‘Las medidas de la alerta no requerían de conmoción interior’: Iris Marín, defensora del Pueblo

En medio de la peor crisis humanitaria de la historia del Catatumbo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló con EL TIEMPO sobre los detonantes, las omisiones del Gobierno y la escalada del conflicto entre el Eln y las disidencias de las Farc, que amenaza con desatar olas de violencia en otras regiones del país. También se refirió sobre la conmoción interior decretada por el Presidente y recalcó que debió haber actuado de manera preventiva siguiendo la alerta de la Defensoría.

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Esta situación se venía alertando desde 2020. Ha habido una dinámica con una trayectoria de varios años. Comenzó con el fortalecimiento del Eln, que siempre ha tenido presencia en el territorio, junto con el frente 33, que nunca se desmovilizó de las antiguas Farc. Ellos mantenían un pacto de coexistencia que les permitía tener presencia territorial y dominio de las economías ilícitas, con ciertos acuerdos de convivencia. Desde el año pasado se empezó a advertir la posible ruptura entre el Eln y el frente 33 de ese acuerdo de no agresión.

Se identificaron tres escenarios de riesgo: en primer lugar, la escalada del Eln, principalmente por la ruptura del cese del fuego. El segundo escenario, que ahora parece marginal, era el reacomodamiento del Epl con algunas pequeñas células que querían resurgir. Y el tercero, que es muy importante, es la pretensión de fortalecimiento del frente 33, la tensión con el Eln y la posible ruptura del pacto de coexistencia con el Eln. Esa ruptura se empieza a concretar este año, pero un detonante importante fue la masacre en Tibú, el miércoles pasado. Esta masacre fue dirigida contra una persona que se encargaba de servicios funerarios. Tenía un servicio humanitario aceptado por el Eln, lo que llevó a que el frente 33 lo señalara de ser cercano, en medio de esta estigmatización generalizada. Así se desató la masacre, que el Eln atribuyó al frente 33.

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Sí, así es. Fue una operación sostenida y simultánea en varios municipios, con listados en mano. Tenemos información, que estamos verificando, de que para esta operación el Eln habría traído gente de fuera del territorio, ya que se trató de una operación tan cruel que requería combatientes sin ninguna cercanía ni relación previa con la población.

Las medidas que, de hecho, se están tomando ahora para frenarla. Por ejemplo, el fortalecimiento del Ejército y la Policía, junto con los entes territoriales para prevenir la situación, así como mitigar los efectos de los grupos armados, haciendo más presencia. También se había pedido a la Unidad Nacional de Protección priorizar y agilizar la protección de los líderes, lideresas, personeros y funcionarios. Además, a la mesa de negociación se le solicitó establecer algunas medidas humanitarias para exigir el cumplimiento del DIH (derecho internacional humanitario) a los actores del frente 33 y del Eln. También se propusieron medidas para fortalecer la Agencia de Reincorporación y Normalización, con el fin de extremar la protección y el acompañamiento a los firmantes, y para proteger a los docentes, que eran una de las poblaciones sobre las que se advertía un riesgo importante.

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Después de que emitimos la alerta a finales de noviembre, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, convocó al comité de seguimiento. Esto ocurrió en noviembre mismo y fue de manera virtual. Fue una reunión de bajo nivel, en la que se hizo seguimiento a las recomendaciones. Hasta este momento, no nos consta que se hayan implementado medidas.

Existen unos criterios constitucionales relacionados con la necesidad de que el hecho sea imprevisible y que no se pueda atender con medidas ordinarias, y eso habrá que ver cómo lo justifica el Gobierno para poder tomar posición. Las medidas recomendadas en la alerta temprana no requerían de conmoción interior para implementarse. Se hubiera podido dar una respuesta independiente a la medida de excepción, además porque en ese momento la situación no era de la gravedad que estamos viviendo hoy.

La Defensoría del Pueblo siempre ha sido proclive a los diálogos y procesos de paz, pero también es muy importante que los actores tengan voluntad, y el Eln, con esta escalada y con hechos anteriores, ha demostrado que no la tiene. Sin embargo, se entienden los movimientos de estos grupos armados en un marco de 44.000 hectáreas de coca que hay en el Catatumbo.

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Si se restablecen las mesas de negociación, es importante que el Eln muestre gestos que puedan generar confianza, no solo hacia el Gobierno, sino hacia toda la población. Porque no se trata solo de que se rompió la confianza con el Gobierno, sino de un crimen contra la paz, un crimen de guerra y un crimen contra la población del Catatumbo. El Eln también tiene el deber de dar muestras de respeto al derecho internacional humanitario.

Esta es la crisis humanitaria más grande que ha tenido el Catatumbo en su historia. No habíamos tenido un desplazamiento de más de 30.000 personas en menos de una semana. Yo espero que no haya una situación así, pero es importante que el Gobierno tome muy en serio las situaciones de riesgo. Por ejemplo, hace poco emitimos una alerta estructural para varios departamentos en el sur del país, debido a los enfrentamientos entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y de ‘Calarcá’. Allí hay una afectación desproporcionada de las comunidades.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Periodista de Justicia