Tribunal niega la tutela con la que Uribe buscaba tumbar su imputación

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que presentó el pasado 18 de enero la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en la que pedía que se tumbara la calidad de imputado que se le dio el 7 de noviembre del año pasado. 

Según la decisión, tomada por la Sala Penal y cuyo ponente fue el magistrado Rafael Enrique López, la tutela de Uribe es improcedente. 

La razón para rechazar la tutela es que, a pesar de que el caso de Uribe es de alta relevancia constitucional -por ser sui generis-, no cumple con los requisitos para poder elevar una tutela, puesto que estos recursos deben ser excepcionales y subsidiarios.  

Eso significa que se tienen que haber agotado todas las vías ordinarias y extraordinarias para poder alegar que el último recurso que quedaba era la tutela y acudir a ella. 

Entonces, para el Tribunal Superior de Bogotá la tutela de Uribe no es procedente porque la actuación penal en su contra está en curso y, por lo tanto, la tutela no puede convertirse en un medio para "crear procedimientos paralelos o alternativos a los fijados por el legislador, así que el problema jurídico aquí planteado corresponde resolverlo al juez penal", dice la decisión. 

El Tribunal asegura que al quedar imputado, la Fiscalía, siendo la titular de la acción penal, es la que ahora debe decidir si presenta una solicitud de preclusión del caso, o si radica el escrito de acusación en contra de Uribe, o llega a un principio de oportunidad con él. 

"Dependiendo de la salida procesal que se adopte, será el operador jurisdiccional ordinario y no el constitucional quien deba emitir decisiones de fondo respecto a la situación jurídica del accionante", asegura el fallo de tutela. 

Pero, además, asegura el Tribunal, si la Fiscalía decidiera acusar a Uribe, en esa audiencia ante un juez tanto la defensa de Uribe como la Fiscalía, y hasta la misma Procuraduría, podrían reclamar "la corrección del yerro invocado en esta acción de tutela". 

Es así como en ese escenario, en una hipotética audiencia de formulación de acusación contra Uribe, es que se podrían corregir presuntas irregularidades ocasionadas por decisiones de los jueces y reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa.

Es en esa audiencia ante un control de conocimiento que, asegura el Tribunal Superior de Bogotá, al ejercer las funciones de control de legalidad el juez podría evaluar las supuestas irregularidades que le presenten las partes sobre este caso, en concreto, las razones por las que la defensa cree que una indagatoria no se puede equiparar a una imputación.

En conclusión, para los magistrados no es posible aceptar la tutela de Uribe porque eso "implicaría una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria". 

Por último, el Tribunal consideró que tampoco hay un perjuicio irremediable que pueda afectar los derechos de Uribe porque, entre otras cosas, él está libre, lo cual hace que no esté en juego un riesgo inminente y grave sobre una garantía constitucional como es la libertad. 

En la tutela que fue rechazada, el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe, alegaba que al expresidente se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa. 

Por eso, había solicitado que se anulara la decisión del juez cuarto penal del circuito de Bogotá en la que determinó que el exmandatario ya fue imputado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Al rechazar la tutela, la imputación sigue quedando en firme. En todo caso esta decisión es de primera instancia, por lo cual, si es impugnada por la defensa del expresidente, la segunda instancia tendría que ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La decisión que tome esa sala podría ser revisada por la Corte Constitucional, si es que decide elegir la tutela para su evaluación. 

La tutela se presentó porque el 7 de noviembre del 2020 -cuando el juez  cuarto penal del circuito dejó libre al expresidente Álvaro Uribe-, también estableció que él ya había sido imputado, pues consideró que la indagatoria que había alcanzado a adelantar en su contra la Corte Suprema de Justicia -por el viejo sistema de la ley 600 2000- podía asimilarse a una imputación de cargos del nuevo sistema (ley 906 del 2004 o Sistema Penal Acusatorio). 

Así las cosas, el juez determinó que la indagatoria y la imputación eran equivalentes y, por lo tanto, Uribe ya había sido imputado. Desde ese momento comenzaron a correr 120 días para que la Fiscalía General defina si acusa y llama a juicio al expresidente por esos delitos, si precluye el caso o si llega con él a un principio de oportunidad. 

Para la defensa de Uribe, al expresidente y exsenador se le vulneraron sus derechos porque, a su juicio, una indagatoria no puede compararse con una imputación de cargos. Además, señaló que el juez que le dio esa calidad de imputado a Uribe desbordó sus competencias, porque considera que la única que podía definir en qué etapa procesal quedaba esta caso -luego de que la Corte perdió competencia para investigarlo por su renuncia al Senado- era la Fiscalía General. 

En el proceso el fiscal que fue asignado como investigador en el caso contra Uribe, Gabriel Jaimes, había pedido al Tribunal Superior de Bogotá aceptar la tutela de la defensa y tumbar la imputación.  Lo mismo había pedido la Procuraduría General, quien también se pronunció a favor de Uribe. 

En cambio, quienes se han presentado como víctimas en este proceso, el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre, habían solicitado que la tutela fuera declarada improcedente, como en efecto ocurrió. 

Tras conocerse la decisión del Tribunal, el senador Iván Cepeda aseguró que la justicia le dio la razón "sobre la improcedencia de este desesperado recurso con el que se buscaba eludir el llamamiento a juicio del hoy exsenador". 

REDACCIÓN JUSTICIA