¿Qué busca la JEP en los archivos del extinto DAS?: esto arrojó el diagnóstico documental

Capítulos como las chuzadas o la colaboración de exagentes en el perfilamiento de de la Unión Patriótica, quienes posteriormente fueron exterminados, forman parte del contenido de los archivos del extinto DAS, sobre los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares para protegerlos. Ahora, el Gobierno les ha entregado un diagnóstico integral documental, considerado como un guiño hacia su desclasificación.

(También le puede interesar: ¿Por qué el Gobierno Petro ha sido el que más ha extraditado?: van 18 personas cada mes)

Uste informe reveló el estado de las 57.544 unidades de conservación (cajas) y los 47.829 medios magnéticos, que contienen más de 14.364 metros lineales de documentación. En ellos reposa valiosa información relacionada con el funcionamiento de una de las entidades más controvertidas de la historia; actualmente están bajo custodia del Archivo General de la Nación. 

El Departamento istrativo de Seguridad (DAS), entidad también conocida como la policía secreta, operaba transversalmente en todos los ámbitos públicos. Desde asuntos de migración hasta funciones de inteligencia y contrainteligencia contra las guerrillas, el paramilitarismo, los grupos armados y el narcotráfico.

El mismo día en que este Departamento cumplía 58 años, el 30 de octubre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que puso fin a su ejercicio, en medio de una fuerte polémica por las interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes, periodistas y de la oposición, que empañaron el gobierno de Álvaro Uribe.

(Lea además: Siguen los problemas de caja: nómina de diciembre de contratistas de la ANT se pagará en enero)

Los archivos del DAS han sido apetecidos desde entonces por la olla de corrupción que podrían destapar y las responsabilidades de agentes del Estado en graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, el presidente Gustavo Petro ha tenido especial interés en desclasificar los documentos, que tienen una reserva de 30 años por la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia del 2013, al ser uno de los perseguidos por el escándalo de las chuzadas.

Pero también contienen datos de sumo valor para el esclarecimiento del conflicto armado, competencia de la JEP. Por esta razón, el tribunal impartió dos medidas cautelares, una en 2018 y otra en 2023, para resguardar las unidades de conservación y proteger la información ante un eventual riesgo de destrucción o daño. 

"Nosotros blindamos este archivo por el rol que podría tener las funciones de inteligencia, contrainteligencia y gasto reservado en los diferentes macrocasos", le dijo a este diario el magistrado Óscar Parra, ponente de las medidas cautelares. 

En estos archivos puede existir información clave respecto a crímenes de competencia de la JEP en los que el antiguo DAS pudiera haber tenido un rol central. En los últimos años, desde las medidas cautelares de la JEP, se ha permitido a funcionarios judiciales, representantes legales de víctimas y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que puedan indagar sobre las posibles responsabilidades, de funcionarios de inteligencia, en graves violaciones de derechos humanos.

Por ello la JEP ha ordenado que estos archivos no sean alterados ni depurados. Sin embargo, en 2023 una sentencia de la Corte IDH ordenó la depuración de estos archivos, en el marco de una decisión que determinó la responsabilidad del Estado colombiano por el perfilamiento en contra del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que denunció ser víctima de prácticas de persecución por más de 30 años.

Un auto emitido en 2023 en relación con la medida cautelar dictada por la JEP declaró que estos archivos eran archivos de derechos humanos y que era absolutamente necesario que el Archivo General de la Nación realizara un inventario integral de lo que contienen estos archivos del extinto DAS. En respuesta a esta orden judicial el Archivo General ha presentado el diagnóstico integral documental recientemente develado.

En este estudio, el Archivo determinó que los costos de intervención sobre los archivos del extinto DAS pueden oscilar entre los 5 mil millones de pesos e incluso superar los 30 mil millones. También propone varias rutas para que la intervención se pueda hacer en una forma célere.

(Complemente su lectura: 'Era absolutamente impredecible cuál iba a ser el momento en el que se iba a dar el hallazgo en La Escombrera': directora de la Unidad de Búsqueda)

En paralelo, la JEP ha tenido parcial a información del archivo relacionada con las investigaciones que adelanta. Especialmente del caso 03, sobre 'falsos positivos' y el caso 08, sobre los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. Hasta la fecha hay un exfuncionario imputado como máximo responsable por las ejecuciones extrajudiciales; el exdirector de la seccional Casanare, Orlando Rivas Tovar.

La Jurisdicción ha revelado hasta el momento una relación criminal entre algunos del Departamento y exmilitares para el perfilamiento de las víctimas de 'falsos positivos', por ejemplo en el subcaso Casanare.

Los exagentes también tienen un capítulo en el exterminio de la Unión Patriótica. "Las diferentes investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y las condenas de la justicia ordinaria contra exfuncionarios del DAS dan cuenta de su posible involucramiento en crímenes contra personas desmovilizadas y pertenecientes a eventuales reductos de los grupos guerrilleros en la década de los años noventa", advirtió la JEP en uno de sus autos.

(Notas relacionadas: 'No existe un protocolo para el manejo de la muerte': magistrado de la JEP, sobre Ley de mujeres buscadoras)

Este entramado es el que esperan seguir desenmarañando con la información clasificada de los archivos, por la que pidieron una rendición de cuentas sobre su estado. La JEP ha encendido las alarmas por la desorganización y la falta de un inventario, lo que podría retrasar el hasta 20 años.

"Tenemos varias preocupaciones que nos han planteado los representantes de víctimas e incluso la Unidad de Búsqueda sobre la inexistencia de un inventario integral que demora las indagaciones hasta 20 años por la desorganización en el a la información. En este momento, es como buscar una aguja en un pajar", señaló el magistrado Parra.

Este resultado también lo arrojó el diagnóstico. "En conclusión, la ordenación archivística del fondo documental del extinto DAS enfrenta retos importantes que requieren atención prioritaria. Entre las principales acciones a implementar se encuentran la unificación de los sistemas de ordenación, la mejora en la foliación y rotulación, y el cumplimiento riguroso de las normativas archivísticas en las unidades de conservación", se lee en el informe.

Si bien desclasificar los archivos del DAS ha sido una idea que ha rondado por los pasillos de Palacio, según lo han advertido fuentes de inteligencia del Ejército y la Policía, estos documentos tienen reserva por 30 años, una figura que la Corte IDH, en la sentencia contra Colombia en el caso Cajar, pidió revisar en los casos en que se vulnere el derecho a la información de las víctimas.

Bajo ninguna circunstancia "puede invocarse la reserva de las actuaciones para impedir a la víctima el al expediente de una causa penal", dicta el fallo.

En este sentido, la evaluación entregada sería un paso que podría abrir el camino hacia una futura desclasificación. Así lo reconoció la JEP.

(Otros temas: 'Las madres tenían razón': magistrado de la JEP sobre hallazgo de cuerpos en La Escombrera)

"Desclasificar exige que se avance en este inventario y en la intervención de los archivos. Estos son valiosos para las víctimas, pero debemos hacerlo de forma ordenada, siguiendo los criterios de archivística para proteger la información relacionada con violaciones a los derechos humanos", agregó Parra.

En este camino también se abren debates en torno a las reservas de inteligencia, si debe mantenerse su vigencia cuando se trata de información sobre violaciones a los derechos humanos -tal como lo cuestionó la Corte IDH- cómo debe ser su levantamiento y bajo qué criterios, para mantener una proporcionalidad entre la información de interés público y el velo de protección a la seguridad del Estado.

Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia