En medio de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, se desmantelaron seis unidades de producción de minería ilegal en el sector conocido como Chorro Bocón en las selvas del Guainía.
En el marco del Plan Perseo, fueron destruidos, en una primera operación, los yacimientos ilegales de extracción de oro, 3.000 metros de manguera y rios empleados para el ilícito, avaluados en más de 60 millones de pesos y que se extendían por más de cuatro kilómetros afectando las fuentes hídricas de la selva y la flora y fauna de los alrededores.
En un segundo golpe, las Fuerzas Militares, en el desarrollo de patrullas de control fluvial sobre el río Inírida, dieron cuenta de una embarcación irregular que transportaba 10 motores, 28 rotores, radios de comunicación y elementos avaluados en más de 130 millones de pesos que presuntamente serían utilizados para la extracción ilícita de oro.
"Con este resultado se evita la extracción de más de 2.300 gramos de oro mensuales, que en el mercado ilegal podrían alcanzar un valor superior a los 600 millones de pesos", señaló un comunicado de la Fuerza Pública.
Teniendo en cuenta el impacto ambiental que este enclave de minería ilegal produjo en las selvas de Guainía, se estima que deberán pasar más de 30 años para que se recupere la capa vegetal afectada en el sector.
Las autoridades concluyen que el daño ambiental es de carácter irreparable debido a que las excavaciones alcanzaban una profundidad de 12 metros, creando lagunas de sedimento y lodo que han disminuido la fertilidad del suelo y, por ende, dificultan la germinación de nuevas plantas.
El negocio de la minería ilegal
Un informe de este año de la Contraloría señala que el 66% de la minería ilegal que se realiza en el país, se hace en zonas protegidas como parques naturales y reservas forestales.
La entidad señala que desde 1990, el país ha perdido seis millones de hectáreas de selva a causa de la deforestación y minería ilegal y que hoy se puede estimar que más del 85 por ciento del oro que exporta el país, viene de actividades ilícitas.
Así mismo, calcula que un kilo de oro ilegal cuesta más de 250 millones de pesos y hace la comparación con un kilo de cocaína, que puede estar costando en los laboratorios de producción un promedio de los cinco millones de pesos.
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