaron de recursos públicos”. En consecuencia, “el contrato tuvo importantes sobrecostos, lo cual le generó al contratista un beneficio económico”.

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Dentro de los hallazgos detectados en la investigación se tiene que la compra del kilo de hígado a un precio de 65.460 pesos “cuando el valor de la carne figuraba en esa época (2015) en el boletín del sistema de información de precios y abastecimiento del sector agrario del Dane (Sipsa) en $14.000 el kilo, que era lo más próximo al hígado”, se lee en el documento.

Además se destaca: “A juicio del ente acusador quedó claro, es el precio de referencia de los alimentos que debió fijarse de acuerdo con la educación o abastecimiento de estos, para lo cual debieron contemplarse los del mercado nacional, según lo señalado en los estudios del sector que es ley del contrato”.

Redacción Justicia:

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