El fiscal general de la nación Francisco Barbosa no avaló una parte de un principio de oportunidad que un fiscal delegado había tramitado a favor de Natalia Trujillo -una de las implicadas en el caso Andino- y que se refería a que entregaría información sobre supuestos hechos relacionados con la Universidad Nacional.
Fuentes del ente acusador señalaron que el fiscal del caso propuso que como parte de los hechos por los que recibiría beneficios la ahora testigo se encontraban actos relacionados con su condición de abogada egresada del centro educativo, por lo que supuestamente tendría información sobre la presencia del Eln en la institución. De hecho, en la audiencia del lunes se leyó este punto en una diligencia realizada en los juzgados de Paloquemao.
Sin embargo, señalaron las fuentes, el fiscal Barbosa no incluyó en su decisión ese punto y limitó los beneficios a que ella entregara información sobre 10 atentados realizados en Bogotá y Armenia y que declarara contra nueve personas vinculadas a esos hechos perpetrados por integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), brazo armado del Eln.
“No se avaló esa parte porque eso era estigmatizar a la Universidad y a una profesión. Acá se han respetado los derechos de las víctimas y el buen nombre de las instituciones”, dijo la fuente.
En ese sentido se pronunció anoche en una rueda de prensa la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, quien señaló: “No entendemos las intenciones para que no quieran que este caso avance, esta istración de la Fiscalía General de la Nación jamás aceptaría un principio de oportunidad donde se estigmatizara de alguna manera esa alma mater”.
Añadió que ese tipo de situaciones ponen en riesgo el avance de las investigaciones. “Siempre se han garantizado el debido proceso y los derechos de las víctimas ante estos ataques que afectan las instituciones y la justicia”, dijo la vicefiscal Mancera.
Lo contenido en el documento del fiscal del caso, y que el ente acusador afirma no fue avalado por el principio de oportunidad firmado por el Fiscal General, generó polémica y rechazo en la comunidad educativa, que consideró que esos señalamientos se consolidaban como un estigmatización al centro educativo y una vulneración a la dignidad y reputación de los egresados, estudiantes y profesores.
Con el principio de oportunidad concedido y que tiene una vigencia inicial de un año, ella es dejada de investigar por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, por los que se arriesgaba a una pena de más de 50 años de cárcel.
Igualmente, se le concede la libertad y la Fiscalía se compromete a garantizar la seguridad de la testigo y de su familia ante posibles retaliaciones del Eln.
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