Falsos positivos: 19 exmilitares aceptaron responsabilidad en crímenes de guerra

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio inicio a la preparación de audiencia pública de reconocimiento de verdad de 23 comparecientes que itieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales de 296 personas en municipios de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre 2005 y 2008.

De esta manera, la JEP imputó a 19 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército, al exdirector del extinto DAS Casanare y a dos terceros civiles. Esto en el caso correspondiente  a Casanare  que hace parte de la gran investigación por 'Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado'.

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Los 19 exmilitares realizaron su reconocimiento de responsabilidad de forma escrita ante la JEP y fueron imputados por la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas de personas en estado de indefensión a través del Auto 055 de 2022.

Lo comparecientes afirmaron estar dispuestos a “brindar cualquier explicación, ampliación de versión de verdad ante cualquier componente del sistema y ante las víctimas". Así mismo, expresaron su decisión de realizar acciones tareas y actividades con el fin de lograr “una reparación cierta, real y efectiva".

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Entre los exmilitares que itieron su responsabilidad se encuentran: el coronel retirado Wilson Camargo Tamayo, los tenientes coroneles (r) Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Duarte Rojas; de los capitanes (r) Jaime Rivera Mahecha, César Augusto Cómbita Eslava y Miguel Andrés Sierra García; y de los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián y Zamir Humberto Casallas Valderrama.

"Se trata de un acto público de reconocimiento cuyas condiciones y alcance serán definidos con participación de las víctimas", señala la JEP.

Por su parte, el general retirado Henry Torres Escalante, sostuvo lo siguiente ante la JEP:

“Mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate. (...) Debí haber exhortado en mis subalternos la protección a la vida humana como prioridad y la seguridad de la población civil dentro de la jurisdicción de la Brigada", afirmó Torres Escalante.

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En contraste, el coronel retirado Cipriano Peña Chivatá y el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán no aceptaron su responsabilidad en los hechos, por lo que ahora podrán enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel a través de un proceso adversarial por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

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