‘Tren de Aragua’, disidencias, el Eln y el ‘clan del Golfo’ están detrás de la trata de personas en Colombia, según EE. UU.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de publicar su informe anual sobre trata de personas, que incluye un capítulo sobre Colombia, en el cual señala que el país cumple los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, pero también se reporta la preocupante realidad de la explotación de mujeres, niños y migrantes en el país. Además, se advierte de falencias en la judicialización de los casos.

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“Los traficantes explotan o han explotado a colombianos en al menos 38 países, incluidos Argentina, Aruba, Las Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Chile, China, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Haití, India, Italia, Israel, Jamaica, Japón, Malta, México, Panamá, Perú, Polonia, Sint Maarten, Eslovenia, Corea del Sur, España, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes, Dubai y Estados Unidos”, se lee en el capítulo sobre Colombia.

También se indica que los traficantes atraen a las víctimas con falsas oportunidades de empleo para luego explotarlas sexualmente y en trabajo forzado. El documento indica que para el 2022, el 36 por ciento de las víctimas de trata de personas doméstica provenían de Bogotá y Antioquia, y el 59 por ciento de las víctimas fueron identificadas en Bogotá, Antioquia y Norte de Santander.

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Entre las personas en alto riesgo se identificaba a personas de origen venezolano, a población LGBTIQ+, afrocolombianos, indígenas, personas con discapacidades, migrantes y personas que viven en zonas de influencia de grupos armados ilegales.

El documento también indica que los 2.9 millones de venezolanos que viven en Colombia estaban en alto riesgo de tráfico sexual y tráfico para trabajo forzado.

“Los migrantes venezolanos en ciudades fronterizas a menudo usaban sus ingresos diarios para cubrir los costos de las habitaciones de pago por día, o ‘pagadiarios’ y, cuando no podían pagar, algunos propietarios supuestamente explotaban a los inquilinos migrantes en delitos forzosos o tráfico sexual como medio para pagar el alquiler”, se lee.

De otra parte, el informe también advierte del tráfico que ocurre en ciudades densamente pobladas y con actividades de turismo o extractivas.

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“Los traficantes también reclutan a mujeres y niñas vulnerables, en su mayoría colombianas y venezolanas desplazadas, para ser modelos webcam, una industria no regulada que probablemente genera más de 1.200 millones de dólares al año en Colombia. En algunos casos, los traficantes drogaron a mujeres y niñas, emplearon tácticas de miedo y coerción y crearon situaciones de endeudamiento financiero y extorsión para obligar a las víctimas a realizar actos sexuales transmitidos en vivo”, se indica.

Sobre el tráfico cuyas víctimas son niños, se lee que les prometen oportunidades como jugar fútbol en el exterior pero en realidad los someten a trabajos forzados por las supuestas deudas que adquieren, les quitan sus documentos y los obligan a la servidumbre o la explotación sexual.

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En cuanto a las áreas en las que usualmente son explotadas los colombianos, se mencionan trabajos forzados en los sectores de la minería, el café y los servicios domésticos.

“El trabajo forzoso prevalece en la extracción de carbón, oro aluvial y esmeraldas; cosecha de café, producción de palma; mendicidad en zonas urbanas; y servicio doméstico. Los traficantes explotan a los niños colombianos que trabajan en el sector informal y en la venta ambulante en trabajos forzados”, se lee.

Además, se añade que hay traficantes que operan a través de supuestas organizaciones benéficas que ofrecen refugio a migrantes vulnerables para luego explotarlos en el tráfico sexual y la criminalidad forzada.

El departamento de Estado cuestionó una insuficiente judicialización de este tipo de casos en Colombia pues dijo que aunque el Gobierno cumple con los estándares mínimos, “las autoridades judiciales no procesaron ni condenaron casos de trata de personas para trabajo forzado, y el único caso de trata de mano de obra por el que hubo una condena está bajo apelación. Los esfuerzos para procesar o condenar a los funcionarios cómplices fueron inadecuados, y las investigaciones y condenas por trata siguieron siendo críticamente bajas para la gravedad del delito. Además, las víctimas adultas no recibieron servicios adecuados, a pesar de constituir la mayoría de las identificadas”.

Se cuestiona así mismo la práctica de ‘criadazgo’ en la que familias de ingresos medios y altos en áreas urbanas y rurales aceptan a niños, usualmente de familias afrodescendientes e indígenas, como trabajadores domésticos. Aunque se dice que no hay un registro oficial de niños en esta situación, se indica que entre 2019 y 2023 hubo 4.893 niños que ingresaron a un proceso de restablecimiento de derechos del ICBF.

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El reporte del Departamento de Estado añade que varios grupos armados ilegales, incluyendo el Eln, la disidencias como la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘clan del Golfo’ operan en zonas donde personas vulnerables son víctimas de tráfico humano u otras actividades ilícitas.

“Particularmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Norte de Santander estos grupos reclutan o utilizan por la fuerza a niños, incluidos jóvenes venezolanos, indígenas y afrocolombianos, para que sirvan como combatientes e informantes, para cultivar cultivos ilícitos y para explotarlos sexualmente”, dice el informe.

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Así mismo, se dice que el grupo armado trasnacional ‘Tren de Aragua’ y el Eln operan redes de tráfico sexual en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

“Estos grupos explotan sexualmente a los migrantes venezolanos y a colombianos desplazados y aprovechan las vulnerabilidades económicas para someterlos a la servidumbre por deudas. Las mujeres, niños y adolescentes que se desmovilizaron de grupos armados ilegales son vulnerables a la trata”, se lee.

El informe también dice que según algunas fuentes, del Eln y de las disidencias atraen o secuestran a mujeres para que trabajen en sus campamentos, explotándolas sexualmente y, en ocasiones, llevándolas a Venezuela.

Además, se indica que del ‘Tren de Aragua’ se ganan la confianza de sus víctimas al alojarlas en pagadiarios en Colombia y dándoles comida, pero cuando las personas ya no pueden pagar el diario, las explotan sexualmente, también se habla de reportes de que el ‘Tren de Aragua’ supuestamente “marcaban a mujeres y niñas detrás de las orejas para demostrar su propiedad”.

Ese grupo armado ilegal también es señalado de usar la terminal de transporte de Cúcuta para trasladar a víctimas de trata a otros países como Argentina, Ecuador y Perú, y facilitar os para operaciones de trata en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y zonas fronterizas.