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Reforma a la Justicia: Corte 'salva' polémicos cargos para la Defensoría con ajustes
El alto tribunal hizo una serie de precisiones y llamó al Congreso a dictar una ley nueva.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el boletín semestral de derechos humanos. Foto: Defensoría
Más de un mes después de que se tomara la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer su fallo sobre el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 de 2021 Senado, que es la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso durante el Gobierno de Iván Duque.
Ese proyecto de Ley que deberá pasar a sanción del presidente Gustavo Petro tenía, entre otros, algunos elementos polémicos como la creación de cargos para la Defensoría del Pueblo.
El artículo segundo de este proyecto dice que en cada municipio habrá una oficina de la Defensoría del Pueblo para garantizar el a la justicia de los ciudadanos.
En medio del debate hubo una ardua polémica debido al impacto fiscal que tendría la medida y su alto costo ya que esta entidad tiene apenas 42 regionales, que abarcan entre 30 y 40 municipios y en el país hay más de 1.000.
En su revisión, la Corte dijo que entendió el artículo como una "autorización de gasto y no como una orden directa de gasto pues para materializar lo dicho allí es indispensable que el Congreso expida una ley que reglamente la materia e introduzca los cambios en la planta de personal de la Defensoría".
Eso sí, la Corte tumbó un apartado que decía que la reglamentación al respecto la hacía el Defensor del Pueblo al indicar que "ese funcionario carece de la competencia para reglamentar los empleos públicos, al ser una materia que tiene reserva legal".
Además de insistir en que este tema es de competencia del Congreso porque implica una modificación de la estructura de la entidad, la Sala Plena dijo que la creación "de nuevos cargos es necesario que la ley incluya un análisis de impacto fiscal".
De otro lado en ese mismo artículo, la Corte avaló un artículo que dice que conforme con la situación fiscal de la Nación y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector justicia, el Estado deberá garantizar el estándar internacional de jueces por número de habitantes.