ONU pide reglas claras en ceses del fuego de 'paz total'

Esta semana, el tema de la paz en Colombia –la implementación del Acuerdo del 2016 con las Farc y la política de ‘Paz total’ del gobierno Petro– estuvo en el centro de la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, habla en entrevista con EL TIEMPO sobre la situación de violencia que sigue azotando varias regiones del país y sobre el papel que jugará ese organismo multilateral en las nuevas negociaciones.

Primero hay que decir que es un balance positivo. Hay un dato que es de sumo interés sobre los acuerdos de paz en el mundo: menos de la mitad llegan a un quinto año, ya sea porque se dejan de implementar, ya sea porque el país cae dentro del conflicto nuevamente.

El Acuerdo llega ya a un séptimo año, lo que en sí mismo representa que las partes están de manera general cumpliendo. Esto no quiere decir que no hay áreas que no estén rezagadas, que no haya que trabajar más duro y procurar una implementación más acelerada, más profunda. Pero en general podemos decir que este es un indicador muy satisfactorio, independientemente de las preocupaciones que tenemos en diferentes aspectos de la implementación.

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Ha habido diferentes priorizaciones. En los informes que presentamos de manera trimestral siempre tratamos de dar una película objetiva, imparcial, de los avances, de los rezagos y de las áreas de preocupación.

En los gobiernos anteriores ha habido avances importantes. En temas de reincorporación, tanto la política –que hoy es un hecho con el Partido Comunes ocupando los escaños y siendo un partido político activo– como en los proyectos de reincorporación, aunque quedan todavía pendientes. Pero se avanzó menos en los ámbitos más transformadores del Acuerdo, como la reforma rural y la reforma política. La justicia transicional ha avanzado a través de los tres gobiernos. Y en este, que lleva algunos meses solamente, se han priorizado áreas como el capítulo étnico y la reforma rural.

Cada gobierno ha avanzado en sus áreas. Pero hemos señalado que hay una preocupación constante, que es el tema de la seguridad de excombatientes, la seguridad de comunidades, la seguridad de líderes sociales. Ese es el tema que siempre nos ha preocupado y esperamos que se sigan haciendo esfuerzos para proteger tanto a excombatientes como a comunidades afectadas históricamente por el conflicto.

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Respetamos las lecturas que hagan las diferentes partes, las diferentes instituciones. Pero ya les corresponderá a las autoridades competentes sacar conclusiones y en su caso asignar responsabilidades. No tenemos nosotros elementos de valoración para tener una visión propia al respecto.

Aquí creo que valdría la pena hacer una aclaración: la política de ‘Paz total’, como nosotros la entendemos, descansa sobre un pilar fundamental, que es precisamente la implementación integral de los Acuerdos de Paz de 2016. En ese apartado tenemos mandatos muy específicos del Consejo de Seguridad, relacionados con reincorporación, seguridad, verificación de las sanciones propias que imponga la JEP, reforma rural, capítulo étnico...

La siguiente parte de la política de ‘Paz total’ tiene que ver con la búsqueda de diálogos para lidiar con estos generadores de violencia que por muchas razones, entre ellas la limitada presencia estatal en los territorios afectados por el conflicto, han llenado o se ha fortalecido en esos espacios. En cuanto a nuestro papel ahí, en el proceso político que tiene el Gobierno con el Eln, las partes solicitaron nuestro acompañamiento en la mesa de negociaciones; ese acompañamiento lo hacemos sobre la base de los buenos oficios que ejerce el Secretario General de la ONU a petición de partes. Lo que estamos esperando a que se materialice, si así las partes lo siguen requiriendo, es un papel para monitorear y verificar potenciales ceses del fuego.

De nuevo en el caso del Eln, si las partes reafirman su deseo de que la ONU sea parte de un mecanismo de verificación, el Consejo de Seguridad nos dará el mandato, si así lo decide. Lo mismo puede suceder con otros procesos. Ya hay una petición del Gobierno de Colombia para ello.

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El Gobierno de Colombia presentó una solicitud al Consejo de Seguridad, y el Consejo le solicitó recientemente al Secretario General una propuesta de opciones de cómo se realizaría ese trabajo, bajo qué modalidades y las implicaciones. Sobre la base de esa propuesta, el Consejo determinará si nos amplía el mandato.

