'A los grupos armados ilegales se les acaba el tiempo': Carlos Camargo, defensor

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, deja su inventario y sus dudas sobre lo

sucedido en materia de derechos humanos en el 2023 y sus perspectivas para el 2024. "Aquí los únicos que están honrando el cese han sido nuestras Fuerzas Armadas. Los grupos armados ilegales han deshonrado esa generosidad del Gobierno Nacional", asegura.

Durante año y medio hemos seguido muy de cerca el rastro de personas secuestradas a través de nuestras 42 regionales, desde donde pudimos constatar que, efectivamente, los familiares nos entregan información, pero en muchos casos no lo hacen porque temen represalias.

Sobre más de 80 personas que se encuentran en cautiverio por parte de grupos armados ilegales. Hemos exigido con inmediatez una respuesta de estos grupos, que dicen tener una real voluntad para adelantar un proceso de paz, o que ya están sentados en la mesa de negociaciones con el Gobierno, como señal clara e inequívoca de que efectivamente quieren adelantar un proceso de paz, respaldado por el anhelo de todos los colombianos. De manera que la situación es bastante preocupante. Esperamos que ese anuncio que hicieron tanto las disidencias como el Eln, en su quinto ciclo de negociaciones, de que van a cesar cualquier situación de secuestro contra la población civil y contra cualquier ciudadano, también se traduzca en que dejen, de manera inmediata, en libertad a todas las personas que tienen en cautiverio.

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Además de lo que me dicta el corazón, también debe orientarme la razón. Que el Eln deje de secuestrar, pero bajo ninguna contraprestación. Ellos deben tener muy claro que el flagelo del secuestro afecta no solamente el derecho a la libertad individual, sino el derecho a la vida, a la intimidad, a la seguridad. Ellos son los que han expresado al Estado, a la comunidad nacional e internacional, tener una voluntad de adelantar un proceso de paz, que no puede ser burlándose de la opinión pública nacional e internacional. Tienen que tener muy claro que es una oportunidad histórica que no pueden dejar pasar. El proceso de ‘paz total’ propuesto por el Gobierno debe hacerse con reglas claras. A los grupos armados ilegales se les está acabando el tiempo. Además de acabar el secuestro, deben acabar con los homicidios, las extorsiones, el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonales, el desplazamiento y confinamiento de comunidades, en muchos casos producto, como en Nariño y Chocó, de confrontaciones dentro de los propios grupos ilegales que se pelean el control territorial social.

Vamos a cumplir un año desde que el Gobierno emitió los decretos de cese del fuego con varias estructuras armadas ilegales y hemos notado con profunda preocupación que, a partir de entonces, se han presentado 185 acciones violentas de los grupos armados ilegales; de estas, 26 corresponden a acciones bélicas directas y 159 a acciones violentas indirectas, con efectos sobre la situación de derechos humanos y con violaciones del Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, efectivamente, los únicos que están honrando el cese y que lo han honrado han sido nuestras Fuerzas Armadas. Los grupos armados ilegales han deshonrado esa generosidad del Gobierno Nacional con ese proceso de ‘paz total’. Es inisible, inaceptable, que todavía estén pensando en mecanismos de financiación, y que el Gobierno proponga, siquiera como un chiste, generar un subsidio para que los grupos armados ilegales se financien en su accionar criminal.

Mire, ahí es donde deben tener los pantalones bien puestos los equipos negociadores. Bajo ninguna circunstancia pueden cohonestar esta clase de situaciones. Cuando el ministro del Interior quiso plantear un subsidio para que el Eln siga financiando sus actividades criminales, como el secuestro, desde la Defensoría fuimos categóricos y le dijimos: no, ministro. El pueblo colombiano no está solo, tiene una entidad que lo protege, y en el marco de la institucionalidad, rechazamos enfáticamente toda esa clase de propuestas que van en contravía, no solamente de lo social, de lo moral, sino también de lo jurídicamente viable en nuestro Estado de derecho.

Hemos dicho desde la Defensoría: a ver, aquí no estamos viviendo una percepción de inseguridad, aquí estamos viviendo una realidad de inseguridad en los territorios. Acuérdese de que nosotros tenemos oídos y ojos en cada rincón del territorio nacional, a través de nuestras 42 regionales en todo el país y de nuestros defensores comunitarios, que están en lo más profundo del tejido social. Debo decirle de manera clara al Gobierno Nacional que bajo ninguna circunstancia las fuerzas legítimas del Estado pueden sustraerse al deber constitucional que tienen consagrado en el artículo segundo de nuestra carta política, que es velar por la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos en el territorio nacional. La inacción de la Fuerza Pública es clara y evidente. Vemos una Fuerza Pública manicruzada, seguramente esos son los lineamientos del alto mando. De manera que sí le hemos pedido al Gobierno Nacional que tome el control efectivo de la situación, porque eso es salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos en el territorio nacional.

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que terminamos denominando conflicto interno armado, consistente en que unos grupos alzados en armas querían tumbar al Gobierno. Yo no diría que hoy haya un grupo alzado en armas que quiera tumbar al Gobierno; diría que todos, incluyendo al Eln, están es en el narcotráfico. Y están es defendiendo el negocio. Ahora, no es que sea menos grave tratar de tumbar al Gobierno que estar narcotraficando. Pero ya conflicto armado como tal, como lo entendíamos antes en Colombia, no hay, ni siquiera con el Eln, desde que se volvió un grupo narcotraficante...

Claramente lo ha dicho. Esto ha sufrido una metamorfosis, habida cuenta de que hoy por hoy tienen esos grupos diferentes fuentes de financiación. No solamente el narcotráfico, que las desdibujó como fuerzas ideológicamente contrarias a un régimen legítimamente constituido, sino que también tienen como fuentes la minería ilegal, la deforestación, el contrabando y hasta la trata de personas, como otro de los fenómenos que vienen incidiendo en la financiación de los grupos armados ilegales.

En lo corrido de los once meses del año 2023 han cruzado por el golfo de Urabá, selva del Darién, aproximadamente 510.000 migrantes de distintas nacionalidades, más de noventa...

Son varios los aspectos. Primero, lo que hemos hablado sobre la ruta migratoria de la selva del Darién; está la ruta San Andrés-Providencia y Santa Catalina, Nicaragua-Centroamérica-Norteamérica; y también que estamos por establecer una nueva ruta migratoria por el aeropuerto El Dorado. Hasta ahora, claramente en el tránsito por el aeropuerto existen vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, expuestos a múltiples riesgos por no estar acompañados de familiares o cuidadores. En días pasados hemos visto que son menores de edad, de origen africano, que no llegan de manera fortuita, pero a quienes dejan ahí abandonados. Exigimos una explicación, tanto a Migración Colombia como a Aeronáutica Civil, sobre qué protocolos han activado para evitar esta clase de abandonos de menores de edad en la terminal aérea. La migración es un fenómeno que va en crecimiento. Los migrantes caen en las garras de los llamados coyotes, que los hacen potenciales víctimas de trata de personas, de violencia sexual y de cualquier otra actividad discriminatoria y de estigmatización.

(En contexto: 'Lo que provocó el aumento exponencial de migrantes fue flexibilizar requisitos')

En este momento, no puedo dar con exactitud esa información.

Con grandes anhelos. Esperamos que el de paz que tenemos los colombianos, en primer lugar, sea una realidad, pero no a cualquier costo, ni de cualquier manera. Que se consolide, pero en una paz real, genuina, transparente, duradera y estable, donde los grupos armados ilegales, de una vez por todas, no solamente se despojen de sus armas, sino de todo ese accionar criminal que cargan. Les pido a los grupos armados ilegales, una vez más, que no se levanten de la mesa de negociación hasta tanto no le aclaren al país, a la comunidad internacional, qué va a pasar con el flagelo del secuestro; y necesitamos saber antes de que finalice el año sobre la liberación de todos los secuestrados. No quedemos en espera del 30 de enero, cuando se supone que en particular el Eln va a dejar de secuestrar y ver si deja en libertad a los que tiene secuestrados. La Defensoría estará muy atenta, haciendo permanente acompañamiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en materia de protección de líderes sociales, y de todas las declaratorias del estado de cosas inconstitucional que declare, en materia de desplazados y de población privada de la libertad, así como los derechos de los guajiros. Las cortes, todas, jugarán un papel muy importante en lo que viene y vamos a estar muy presentes en toda esta articulación institucional. Los colombianos deben sentirse, de manera permanente e ininterrumpida, acompañados por la institución nacional de derechos humanos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO