Solo 21 % de minería de oro en aluvión es legal; 49 % está en zonas prohibidas: informe

De las 94.733 hectáreas (ha) que el año pasado tenían explotación de oro de aluvión (Evoa), el 73 por ciento (69.123 ha) eran extracción ilícita, según el ‘Informe de explotación de oro de aluvión 2022’, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, presentado este martes.

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El informe, que solo mide oro aluvial y no extracción subterránea, ni de subsistencia ejercida por barequeros –esta última representó el 49 por ciento de la producción de oro en 2022, según la Agencia Nacional de Minería–, señala que la minería de aluvión en general disminuyó un 3,9 por ciento en 2022 frente a las 98.567 ha que había 2021.

Pero la explotación ilegal aumentó 5.139 ha, pasando de 63.984 ha en 2021 a 69.123 ha en 2022. En comparación con el 73 por ciento de la explotación ilegal de 2022, el 21 por ciento tenía permisos técnicos y/o ambientales, y 6 por ciento más estaba en tránsito a la legalidad.

Así mismo, otra alerta es que alrededor de la mitad de la Evoa en tierra estaba en zonas excluibles de la minería, es decir, donde no debería ejercerse porque corresponden a territorios de protección. En esos sitios se detectaron 46.550 ha (49 por ciento del total), mientras que en zonas libres de restricciones ambientales había 48.183 ha (51 por ciento).

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Un agravante es que en esas hectáreas de zonas donde no debería haber minería la explotación ilícita es del 88 por ciento (41.081 ha).

El documento detalla que de la minería realizada en zonas prohibidas, la mayoría está en zonas de reserva forestal –ley 2.ª de 1959– (45.780 ha); y de esas, el 76 por ciento se localizó en la Reserva Forestal del Pacífico, dentro del llamado Chocó Biogeográfico, el 24 por ciento estaba en la Reserva Forestal del Magdalena, y el 0,5 por ciento, en la Reserva Forestal de la Amazonia.

El 52 por ciento de la Evoa está en zonas de manejo especial (49.598 ha), de estas, la mayoría (88 por ciento) está en territorios étnicos (43.702 ha), y se indica que 22 resguardos indígenas tienen explotación de oro. Otro 12 por ciento de la extracción en zonas de manejo especial (5.896 ha) estaba en áreas que hacen parte del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap).

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Por su parte, incluso cuando poco más de la mitad de la explotación aurífera se hace en zonas sin restricciones ambientales, el 58 por ciento de esta (28.042 ha) se considera ilícita porque se ejerce sin título minero vigente, un 35 por ciento más (16.599 ha) tenía permiso técnico y/o ambiental y 7 por ciento (3.542 ha) correspondía a territorios sobre los que se adelantan procesos de legalización de la actividad minera.

Aunque no es posible tener una radiografía en hectáreas de la minería que se ejerce sobre ríos, por esa explotación con dragas, dragones y bombas, hay alertas en 31 municipios de 7 departamentos; y en 10 ríos en la Amazonia y Orinoquia se reportaron 4.000 kilómetros con alertas porque la actividad minera no cuenta con permisos, señaló Sandra Rodríguez, coordinadora temática del área de procesamiento digital de imágenes satelitales de UNODC.

De acuerdo con el informe, los datos desde el 2014 hasta 2022 muestran un incremento acumulado en la explotación aurífera nacional de cerca de 61.000 hectáreas, la cual se concentra en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Nariño.

Solo para la medición de 2022 se encontró que el 85 por ciento de la explotación por aluvión está en Chocó, Antioquia y Bolívar, aunque en total son 13 los departamentos con Evoa.

En cuanto a la explotación ilegal, Chocó es el departamento con mayor territorio con explotación ilícita a lo largo de la historia, con 54.263 hectáreas; seguido de Antioquia, con 37.843 ha, “esto representa el 72 por ciento del total bajo explotación ilícita entre 2014-2022”, se lee.

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Esa tendencia se mantiene para 2022, pues Chocó tenía el 40 por ciento del total nacional (37.841 ha), de las cuales 33.938 hectáreas eran parte de explotación ilícita.

Mirando el fenómeno de manera municipal, la Evoa está en 101 municipios, pero tan solo 10 concentran el 56 por ciento del consolidado nacional (52.896 ha): Nechí, Zaragoza, El Cantón de San Pablo, Nóvita, Cáceres, Ayapel, Istmina, El Bagre, Río Quito y Unión Panamericana.

También llama la atención el caso de departamentos como Valle del Cauca y Guainía, que si bien no están en los primeros puestos con mayor extracción, más del 95 por ciento del oro de esas regiones se extrajo de forma ilegal y coincidía con zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural.

El análisis de UNODC también da cuenta de que aproximadamente en el 44 por ciento de los territorios con presencia de Evoa en tierra en 2022 también había cultivos de uso ilícito de coca, y del total del territorio afectado por narcocultivos y presencia de Evoa, el 87 por ciento de la explotación aurífera era ilegal.

En total, dice el informe, de los 101 municipios con Evoa en 2022, 76 presentaron siembra de cultivos de coca; y de los 10 municipios con más minería, ocho reportaron cultivos de coca en el 2022, cuatro se localizan en Antioquia: Cáceres, Zaragoza, Nechí y El Bagre; y cuatro en Chocó: Nóvita, Istmina, El Cantón de San Pablo y Río Quito.

Minería y deforestación

La UNODC recordó en su informe que la explotación ilícita de oro genera impactos ambientales significativos que incluyen deforestación, contaminación de agua por el uso de mercurio y cianuro y cambio en el curso de los ríos, y detalló que según el monitoreo de Evoa en tierra realizado desde 2014, ha habido una pérdida de 54.356 hectáreas de coberturas de vegetación primaria y secundaria por la actividad minera.

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“Entre 2018 y 2022 se perdieron alrededor de 24.000 ha de coberturas vegetales de alto valor ambiental en territorios con explotación no autorizada, una situación alarmante a largo plazo para los propósitos de conservación”, sostuvo Candice Welsch, representante regional de UNODC. Tan solo entre 2021 y 2022 se perdieron 11.014 de esas hectáreas, y el 50 por ciento fue en el Chocó Biogeográfico.

Durante la presentación del informe sobre Evoa 2022 el ministro de Minas, Andrés Camacho, señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una preocupación por la migración de las economías de las que se sustentan los actores armados, que antes se concentraban en el narcotráfico, pero ahora también “usan la minería para desarrollar sus actividades” pues, como señala el informe de UNODC en el 44 por ciento de los territorios con presencia de Evoa en tierra en 2022 también había cultivos de uso ilícito de coca.

“Cobra mayor relevancia el desarrollo de este tipo de seguimiento y monitoreo para garantizar que quienes desarrollan estas actividades de manera lícita vean protegida su actividad, las empresas o comunidades que hacen minería de subsistencia”, sostuvo.

Añadió que como Gobierno se han propuesto una minería con protección de la naturaleza y la biodiversidad, pues se ha demostrado que “un ejercicio desordenado lleva a impactos devastadores”. Por eso habló del objetivo de tener una nueva ley minera “que permita organizar el ejercicio de la minería en todos los sentidos de lo que significa la explotación”.

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Y para proteger también a las personas que ejercen la minería, indicó la cabeza de la Cartera de Minas, se requiere de seguimiento y monitoreo, así como de un marco jurídico que permita organizar y garantizar que el fenómeno ilegal no se siga profundizando.

El Ministro detalló que en Colombia ya están en marcha unos pilotos de monitoreo comunitario en Amazonas para estar alertas frente al fenómeno de la minería.

Finalmente, Camacho expuso que el país, más allá del monitoreo de la minería, debe avanzar en un plan de acción interinstitucional para hacer seguimiento también a lo que ocurre con otros minerales.

“La implementación de la transición energética justa nos podría llevar a escenarios donde otros minerales sean atractivos para otros ejercicios. Proponer dar un paso adelante para que no solo hagamos el control sobre oro de aluvión, sino que podamos avanzar en políticas de transición económica en los territorios. La paz total implica la transición de economías ilegales usadas por actores al margen de la ley para llevarlas a economías lícitas”, comentó.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Minas está dispuesto a avanzar “en una sala de monitoreo energética y minera para no solo trabajar sobre fenómenos existentes, sino sobre los que se avecinan en el marco de la transición energética justa que nos hemos propuesto”, concluyó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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