La pelea silenciosa por megalote en el Atlántico destinado a víctimas del conflicto

La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla negó el levantamiento de las medidas al lote.

De acuerdo con las investigaciones, en el predio las AUC tenía secuestrados. Foto: Fiscalía General de la Nación

PERIODISTA JUDICIAL24.02.2024 12:41 Actualizado: 24.02.2024 23:02

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Con una área de 22.000 metros cuadrados, el predio Aliher, ubicado en el municipio de Galapa, Atlántico, ha estado en el centro de una disputa en los estrados judiciales a instancias de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla.

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El megalote fue entregado en febrero de 2023 por la Fiscalía General al Fondo para la Reparación a las Víctimas, debido a que habría sido usado por los paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para mantener en cautiverio a personas secuestradas.

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Según las autoridades, el predio está avaluado en 6.800 millones de pesos, y en ese momento, la Fiscalía señaló que las verificaciones daban cuenta de que “pertenecería a José Manuel Orozco Ovalle, alias el Pollo Orozco, quien en su momento fue considerado como uno de los colaboradores del frente ‘José Pablo Díaz’ ”.

La anterior información fue validada por la Sala al encontrar fundada una denuncia que hizo el postulado Carlos Arturo Romero Cuartas, un desmovilizado de dicho frente, según la cual el propietario real del inmueble fue el excomandante ‘Pollo Orozco’, “aunque fue registrado a nombre de su esposa Marta Lucía Yaruro Arzuaga”.

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Poco después de que se anunció el proceso, al tribunal llegó un acta en la que se indicaba que la propietaria del inmueble era la sociedad Gieslipi SAS, la cual radicó un “incidente de oposición de terceros a medida cautelar”.

En la demanda se alegó que el inmueble fue adquirido por la sociedad a Yaruro Arzuaga, “por el modo de contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública en la Notaría Cuarta de Barranquilla, con el fin de construir unas bodegas para venta y alquiler”.

Durante las diligencias, la parte demandante señaló que contrató a un abogado que realizó por encargo de la sociedad el respectivo estudio de título, encontrando mediante escritura “la constitución de un gravamen hipotecario” y también “la cancelación” de dicho gravamen.

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Lo anterior permitió que la parte se constituyera como terceros de buena fe “exenta de culpas o creadora de derechos de parte de la sociedad”.

Además, alegaron que el negocio jurídico, que transfirió el derecho de propiedad a la sociedad, fue lícito. “Fue comprado con los frutos de una actividad lícita como fue el producto de la venta de una propiedad familiar”.

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El proceso surge, según la defensa, de la versión libre de Romero Cuartas, en la que señaló que el predio era utilizado por las Auc y que hizo presencia en él.

“Le escuchó decir al jefe ‘Moncho’, información que ratificó en audiencia, donde precisó que en dicha propiedad estuvo secuestrado un ciudadano panameño. Sin embargo, el postulado Yonos Rafael Acosta Garizábalo declaró que, aunque Romero Cuartas mencionó en Justicia y Paz el homicidio del ciudadano panameño, la investigación se encuentra en ‘etapa pasiva’ pues no han podido localizar el cadáver, ni acreditar la existencia e identidad de la víctima”.

El terreno fue avaluado en millones de pesos. Foto:Fiscalía General de la Nación

Alegó además que la persona jurídica de la empresa se enteró de la venta del bien por un aviso y lo adquirió tras negociar con la propietaria por la suma de $ 242.000.000, “dinero que fue cancelado con cheques y una camioneta marca Prado”.

Sin embargo, la Fiscalía alegó que el bien pertenecía a un comandante financiero de las Auc y fue “la sede de múltiples actividades delictivas”. El representante del Fondo para la Reparación a las Víctimas avaló la posición del ente acusador.

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Para el tribunal, la finca tuvo relación directa con el conflicto toda vez que fue adquirido en el 2005 –pero con una posesión desde el año 2003, periodos que coinciden con la consolidación del paramilitarismo en el Atlántico– por Yaruro Arzuaga, cónyuge de Orozco Ovalle.

Así las cosas, la sala concluyó que quedó solventado ampliamente que el bien Aliher “hizo parte del patrimonio familiar de un confeso jefe de finanzas del Bloque Norte de las Auc”.

Por lo tanto, la Sala denegó las pretensiones y mantuvo vigentes las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el predio.

Redacción Justicia:

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