El crítico balance de Amnistía Internacional sobre violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la ‘paz total’

Los medidores internacionales siguen alertando sobre el escalamiento de las hostilidades en el país y sus consecuencias para la población civil, producto de los ocho focos de conflicto activos. En su más reciente informe, Amnistía Internacional hizo un barrido de las múltiples violaciones a los derechos humanos, entre las que incluyó deficiencias en las garantías para la libertad de prensa e incluso el uso del software espía Pegasus, sobre el cual la justicia nacional no ha encontrado, hasta ahora, ninguna irregularidad.

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Entre los primeros puntos están los desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que siguen ensañándose contra la población indígena, las comunidades campesinas y afrodescendientes, las más expuestas en los territorios. Estas violaciones persisten "pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego", resaltó Amnistía. 

De hecho, en una dinámica de causa y consecuencia, algunos diálogos fueron suspendidos y otros están en la cuerda floja. Con el Eln, responsable de la peor emergencia humanitaria registrada en el Catatumbo, así como con el Estado Mayor Central —que se fraccionó y cuya ala liderada por 'Mordisco' arreció su accionar criminal— las negociaciones están frenadas.

Fuera de las mesas de negociación, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, hasta noviembre del año pasado, 176.500 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado. Por su parte, CODHES denunció 90 casos de confinamiento forzado ocurridos hasta diciembre, que afectaron al menos a 195.447 personas.

El reclutamiento de menores es otro flagelo derivado. Amnistía Internacional cita a la Defensoría del Pueblo, que hasta comienzos de noviembre contabilizó 282 casos. En el último corte, la cifra cerró en 409 durante todo 2024.

Entre los datos desalentadores también incluyó el asesinato de firmantes de paz: hasta noviembre de 2024, se habían registrado 31 homicidios. Además, documentó sobre el riesgo de muerte o heridas graves por minas antipersonales o artefactos explosivos sin detonar. Más de 607.000 personas estarían en riesgo por este tipo de amenazas.

La desaparición forzada sigue ocurriendo en el país y las labores de búsqueda enfrentan múltiples barreras. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 1.730 nuevos casos entre diciembre de 2016 y julio de 2024, lo que refleja la persistencia del fenómeno incluso en tiempos de paz formal.

En este punto, Amnistía aplaudió la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley de Mujeres Buscadoras, aprobada por el Congreso para proteger esta labor humanitaria.

En cuanto a la 'violencia policial', citó la medición de Temblores ONG, que denunció 78 casos hasta junio del año pasado. De esos, 19 estuvieron relacionados con intervenciones de agentes durante protestas, un contexto que llevó a pedir la implementación de una reforma integral a la Policía, que sigue inconclusa.

En cuanto a la libertad de prensa, el año pasado, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jineth Bedoya Lima vs. Colombia —periodista de esta casa editorial—, el Gobierno creó el Fondo No es Hora de Callar para financiar programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas.

En simultáneo, a lo largo del año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) instó al presidente a reducir la tensión con los medios de comunicación.

"En julio, tras unos enfrentamientos entre el presidente y una periodista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades que adoptaran las medidas adecuadas para prevenir el discurso violento contra la prensa y garantizar la protección del gremio periodístico frente a las amenazas", se lee en el informe. 

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Amnistía enumera los llamados de atención de ONGs y periodistas al presidente para moderar las estigmatizaciones que, desde X, su tribuna habitual, lanza contra los medios de comunicación.

La discriminación de género y los prejuicios hacia la población LGBTI continúan siendo una preocupación alarmante en Colombia. La Defensoría del Pueblo registró 1.310 casos de violencia contra las mujeres en enero y febrero de este año, mientras que el Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó 815 feminicidios hasta noviembre de 2024.

Además, la violencia machista se ha intensificado en regiones como Chocó, donde el 'Clan del Golfo' ha aumentado las amenazas y agresiones contra las mujeres, especialmente en la capital, Quibdó.

El panorama no es menos grave para la población LGBTI. Según el informe de la ONG Caribe Afirmativo, en 2024 se registraron 44 asesinatos de personas LGBTI, de los cuales 21 eran mujeres transgénero. "Esta situación no solo evidencia la violencia extrema que sigue afectando a estas comunidades, sino también la impunidad y la falta de medidas efectivas para protegerlas", recalca Amnistía.

En su balance sobre derechos humanos, Amnistía Internacional recopila el ruido mediático generado por la compra y el uso del software espía Pegasus.

"En noviembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos confirmó que el gobierno estadounidense había comprado Pegasus para su uso en las operaciones de lucha contra las drogas en el país, aunque detalló que su uso había sido suspendido en 2022. Sin embargo, diversas autoridades colombianas, incluido el Ministerio de Defensa, afirmaron no haber tenido a dicho software", señala la organización.

En su análisis sobre justicia transicional, subraya la preocupación de las víctimas por la falta de sentencias en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la necesidad de cerrar las investigaciones. Aunque reconoce avances como la reforma a la Ley de Víctimas, la realización del primer juicio adversarial en la JEP y la aplicación de sanciones anticipadas, el informe es claro al señalar que, en los casos de violencia cometida por integrantes de la fuerza pública, la impunidad sigue siendo la regla.

Asimismo, hace un corte sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes en Colombia. Según Amnistía, en 2024 se registró la presencia de 2,8 millones de personas venezolanas en el país. De ese total, 2.086.436 habían regularizado su situación migratoria, 336.786 estaban a la espera de completar el proceso y 384.943 permanecían en condición migratoria irregular.

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En abril, la Corte Constitucional reiteró que era inconstitucional exigir a los migrantes venezolanos que renunciaran a medidas de regularización temporal para poder solicitar el estatus de refugiado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encendió las alarmas por la falta de presencia institucional en una de las rutas migratorias más peligrosas del continente. La ausencia de autoridades migratorias y de salud cerca del tapón del Darién —paso obligado para miles de personas que cruzan desde Colombia rumbo al norte— fue una de las principales preocupaciones.

En materia de derechos ambientales y sociales, Amnistía celebró la decisión de la Corte Constitucional que declaró exequible el Acuerdo de Escazú, un paso clave en la protección de líderes ambientales y el a la justicia ambiental. 

El informe también refleja la tensión política frente a las reformas de salud, educación y trabajo. Aunque el debate legislativo se retomará, una de ellas podría ir a consulta popular, como lo propuso el Presidente.

Redacción Justicia