Dura condena al Estado por participación de Ejército en masacre de Trujillo

Luego de casi tres décadas exigiendo justicia, serán indemnizadas varias de las víctimas de los asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas y otros hechos violentos que se vivieron entre 1986 y 1994 en los municipios vallecaucanos de Trujillo, Riofrío y Bolívar.

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Con ponencia del magistrado Javier Tobo Rodríguez, la sección tercera del Tribunal istrativo de Cundinamarca condenó a la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional) por estos hechos, conocidos como la masacre de Trujillo.

A diferencia de varias decisiones de este tipo, la condena a la Nación no se da solo por su omisión en la garantía de los derechos de los ciudadanos, sino por la acción y participación directa de agentes del Estado en la masacre.

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"Para la realización de estos crímenes se asociaron inicialmente los reconocidos narcotraficantes pertenecientes al Cartel del Norte del Valle, señores Diego Montoya (alias don Diego), Henry Loaiza Ceballos (el 'Alacrán') e Iván Urdinola Grajales (el 'Enano), quienes crearon un grupo de autodefensa o paramilitar, colocando fincas, carros, motos, armas y personas pagas en dicha organización, contando para ello con la colaboración, apoyo y trabajo directo en algunos casos de de la policía de Trujillo en el Distrito de Tuluá y otros lugares aledaños y luego de del Ejercito de la zona pertenecientes a la Tercera Brigada, especialmente del Batallón Palacé de Buga", se lee en la decisión.

De acuerdo con la providencia, el homicidio de las personas tenía como objetivo eliminar presuntos colaboradores, simpatizantes o personas vinculadas con la guerrilla del Eln.

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En su momento, la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que los sucesos violentos de Trujillo son crímenes de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

La CIDH le recomendó a la Fiscalía la unificación de las investigaciones que se adelantan por los hechos y su trasferencia a la Unidad de Derechos Humanos; asimismo, sugirió que se llevaran a cabo investigaciones penales y disciplinarias a funcionarios públicos y particulares que hubieran infringido la ley penal.