Fiscalía pedirá cárcel para Carlos Ramón González por caso UNGRD: ¿cuándo vendría notificación a Interpol?

La pirámide de exfuncionarios del Gobierno judicializados por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cada vez va en ascenso. Carlos Ramón González, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, está llamado el miércoles a imputación por tres delitos por ser el supuesto cerebro en el entramado ilegal.

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El ente acusador ha dicho que este caso consta de una empresa criminal con la que se quiso desfalcar al Estado a punta de contratos irregulares de la UNGRD, que iban dirigidos con fines electorales para beneficiar, presuntamente, a personas como el senador Iván Name, de la Alianza Verde como González. 

El llamado a imputación de este alto exfuncionario que llegó a ser el jefe del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es por supuesto cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Y se produjo la semana pasada, varios meses después de que reventara el escándalo en el que hay señalamientos de que a finales de 2023, le habría pedido a Olmedo López, como director de la UNGRD de la época, que entregara 60.000 millones de pesos en contratos a Name, y otros 10.000 al representante liberal Andrés Calle. Ambos hoy están presos por este escándalo.

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Así lo narró la fiscal María Cristina Patiño el año pasado ante un juez, resaltando que como los congresistas insistían en la contratación, González les cambió la oferta: 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 a Calle en efectivo. Para todo este tipo de negociaciones irregulares, la Fiscalía identificó que el procesado habría orquestado un plan con Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones presa por estos hechos, para fue fuera la intermediaria con Iván Name, quien públicamente en sus intervenciones criticaba al Gobierno.

Como el exdirector del Dapre al parecer cometió los delitos siendo aforado, la diligencia de imputación se realizará ante un magistrado del Tribunal de Bogotá desde las 8 de la mañana de manera virtual, con la incógnita de si el procesado se presentará, ya que lo que ha trascendido es que se fue hace unas semanas para otro país intuyendo lo que se venía en su contra, y dejando al penalista Iván Cancino como su defensor.

Después de la imputación, la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento intramural en su contra, lo que llevaría a emitir automáticamente una orden de captura en su contra. Expertos consultados por EL TIEMPO hablaron de cómo sería la ruta para solicitar su detención en caso de que la avale la magistratura.

El abogado Marlon Díaz subrayó que si se impone la medida, casi que automáticamente "procedería la orden de captura y eso podría llevar a una circular de Interpol para una captura internacional", bajo el entendido de que González está por fuera del país.

La ruta que sigue después de ello la explicó el penalista Camilo Burbano, resaltando que lo dictaminado por el Tribunal solo tiene vigencia en el territorio nacional, por lo que es la Fiscalía la que debe "solicitarle a Interpol que oficie a sus oficinas en otros países para que ellos emitan una circular, que puede tener diferentes circulares según su finalidad. La roja es la que se conoce como una orden de captura internacional, pero hay otras: amarillas, azules".

Una vez ubicado, el penalista Carlos Hernán Escobar subrayó que "el Ministerio de Justicia tendrá que examinar la documentación y si determina que está ajustada a la ley, lo debe remitir a la Cancillería para que esa cartera adelante las gestiones diplomáticas necesarias para obtener la extradición".

Tras el encargo que le habría hecho Carlos Ramón González a Sandra Ortiz, ella habría partido desde el Hotel Tequendama en Bogotá los días 12 y 13 de septiembre a la casa de Iván Name, a realizar dos entregas, cada una por 1.500 millones de pesos. De eso dieron cuenta Sneyder Pinilla y Olmedo López, exfuncionarios de la UNGRD presos que están declarando contra los otros involucrados a cambio de beneficios.

La intención que tendría González sería obtener beneficios en el Congreso con las reformas que le interesaban al Gobierno, a cambio de repartir contratos. "Sandra Ortiz conocía que en acopio con González estaba traficando influencias en Olmedo López para obtener recursos ilícitos de la contratación de la UNGRD, que estaban destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable, derivada de las calamidades públicas, en favor de Iván Name", reseñó la Fiscalía.

Por eso, los investigadores lo tienen ubicado como una de las fichas más importantes en este, uno de los capítulos del saqueo a la Unidad, en el que también hay nombres como César Manrique, ya citado a imputación, y del exministro Ricardo Bonilla, aún pendiente por conocer de su futuro jurídico.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]