‘No permitiremos más demandas contra la Nación como la de Nule’

Agencia de Defensa Jurídica del Estado alista estatuto que pone límites a este tipo de pleitos.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

LÍDER EDITORIAL DE IA22.01.2018 20:51 Actualizado: 22.01.2018 21:31

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El Gobierno reaccionó este lunes a la demanda que el empresario condenado por corrupción Miguel Nule instauró contra la Fiscalía y contra la Nación, por un monto de 1,5 billones de pesos.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Nule se declara víctima de una persecución mediática y de un “engaño” de la Fiscalía, que no respetó los acuerdos de colaboración a los que habían llegado con él, con su hermano, Manuel, y con su primo Guido. Por eso, a pesar de que purga en su casa una condena a 19 años por corrupción, cree que se le debe reconocer una reparación integral.

“En este caso, la pretensión es una cifra realmente astronómica que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, en los hechos”, le dijo a EL TIEMPO Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Vélez no solo anunció que se opondrán a las pretensiones de Nule, a quien calificó como un “delincuente de cuello blanco”. También aseguró que ya se trabaja en el llamado Estatuto de Defensa Judicial de la Nación, que busca ponerle límites a este tipo de demandas, que calificó de frívolas y lesivas para las finanzas del Estado: “No permitiremos más demandas contra la Nación como la de Miguel Nule”.

Actualmente cursan demandas en contra de la Nación y de sus diferentes entidades por más de 340 billones de pesos, la gran mayoría concentradas en el Ministerio de Defensa y en la Fiscalía General.

Según Vélez, al nuevo estatuto lo componen cuatro ejes. El primero busca crear un sistema de defensa jurídica de la Nación que la eleve al rango de ‘asunto de Estado’ y que sea coordinada por la agencia a su cargo.

Para ello se fortalecerá el sistema eKogui, que permite conocer la trazabilidad de cada proceso, el seguimiento a los resultados y el posicionamiento de la defensa jurídica.

“En este punto se busca, además, establecer criterios para escoger abogados cualificados para la defensa del Estado, garantizar la transparencia de la defensa jurídica y crear herramientas para fortalecer la defensa judicial”, aseguró Vélez.

Pero tal vez uno de los puntos más importantes es el que busca desincentivar el litigio inconsciente y el abuso del derecho de acción contra la Nación y sus entidades. Para ello, en el estatuto se prevé que cuando la persona natural o jurídica pierda el caso, pague los costos totales del proceso, las cuales se elevarán considerablemente para acabar las demandas temerarias.

Además, se pondrá límite a las reparaciones que en algunos casos suman hasta tres veces, usando diferentes vías.

“Hemos encontrado casos en donde una sola persona obtiene reparación istrativa del Estado, luego instaura una nueva a través del contencioso y una tercera por el Sistema Interamericano, logrando un triple pago. Vamos a limitar esas compensaciones”, aseguró Vélez.

A fin de lograr este cometido, se determinarán criterios de responsabilidad y se delimitarán tipologías y montos de daños. En este mismo sentido, se busca reformar la Ley 472 de 1998 con el fin de determinar criterios claros para el adecuado ejercicio de la acción popular y de grupo.

Medidas de aseguramiento

Finalmente, se establecerán parámetros para que prosperen las acciones de repetición contra jueces y fiscales que soliciten medidas de aseguramiento contra personas que no resulten condenadas.

“El 90 por ciento de las acciones contra la Fiscalía, por una suma de casi 15 billones de pesos, están relacionadas con este tema. Fiscales y jueces se han vuelto temerosos de pedir este tipo de medidas porque, si no prosperan por alguna razón, automáticamente se convierten en una demanda”, dijo Vélez.

Y reveló que actualmente cursan 135 acciones de repetición contra jueces que expidieron varias de esas órdenes, instauradas por el Consejo Superior de la Judicatura.

El Estatuto de Defensa Judicial de la Nación quedará listo en junio para que el nuevo gobierno lo impulse y frene el desangre.

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