Eso es precisamente lo que tanto la propuesta del Secretario como la decisión del Consejo de Seguridad tienen que definir: en qué procesos Naciones Unidas agrega valor, en qué procesos le podemos contribuir a Colombia a consolidar la paz en territorio; y bajo qué condiciones, dadas las dinámicas de violencia de los diferentes grupos armados y su caracterización ante la legislación colombiana (...).

Los grupos armados, independientemente de su caracterización, al ser reconocidos como tales por el Derecho Internacional Humanitario (normalmente por el CICR), son parte del conflicto y pueden llegar a ceses de fuego, y esos ceses pueden ser verificados por organismos internacionales. La posibilidad existe. La valoración de si es un grupo político o criminal, o político-criminal, varía de legislación en legislación. El tema es dónde podemos dar mayor valor a la construcción de la paz en Colombia.

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Desde muchos sectores se cuestiona que la ‘paz total’ haya avanzado hasta la etapa de un cese de fuegos sin protocolos y sin una verificación en terreno. ¿Cómo entiende usted este modelo de negociación que ha emprendido el Gobierno?

Yo lo que destacaría es la necesidad y la pertinencia de que los ceses del fuego que se vayan acordando puedan materializarse en protocolos específicos, donde queden muy claramente definidas las actividades que quedan prohibidas en virtud del cese –sean ofensivas entre las dos partes; sean las hostilidades de manera más amplia– y también los mecanismos de verificación. Eso facilita la observancia de los ceses, la evaluación de si hay alguna violación de alguna de las obligaciones, e inclusive el trabajo disuasivo para desescalar, en caso de que se vea alguna situación que pueda poner en riesgo el cese acordado.

Es importante, frente a las decisiones que se van tomando de llegar a ceses con diversos grupos, que a la brevedad se puedan transformar en acuerdos específicos para que estos ceses sean más viables, más verificables y se puedan desarrollar de manera adecuada.

Hemos acompañado, por virtud de los buenos oficios, los diálogos del Gobierno con los diferentes grupos, y esto incluye al autodenominado Estado Mayor Central. Hemos acompañado algunas de esos espacios de reunión.

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Sí, dada la coincidencia de su presencia en diferentes territorios. El hecho de tener diálogos abiertos con diferentes grupos, sea para procesos políticos o sea para ver si están dispuestos a someterse a la legislación nacional con los beneficios que se les ofrezcan, es positivo porque esas ventanas de diálogo sirven para tener canales abiertos y poder proveer que los acuerdos a los que sí se llegue puedan ser observados en territorio. Lo que no queremos de ninguna manera es que la actividad de esos grupos impida la tarea más importante, que los beneficios de los ceses que sí se estén llevando a cabo, el desescalamiento de la violencia, lleguen a las comunidades.

Ahora bien, además de las propuestas de sometimiento y de diálogos políticos es importante que también se instrumenten y se implementen provisiones que están en el propio acuerdo de paz y que complementan estas alternativas, como es la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y redes de apoyo. Finalmente habrá organizaciones que no estén en ninguno de estos supuestos (de la ‘paz total’) o que no estén dispuestas a sujetarse a estas normativas, y es importante que el Estado actúe a través de esos otros instrumentos que se generaron en el Acuerdo de 2016.

Sí, por supuesto que el Estado tiene esa obligación de proteger a las comunidades a través del ejercicio del imperio de la ley.

Esperamos que haya resultados tangibles: el tema del cese de fuego es muy importante. Hemos visto desde antes, desde hace muchos meses, la voluntad de ambas partes de llegar a un cese bilateral. Confiamos en que esta tercera ronda va a arrojar este resultado, que es importante para desescalar la violencia en los territorios. Hemos visto un ambiente constructivo en la Mesa, pero es importante también que la violencia de los territorios se reduzca y que eso nos ayude a que el apoyo a este proceso se mantenga o se incremente.

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Ningún proceso es igual al anterior. Hubo muchos intentos en su momento también con las antiguas Farc, y finalmente se logró en el 2016. Hay que confiar en que este proceso va a ser exitoso. Hay que tener paciencia, son procesos complejos, muchas veces más largos de lo que uno quisiera, pero hay que confiar y hay que apoyar.

JHON TORRES MARTÍNEZ

Editor de Mesa Central