Reclutamiento, desplazamiento y rechazo a migrantes: los lunares en el capítulo sobre Colombia de informe de ProLAC

La agudización del conflicto en Colombia y el agravamiento de la situación humanitaria en los territorios es una problemática que ha sido registrada en las últimas mediciones de organismos multilaterales y ONGs nacionales. En el último informe de ProLAC, financiado por la Unión Europea y que evalúa la situación en nueve países de la región, se exponen las llagas del reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento, siendo este último el que posiciona a Colombia como el país con el mayor número de víctimas.

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Las conclusiones de los grupos focales y observaciones in situ reflejan un "recrudecimiento de las dinámicas de la violencia interna". Según el análisis que entrega el informe, esta situación, sumada a la inestabilidad económica y política de los países, "agudiza los entornos de vulnerabilidad y expone a la población civil a múltiples riesgos de protección, generando desplazamiento forzado y movimientos migratorios". 

En el capítulo colombiano, el éxodo interno sigue siendo una de las realidades más criticas. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el país reportó "17 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 59.900 personas". 

Este último mes fue el más crítico. El escalamiento de las hostilidades entre el Eln y el 'frente 33' de las disidencias de las Farc en el Catatumbo produjo la peor emergencia humanitaria reportada en décadas en la región. 

Según el reporte oficial, la cifra de personas que huyeron de los municipios para refugiarse de los enfrentamientos supera las 60.000. El monitoreo de ProLAC habla de 40.000 y hace énfasis en el "retorno forzado" de personas de nacionalidad venezolana que se encontraban allí.

A nivel Latinoamérica, el 38 % de la población monitoreada se consideró víctima de desplazamiento interno. La mayoría de los casos se registran en Colombia (69 %), concentrados principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Arauca; le siguen Guatemala (15 %) y Venezuela (7 %).

La población desplazada está compuesta por 1.291 hogares, que suman un total de 5.073 personas. De ellas, el 51 % son mujeres, niñas y adolescentes, y el 49 % hombres, niños y adolescentes.

En el país, los ocho focos del conflicto identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja son responsables del 99 % de los eventos de desplazamiento. Una dinámica que contrasta con la del resto de la región. En Guatemala, por ejemplo, el 61 % de los hogares atribuye su desplazamiento a la violencia ejercida por organizaciones criminales y pandillas.

El estudio también señala el confinamiento como otra práctica de control territorial, aunque no incluyó este flagelo dentro de su monitoreo. 

En Colombia también se registra el mayor número de hogares desplazados, pero, proporcionalmente, el porcentaje más alto (74 %) de personas que dijeron haber accedido al sistema de justicia. "Esto debe entenderse como que lograron presentar una denuncia, no necesariamente que hayan recibido una respuesta2, aclara ProLAC.

“La respuesta desde la institucionalidad es baja. La Personería y la Defensoría del Pueblo son clave para abordar y responder a cada uno de los riesgos. Con su apoyo, hemos logrado identificar casos en los que se restablecen derechos. Creo que toda la cooperación internacional y los socios implementadores que hay en el departamento están abordando las distintas amenazas y riesgos que enfrentan las comunidades”, afirmó uno de los informantes de Arauca.

La utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra es otra problemática desbordada en el país. Desde 2019, esta medición ha reportado más de 1.000 casos y "todo indica que la tendencia ha ido en aumento hasta 2024", ya que, según actores sociales entrevistados, las tácticas han evolucionado.

De acuerdo con la ONU Derechos Humanos, los grupos armados se han apalancado en redes sociales como TikTok y Facebook para captar menores de edad. Aunque el 11 % sigue siendo ingresado a las filas mediante coerción directa.

“En este momento, el reclutamiento está desbordado entre indígenas, campesinos y población migrante. Y ese es el gran problema: a esta población nadie la reclama”, dijo uno de los entrevistados.

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En un grupo focal con población afectada, se advirtió que el miedo a caer en los tentáculos de los grupos armados ha llevado a muchos menores de edad al suicidio.

“La amenaza del reclutamiento forzado genera un miedo profundo dentro de las familias, especialmente entre jóvenes, niños y niñas. En muchos casos, este temor los empuja al suicidio… Un síntoma claro del impacto psicosocial es el aumento de cortes y autolesiones en niñas, niños y adolescentes. Algo que los marca profundamente es tener que asistir a sus compañeros heridos, mutilados o asesinados por minas antipersonales”, citó el informe.

En la situación de la población migrante, el informe destaca que la mayoría sufre de discriminación y situaciones de abuso, principalmente en países donde un número significativo de personas refugiadas y migrantes intentan integrarse como Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. 

"El 38% de los hogares en destino que experimentaron algún abuso o violación de derechos señalaron haber sufrido estigmatización, prácticas discriminatorias o xenofobia, siendo este el abuso más reportado por las personas en destino". En Colombia esta cifra ronda el 37 %. 

Pero además, se han normalizado prácticas que explotan su situación irregular.

“En la zona fronteriza de Colombia hay que pagar para pasar. Después de las 8:00 p.m. ya no hay paso… Hace 15 días murió una adolescente por un embarazo de alto riesgo. El esposo no tenía cómo pagar el transporte y ella se demoró en su parto… se aguantó y amaneció muerta”, relató una persona entrevistada en La Guajira.

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En esta región, esta exclusión está acompañada de amenazas de desalojo y denuncias ante las autoridades contra quienes no tienen estatus migratorio.

El 18 % de los hogares afectados por desplazamiento interno, conflicto u otras situaciones de violencia, el 12 % de los hogares en lugares de destino y el 11 % de los hogares en tránsito reportaron haber experimentado al menos un incidente de violencia basada en género.

En Colombia, esta problemática se perpetúa apalancada por la desconfianza institucional.

“Actualmente, desconfían mucho de las instituciones, pues no hay confidencialidad en los casos de violencia contra las mujeres y muchas de las familias desconocen las rutas de protección, tanto de las instituciones como de la cooperación internacional. Esto hace que la vulneración de los derechos siga en aumento, y que la Unidad de Víctimas sea más negligente… El apoyo inmediato no existe, les están entregando las ayudas después de 2 o 3 meses”, dijo una de los informantes.

Redacción Justicia