Críticas de Defensoría por fallas del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes

Infraestructuras deterioradas, con humedades, fallas eléctricas, intermitencia en servicios públicos, zonas de deporte y recreación abandonadas, entre otras falencias encontró la Defensoría del Pueblo al analizar la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

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Por esas y otras situaciones la Defensoría hizo un llamado por las vulneraciones a derechos que se ven en el sistema, incluso corroboró que la mayoría de las y los jóvenes del Sistema no están informados sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Según el defensor Carlos Camargo, visitas que realizó la entidad a centros de detención, así como entrevistas y análisis del funcionamiento del SRPA, dejaron ver que “persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”.

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“La falta de regulación de esta figura en el Código de Infancia y Adolescencia constituye uno de los vacíos más importantes de la legislación especial, es por eso que, como parte de las recomendaciones del informe defensorial, le solicitamos al Congreso de la República adelantar una modificación legislativa a la Ley 1098 de 2006”, afirmó el Defensor del Pueblo.

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La entidad también encontró dificultades en las rutas de atención en salud para la garantía de la prestación de servicios a nivel municipal y departamental. Así, las visitas dejaron ver que en el 37,5 por ciento de los centros no hay variedad de programas de formación, y en el 25 por ciento no hay a programas técnicos, tecnológicos o de educación superior.

“Para la Defensoría del Pueblo, es extremadamente preocupante que en el 12,5 por ciento de los centros visitados los jóvenes reconozcan la existencia de cuartos de aislamiento, situación que hemos advertido desde el 2014, pero persiste en la actualidad. Estas medidas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”, sostuvo Carlos Camargo.

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Y añadió: “La única alternativa posible para mantener separado a un o una adolescente o joven del resto es porque deban ser protegidos sus derechos a la vida, la seguridad y la integridad personal, y deberá ser en sitios con condiciones de dignidad”.

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