Por conmoción interior en el Catatumbo, Gobierno decretará nuevos impuestos

Aunque no hay referencias específicas a nuevos tributos, el decreto original de la conmoción interior, expedido este viernes por el gobierno del presidente Gustavo Petro, deja en claro que es necesaria la asignación de nuevos recursos para conjurar la crisis humanitaria en esa región del país.

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En este momento se espera la publicación de nuevos decretos que desarrollen legalmente la conmoción. Sin embargo, en el decreto original, el Gobierno asegura que en el presupuesto general de la nación hay "ingresos limitados e inflexibilidades en el gasto, que dificultan el redireccionamiento urgente de los recursos requeridos para superar la grave situación de orden público sin afectar de manera significativa el gasto público social como mandato constitucional". 

Y agrega: "La insuficiencia de medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior exige que el Gobierno Nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva y faculte a las entidades territoriales para que en el marco de la autonomía puedan hacer lo pertinente". 

En el decreto el Gobierno menciona que el artículo 95 de la Constitución señala "que es deber de las personas contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Y que, independientemente del estado de anormalidad, se deben respetar las normas constitucionales que en materia tributaria protegen las competencias y recursos de las entidades territoriales".

La conmoción interior le da al Presidente facultad para crear o modificar impuestos, pero los efectos de esa decisión rigen solo durante la vigencia del estado de excepción (90 días prorrogables hasta 280) y la norma exige que los recursos vayan directamente a la atención de las causas que generaron la crisis de orden público por la que se decretó la figura.

En el decreto, el 062 del 2025, el Gobierno anuncia que direccionará recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, como lo faculta la Ley (hasta un 10 %).

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También asegura que pedirá la cooperación internacional para la financiación de los diferentes programas que desarrollará la conmoción en ese territorio. 

Entre los gastos específicos que anuncia el Gobierno está el gasto militar en el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública. "Se hace necesario adoptar herramientas jurídicas extraordinarias para fortalecer el control del espacio aéreo en general, las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la fuerza pública, así como el funcionamiento de la rama judicial para que su actividad sea efectiva y oportuna". 

Entre las tareas específicas menciona la necesidad de conjurar "amenazas graves e inminentes de afectaciones al sistema interconectado nacional (la red de conexión eléctrica), así como evitar el riesgo de daños en el sector de hidrocarburos". En la cuenca petrolera del Catatumbo se producen 1.814 barriles diarios de petróleo, según las cuentas del Gobierno, y 4 millones de pies cúbicos de gas.

De hecho, el ataque a los oleoductos y otras infraestructuras petroleras es una de las tácticas criminales usuales del Eln.

En todo caso, el grueso de los recursos estaría orientado a proyectos encaminados a sustituir las economías ilícitas que imperan en la región, en concreto la de la coca, y que es la gasolina del conflicto que tiene enfrentados al Eln y la estructura 33 de las disidencias de 'Calarcá'. 

Según el último informe Simci, Norte de Santander tiene más de 43 mil hectáreas de coca sembrada y es el segundo enclave más grande del país después de Nariño. Además, los grupos armados que delinquen en la región (Eln, disidencias y 'Clan del Golfo') se disputan el control hegemónico de los narcocultivos y las rutas para sacar las toneladas de cocaína hacia territorio venezolano. Esa es una de las principales rutas del narcotráfico colombiano, dada la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los grupos ilegales nacionales.

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Redacción Justicia