Colpensiones no tendría capacidad para asumir la reforma pensional si es aprobada, según advertencia de la Procuraduría

La ponencia final del Gobierno Petro ya fue radicada en el Congreso y solo deberá pasar el último debate en plenaria de Cámara de Representantes para ser aprobada. 

Sin embargo, el ente de control aseguró que Colpensiones no estaría listo para asumir la istración de los nuevos afiliados y la istración de sus aportes. 
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​En la misiva, firmada por Diana Ojeda, procuradora delegada, el ente de control manifestó que desde hace varios años se han evidenciado retrasos en la atención de los trámites y que la entidad no ha tenido la gestión necesaria par ponerse al día. 

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En medio de esa advertencia, la Procuraduría señaló que a corte del 31 de marzo, Colpensiones tenía 48.833 trámites pendientes, de los cuales 4.553 estarían con términos legales vencidos. 

“Con estas cifras, se evidencia que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, istrativa, ni operativa, para la implementación de la reforma, que implicaría el traslado de aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados”, comentó la delegada Ojeda.​

En el documento, Ojeda señala que no se tiene un informe claro y definitivo sobre el impacto fiscal que traería la aprobación de la reforma y cuánto costaría la implementación y mantenimiento de la misma. 

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​“Se insiste sobre la necesidad de contar en todos los Pilares, con estudios de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema de Protección a la Vejez, a mediano y largo plazo. No se ha informado por parte de MinHacienda, si este proyecto es sostenible fiscalmente. Este tema es de gran importancia porque de aprobarse la reforma sin el estudio de impacto fiscal, podría aumentar el pasivo pensional y generar fallos de inconstitucionalidad”, se lee en la carta enviada. 
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​Ante esto, el ente de control le pidió al Gobierno Nacional no avanzar en el trámite de la reforma hasta no tener los informes completos, pues esto podría correr el riesgo de caer en vicios de trámites y normatividad. 

En otra de las peticiones hechas por la Procuraduría se plantea la necesidad de cambiar la fecha en la que entraría en vigencia el nuevo modelo. El ente de control manifestó que debería hacerse paulatinamente en 2026  y no en 2025, tal como lo estipula el articulado. 
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