‘Si hubiera voluntad de paz, la sentiríamos en los relatos de la gente’: Juliette de Rivero

Luego de cuatro años de misión en Colombia, la representante de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, se despide de un país en peores condiciones que el que la recibió. La ‘paz total’ no despega y no ve voluntad en los grupos armados que tienen sometidos a los territorios a todo tipo de vulneraciones. Reconoce los esfuerzos del gobierno Petro, pero dice que se quedan cortos para proteger a la ciudadanía que se encuentran a merced de los ilegales, incluso en lugares donde imperan las economías lícitas.

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He visto un país que trata de sembrar paz, pero todavía se enfrenta a mucha conflictividad y a la presencia de actores armados no estatales en los territorios que han desplegado un cierto poder, que se imponen sobre las comunidades y que a largo plazo, incluso en el inmediato, ponen en riesgo la gobernabilidad en Colombia. Y eso es algo preocupante. Desafortunadamente, después del 2016, cuando vimos que se desmovilizaron las Farc, el Estado no ocupó el espacio que ocupaba la guerrilla y la gente se quedó sola y desprotegida frente a la entrada de nuevos actores armados que ahora están tratando de controlar los territorios.

Creo que el riesgo de la ingobernabilidad de los territorios es muy grande para los derechos humanos y, en ese sentido, sí hemos visto una expansión de la presencia de actores armados no estatales desde mi llegada hasta ahora. Eso genera vulneraciones a los derechos humanos que son muy preocupantes, como el incremento del reclutamiento forzado de niños, como las afectaciones que sufren las y los defensores de derechos humanos y también el impacto económico sobre las economías campesinas, indígenas y afros por la presencia de actores armados que permanentemente las están extorsionando y amenazando en los territorios. Nos preocupa también que esa presencia de actores armados está afectando la biodiversidad colombiana. Por otra parte, es cierto que este gobierno tiene un compromiso muy fuerte con los derechos humanos y hemos tenido una apertura que antes no habíamos tenido para trabajar con el Ministerio de Defensa, con el del Interior, y que muestran un buen camino para Colombia.

Yo creo que es importante que exista ese diálogo con diferentes actores armados porque es importante que exista un espacio para exigirles el respeto de la población civil, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero el hecho de que se hayan abierto negociaciones no quiere decir que se puede descuidar la responsabilidad del Estado para llegar a esos territorios. Y ahí no hemos visto estrategias claras para hacer frente a esas situaciones. Entonces, una cosa es la ‘paz total’ y la negociación, pero otra cosa es la obligación del Estado de acompañar a las poblaciones cuando se encuentran en situaciones de vulneración de sus derechos. Cuando uno visita estos territorios, la gente se siente sola, las autoridades locales se sienten solas, matan a los líderes y la respuesta del Estado central es insuficiente para hacer frente a esa situación. Hay que fortalecer al Estado y el acompañamiento que se les da también a los procesos organizativos en los territorios.

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El propio Presidente había dicho que la ‘paz total’ tiene sentido si lleva a una mejora de la situación de la población y en general no hemos visto eso. A veces los grupos armados se han aprovechado de los ceses del fuego para crecer su presencia territorial y eso es algo preocupante. Nosotros en la ONU Derechos Humanos pensamos, como lo dijo también el Presidente, que estas estructuras son principalmente criminales en su naturaleza, y si hubiéramos visto una voluntad de paz lo estaríamos sintiendo en los relatos que recibimos de la gente. Lamentablemente, en muchas regiones lo que hemos visto más bien es un deterioro. En el Cauca, con el ataque a líderes espirituales, a defensoras y defensores de derechos humanos. En Arauca, por ejemplo, con el incremento del reclutamiento. Todo esto denota una falta de voluntad y de seriedad frente a los diálogos que les ha propuesto el Gobierno.

En el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos hemos visto una ligera mejora de la situación en los últimos dos años. Pero la situación es tan grave que no lo podemos celebrar porque todavía tenemos decenas de líderes asesinados en el país o amenazados. Yo creo que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, está fortaleciendo las garantías para estos defensores de derechos, pero el contexto violento no ha cambiado esencialmente. La situación de riesgo sigue existiendo y eso no se ha podido mejorar en general. Con el reclutamiento infantil nos preocupa mucho que sean víctimas particularmente de los pueblos indígenas. Esto tiene un impacto sobre el tejido social muy grave. Las comunidades sienten desesperanza frente a esta situación. En muchos casos la juventud tiene pocas oportunidades y el actor armado se impone como la única opción y se aprovecha de la vulnerabilidad de esa juventud y de esos niños en los territorios. Entonces es una situación triste porque deja a las poblaciones con mucho miedo. Las familias tienen miedo de denunciar por las represalias que sufren si lo hacen, y los niños que han llegado o que han sido reclutados y que tratan de escaparse de esta situación a veces han sido asesinados o sufren violencias múltiples en estas estructuras y pierden esa niñez que tenían.

Hemos alertado nuestra preocupación sobre este tema. Es el Estado el que es garante de los derechos humanos, y si las estructuras armadas no estatales lo suplantan, entonces se pierde gobernabilidad. Sabemos que el Presidente quiere transformar las economías ilegales en economías legales como una forma de hacer frente a la presencia de actores armados. Pero también hemos visto la presencia de actores armados en lugares donde hay economías legales, viviendo de la extorsión. Ellos viven extorsionando incluso a los más pobres de este país para enriquecerse.

Bueno, nosotros realmente no nos especializamos en eso, más bien tenemos, digamos, una mirada sobre cómo se ha implementado el Acuerdo de Paz de 2016 que planteaba la sustitución de cultivos. Y nos ha preocupado que a las comunidades que se comprometieron con la sustitución, y que lo hicieron con mucho riesgo hacia su seguridad porque significaba hacerles frente a actores armados que promovían esa economía, no se les cumplió con esos programas. Hay un retraso en la implementación de ese programa. Lo que sí saludamos es que este Gobierno tenga una política de drogas con un enfoque de derechos humanos. Es decir, se trata ya no de criminalizar al campesino que siembra la hoja o el cultivo de uso ilícito, sino que se pone el foco en las estructuras que se están beneficiando de todo el negocio.

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Lo más importante es que se implemente la política de desmantelamiento que fue decretada este año y que era un compromiso del Acuerdo de Paz. Eso implica una articulación entre el Gobierno y la Fiscalía para investigar todo lo que les permite a estas estructuras funcionar y enriquecerse de manera violenta. El desmantelamiento de estas estructuras es necesario para dejar respirar a los territorios y para que el Estado pueda garantizar los derechos humanos. Nosotros creemos que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene un alcance territorial muy amplio y ha demostrado que sí es posible para el Estado llegar a las comunidades más lejanas, caminar con la gente y protegerla. No obstante, necesitamos que las otras estructuras del Estado también tengan una presencia similar, que la Fiscalía y el Ministerio de Educación se vean fortalecidos en las regiones, y que las autoridades locales reciban más apoyo del Gobierno central para hacer frente a estas situaciones de precariedad que se viven actualmente por la inseguridad.

Destacamos todos los esfuerzos que se han realizado, desde la Comisión de la Verdad, que presentó su informe desde la perspectiva de las víctimas sobre lo que había ocurrido en Colombia durante el conflicto armado, y creemos que es importante implementar las recomendaciones que buscaban remediar las causas estructurales. También saludamos el trabajo de la JEP. Ha desarrollado actos importantes de reconocimiento de responsabilidad con un profundo sentido reparador. Creo que hay mucho interés en que la JEP pueda adelantar ya los juicios y finalizar las investigaciones, pero resaltamos la centralidad de las víctimas que han encontrado una escucha en estas instancias.

Felicitamos los esfuerzos para tener una acción estatal más contundente para buscar a las personas desaparecidas. Por ejemplo con la decisión del Congreso de reconocer la labor de mujeres buscadoras, quienes han sido víctimas de violaciones de sus derechos por tratar de encontrar a sus familiares. Esa ley reconoce la necesidad de protegerlas y de integrar su trabajo al trabajo del Estado en favor de la búsqueda.

Creo que uno de los principales problemas de este país es la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos o por actos violentos que impactan a las personas como la extorsión que estamos viendo en los territorios, el secuestro, el accionar de los actores armados no estatales y el homicidio de los y las defensoras. Realmente existe un nivel muy bajo de justicia. Lo vemos en el incumplimiento de sentencias históricas que se han adoptado en este país para proteger los derechos humanos, pero que no se llegan a implementar.

La Corte Constitucional identificó los pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio físico y cultural y todas las medidas especiales de protección que se les debería de dar a esos pueblos para protegerlos de situaciones de violencia y otras que vulneran su supervivencia. Esas medidas no las hemos visto. Al contrario, en muchos casos, como el del pueblo awá, están en una precariedad aún más grande por la existencia de actores armados. Entonces no hemos visto esas medidas especiales de protección.

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Lo más importante es seguir fortaleciendo a las defensoras y a los defensores de derechos humanos de este país porque son la riqueza más grande con la que se cuenta para hacer frente a estos retos. Y que más allá del gobierno de turno, debe acompañar la implementación del Acuerdo de Paz que realmente es una hoja de ruta importante para resolver las razones profundas del conflicto armado.

SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia