El caso de presunta corrupción por el que imputaron al designado ministro de Trabajo

El designado ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está a un paso de enfrentar un juicio oral por supuestos actos de corrupción dentro del famoso 'carrusel de la contratación' de Bogotá cometidos hace 15 años, los cuales le narró un fiscal especializado el 30 de octubre de 2024, en un caso que pasó desapercibido hasta que salió a la luz pública esta semana.

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Para ese mes del año pasado, en un juzgado de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, el cual no aceptó y ahora lo tiene a punto de escuchar la acusación de las autoridades en su contra.

El proceso, que tampoco tuvo mayor difusión pública por parte de la istración de la fiscal Luz Adriana Camargo, fue revelado por el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio, y parte de hechos en los que Sanguino -miembro y exsenador de la Alianza Verde- habría participado del polémico carrusel entre los años 2008 y 2011, cuando él era concejal de Bogotá. 

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Según el ente acusador, Antonio Sanguino habría intercedido ante el entonces alcalde de la capital -en esos años gobernó Samuel Moreno-, y el entonces secretario de Salud para que nombraran a una persona cercana a él en la gerencia del Hospital de Usme.

Además, en el expediente contra el entrante funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro -quien precisamente denunció el 'carrusel de contratación'- sale que el exconcejal presuntamente acudió a encuentros en los que se acordó con un contratista de la ciudad adjudicar un proyecto con una jugosa suma de dinero.

En la cita, de la cual aún no se conocen más nombres de los asistentes, se habló exactamente de la idea de construir una nueva sede del hospital de Usme, la cual valía cerca de 15.020 millones de pesos. El negocio entre los presentes consistió aparentemente en que el contratista iba a entregar el 10 por ciento de lo que le llegara del proyecto a cambio de que se lo dieran a él. 

Desde su cuenta de X, Sanguino respondió diciendo que "en su momento fui investigado por la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos en 2008, cuando me desempeñaba como concejal de Bogotá, instancia que nunca formuló cargos en mi contra. Tampoco lo hizo ninguna de las anteriores istraciones de la Fiscalía. 16 años después, cuando además los hechos han prescrito legalmente, mediante maniobras jurídicas evidentemente equivocadas, se pretende forzar una acusación desconociendo principios fundamentales como el debido proceso".

A propósito de recursos legales, ese 30 de octubre después de la imputación, la defensa del ministro designado presentó una apelación a los hechos narrados por el fiscal, que el juzgado no le aceptó. Ante ello, se puso una queja que escaló hasta un juez de conocimiento, que el 22 de noviembre no le dio la razón a Sanguino y su apoderado.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]